LA IMPUNIDAD NO PUEDE PREVALECER
A un año del inicio de las protestas, las víctimas no son el centro de las investigaciones
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El Ministerio Público debe garantizar que las investigaciones penales en curso sobre muertes y heridos en protestas no enfrenten obstáculos, sean rápidos e independientes, y deben incluir pruebas concretas contra los superiores que puedan tener responsabilidad.
Entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, miles de personas salieron a las calles a ejercer su derecho a la protesta pacífica. La policía y el ejército respondieron de manera ilegal y desproporcionada con balas, gases lacrimógenos, perdigones de goma y metal, provocando la muerte de 49 personas y cientos de heridos graves. La mayoría de las víctimas procedían de comunidades históricamente marginadas, incluidos pueblos indígenas y campesinos.
A un año de la represión estatal, las investigaciones contra los presuntos responsables son lentas, incompletas y alejadas de las víctimas, y ponen en riesgo el derecho de las víctimas a obtener verdad y justicia.
En Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca, así como en el resto del país, las víctimas de la represión estatal luchan para que se escuchen sus voces y continúan exigiendo verdad, justicia y reparación, y el respeto a su derecho a protestar, sin enfrentar estigmatización y discriminación por parte de las autoridades peruanas.
El Ministerio Público debe garantizar que las investigaciones penales en curso sobre muertes y heridos en protestas no enfrenten obstáculos, sean rápidos e independientes, y deben incluir pruebas concretas contra los superiores que puedan tener responsabilidad.
La impunidad no puede prevalecer.
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