Brasil: Congreso examina cambios jurídicos que son un ataque flagrante a los derechos humanos

  • Amnistía Internacional lanza una nueva campaña para defender los derechos humanos en Brasil

  • Se proponen cambios que reducen la protección jurídica de la infancia, las mujeres, las personas LGBTI y los pueblos indígenas

  • La campaña “Los derechos humanos no se venden” comienza con una acción pública de calle ante el Congreso Nacional el 31 de julio


Amnistía Internacional lanza hoy una nueva campaña para combatir una serie de cambios sometidos actualmente a debate en el Congreso y que reducen la protección jurídica de grupos marginados, imponen una prohibición total del aborto, ponen fin a la educación sexual y suavizan la legislación sobre licencia de armas de fuego.


“Los derechos humanos están siendo objeto de un ataque decisivo en Brasil, por lo que Amnistía Internacional ha decidido tomar la ofensiva”, ha señalado Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil.


“Esta agenda legislativa se está despachando a toda prisa en el Congreso con la cortina de humo de la actual crisis política y económica. Si se aprueba, pondrá en peligro la vida y los derechos de millones de personas, en especial de las que sufren ya discriminación y marginación.”


Retroceso en la protección jurídica de la infancia


Los cambios propuestos contienen legislación que adelanta la edad en que los menores pueden ser juzgados como adultos, violando de manera flagrante el derecho internacional de los derechos humanos, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que Brasil es Estado Parte. En la actualidad, toda persona menor de 18 años en el momento del presunto delito debe ser tratada de acuerdo con las normas de la justicia de menores.


“Si se juzga a menores como adultos y acaban en prisión, se les pondrá en una situación extremadamente vulnerable, en la que sus derechos humanos correrán aún más peligro. Las prisiones brasileñas adolecen de hacinamiento grave, y las condiciones de reclusión son terribles en todo el país”, ha explicado Jurema Werneck.


“Los menores son distintos de los adultos en su desarrollo físico y psicológico, y este hecho básico debe estar siempre en primer plano en todo proceso judicial de que puedan ser objeto.”


Amnistía Internacional pide al Congreso que rechace todas las enmiendas a la Constitución que permitan adelantar a menos de 18 años la edad a la que una persona puede ser juzgada como adulto.


Ataque contra la salud y los derechos sexuales y reproductivos


La salud y los derechos de las mujeres y las niñas se verán gravemente afectados por las reformas propuestas, con las que se pretende imponer la prohibición total del aborto, incluso cuando el embarazo es el resultado de una violación o pone en peligro la vida de la madre.


Además, el Congreso está examinando propuestas que eliminan por completo del plan de estudios de los centros de enseñanza primaria y secundaria la información sobre la salud sexual y reproductiva. Esta prohibición abarca la educación sobre identidad de género y orientación sexual, lo que menoscabará aún más los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). El año pasado, Brasil registró el mayor número de homicidios de personas transgénero del mundo, y las autoridades no han hecho lo suficiente para aplicar políticas con que detener estas muertes.


“Brasil tiene que decidir de qué lado está, si sigue la tendencia de los países de América que han decidido proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos o se suma al pequeño número de países que se valen de leyes severas y crueles para violar el derecho de las mujeres y las niñas a tomar libremente decisiones sobre su cuerpo, su salud y su vida”, ha añadido Jurema Werneck.


Relajación de la legislación sobre armas de fuego


Amnistía Internacional teme que algunas de las medidas propuestas, en especial la derogación de la Ley de Desarme, den lugar a un gran aumento de la disponibilidad de armas de fuego. Según cifras oficiales, en 2015 se registraron en Brasil casi 60.000 homicidios, más del 70% de ellos cometidos con armas de fuego.


“En un país con niveles de violencia con armas de fuego tan increíblemente altos, facilitar al posesión de estas armas es una auténtica temeridad. Las autoridades brasileñas tienen la obligación de reducir y prevenir la violencia con armas de fuego a fin de proteger la vida y no deben intentar que resulte más fácil cometer estos delitos”, ha afirmado Jurema Werneck.


Derecho a la tierra de indígenas y afrodescendientes


Los pueblos indígenas y las quilombolas (comunidades afrodescendientes) de Brasil podrían ver restringido su derecho a la tierra, pues las propuestas de cambio que el Congreso planea aprobar sobre demarcación y derechos de propiedad de las tierras ponen los intereses económicos por encima de los derechos de los pueblos indígenas y tribales garantizados por la Constitución y el derecho internacional.


Los defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan sobre asuntos relacionados con la tierra, el territorio y el medio ambiente llevan decenios sufriendo amenazas, persecución y homicidios en Brasil. En 2016 mataron al menos a 58 defensores y defensoras de los derechos humanos y dirigentes de comunidades rurales como consecuencia de conflictos sobre tierras, lo que supuso un considerable aumento con respecto a los 47 del año anterior. Las deficiencias de la implementación del Programa Nacional de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, entre ellas la falta de recursos suficientes, ha aumentado aún más los riesgos que corren estas personas.


Restricciones del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica


Las propuestas que se están considerando en el Congreso repercutirán de manera especial en el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica si se aprueban. Los cambios de la legislación antiterrorista contienen definiciones imprecisas y muy generales que podrían utilizarse arbitrariamente para procesar a cualquier persona que exprese sus opiniones públicamente o que se manifieste de manera pacífica en la calle.


“Manifestarse pacíficamente no es ningún delito, sino un derecho humano que las autoridades deben respetar y proteger”, ha señalado Jurema Werneck. “En vez de imponer una nueva y draconiana legislación, las autoridades deben centrarse en regular el uso policial de la fuerza en las manifestaciones, que es un problema recurrente y, a menudo, letal, en todo el país.”


Acción online contra estos ataques a los derechos humanos en Brasil


Amnistía Internacional hace un llamamiento global a movilizarse con urgencia y oponer resistencia a estos ataques contra los derechos humanos en Brasil. Se ha preparado para ello una petición que puede firmase en: https://anistia.org.br/


“Es hora de unirse para decir alto y claro al Congreso que no vamos a permitir ningún retroceso en la realización de los derechos humanos y recordarle su deber de garantizar los derechos humanos a todas las personas”, ha afirmado Jurema Werneck para concluir.

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