Amnistía Internacional llama la atención al Congreso de la República por dar un paso hacia atrás en la defensa de poblaciones en condición de vulnerabilidad. El día de ayer se votó para modificar el Decreto Legislativo 1323 que establecía como agravante de delitos la intolerancia y discriminación a personas por su orientación sexual e identidad de género, además de señalar agravantes para la lucha contra la violencia hacia la mujer.
“Con esta decisión del Congreso de la República se está negando la situación de violencia y desprotección que sufren las personas LGBTI por parte de la sociedad y agentes del Estado”, dijo Silvia Toledo Vallejos, responsable de Incidencia de Amnistía Internacional Perú.
Según Naciones Unidas, los Estados tienen la responsabilidad especial de adoptar medidas para prevenir los asesinatos motivados por el odio e intolerancia, las agresiones violentas y la tortura, así como también investigar esos delitos rápida y concienzudamente y de llevar a los responsables ante la justicia, así como promulgar leyes contra los delitos motivados por el odio a fin de disuadir la violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género.
Amnistía Internacional recuerda al Congreso de la República que esta medida impedirá el disfrute de un amplio rango de derechos, estigmatizaría a personas por su orientación sexual e identidad de género y alimentaría la discriminación y otros abusos en la comunidad, en las escuelas y en los hogares en contra de los derechos humanos de las personas LGBTI.