Como respuesta a la actual pandemia, las autoridades de América Latina están llevando a cabo operativos policiales que más allá de proteger a la población, atentan contra los derechos humanos de las personas más vulnerables. Amnistía Internacional ha visto un repunte de acciones represivas por parte de los gobiernos, como el uso excesivo de la fuerza, ya antes utilizado en otros contextos.
 
Frente a los hechos ocurridos en una discoteca de Los Olivos (norte de Lima), que dejó un saldo de 13 personas fallecidas, entre ellas, 12 mujeres, la Defensoría del Pueblo del Perú expresó la necesidad de investigar, en el más breve plazo, si el operativo realizado por la Policía Nacional cumplió con los protocolos de seguridad "tratándose de la intervención de decenas de personas en un local hacinado que contaba con una sola puerta de evacuación. Es obligación de las autoridades respetar, en todo momento, la seguridad e integridad de las personas intervenidas, aun si estas se encuentran infringiendo la ley".
 
Con el fin de profundizar en relación con las diferentes formas de represión y su impacto desproporcionado en las comunidades en situación de vulnerabilidad, Amnistía Internacional Perú te invita a la charla virtual interactiva: "Brutalidad policial y racismo: Derechos humanos en estado de emergencia".
 
Brutalidad policial y racismo: Derechos humanos en estado de emergencia
Domingo 13 de septiembre
5:00 p.m.
Panelistas:
Mariela Noles Cotito (Lima, Perú): Profesora del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico. Master en derecho por la Universidad de Pensilvania, Master en Estudios Latinoamericanos, y Master en Ciencia Política con especialización en Etnicidad en Países Andinos por la Universidad del Sur de Florida.
 
Winny Paez Mendoza (Cartagena, Colombia): Abogada feminista, mujer rural, cofundadora de la organización Taller al Patio, Fundadora de la colectiva de mujeres pescadoras LAS LORAS, activista de derechos LGBTIQ, y defensora de derechos humanos.

Modera: Alana Viera, activista afro peruana, de Amnistía Internacional Perú.

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En el Perú, los pueblos indígenas, han estado históricamente olvidados por el Estado, sin casi acceso a servicios como salud, agua y otros considerados esenciales. 


Ante la pandemia del COVID-19, es necesario que se respete el acceso a los territorios ancestrales y el aislamiento en el que muchos de ellos se encuentran de manera voluntaria, con el fin de protegerse de un posible contagio, pues la propagación del virus podría ser de alta letalidad para estos pueblos; todo ello, sin dejar de garantizar sus derechos a la salud y a la alimentación.


Por ello,  pedimos al Estado peruano:



  1. Garantizar una respuesta sanitaria integral e intercultural a los servicios de salud,  de manera efectiva con mecanismos de prevención y atención oportuna, desarrollada junto a las autoridades indígenas, considerando en todo momento sus derechos culturales. Para ello, el Estado peruano debe establecer protocolos de atención intercultural mediante el uso de lenguas originarias y el respeto por sus saberes y costumbres. También, se debe asegurar una red de protección y alerta temprana, mediante ríos y cuencas, para el traslado de los pacientes que lo requieran, a centros de salud oportunamente equipados para una atención de calidad.

  2. Garantizar  el derecho a la alimentación de los pueblos indígenas, en el marco de las acciones para evitar la propagación del COVID-19. Las autoridades y funcionarios deben brindar atención adecuada a sus necesidades de subsistencia, garantizando su soberanía alimentaria, sin poner en riesgo su salud. Dichas medidas, al igual que las de salud, deben estar acompañadas de un componente participativo y con enfoque de género, de tal manera que puedan ser coordinadas e implementadas de manera conjunta con las autoridades comunales y organizaciones indígenas, manteniendo con ello el respeto a la autonomía de los pueblos indígenas dentro de sus territorios.

  3. Las autoridades y las fuerzas del orden deben desarrollar protocolos interculturales para el ingreso a los territorios indígenas, respetando el aislamiento al que se han impuesto de manera voluntaria en sus comunidades, a fin de que no se propague el virus dentro de sus territorios.

  4. Es necesario garantizar la plena vigencia de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres indígenas, quienes son las principales cuidadoras dentro de los hogares, y víctimas de agresiones físicas, psicológicas y sexuales. Se deben difundir ampliamente, por medios de fácil acceso y en lenguas originarias, la información sobre cómo proceder en casos de violencia basada en género, y asegurar que se implemente un sistema de protección eficiente e intercultural.


La solidaridad con nuestros hermanos y hermanas indígenas es una causa que debe movernos a todos.

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