Las autoridades iraníes deben anular de inmediato la condena de muerte impuesta a Ahmadreza Djalali, residente sueco nacido en Irán y especialista en medicina de urgencias; así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

Médico y profesor universitario, Djalal había estudiado e impartido clases en Suecia, Italia y Bélgica. Desde su detención en abril de 2016, varias autoridades europeas han pedido su liberación.

Zeynab Taheri, abogada de Ahmadreza Djalali, entre otros, contó a Amnistía Internacional que Djalali había sido condenado a muerte por el cargo de “corrupción en la Tierra” (ifsad fil-arz) y al pago de una multa de 200.000 euros. La sentencia del tribunal, que fue mostrada a uno de los abogados, establece que Ahmadreza Djalali colaboró con el gobierno israelí y que éste lo ayudó posteriormente a obtener su permiso de residencia en Suecia.

“Ahmadreza Djalali fue condenado a muerte tras un juicio manifiestamente injusto que, una vez más, pone en evidencia no sólo el compromiso firme de las autoridades con el uso de la pena capital, sino también su desprecio absoluto del Estado de derecho”, ha señalado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia para Oriente Medio y Norte de África.

“En ningún momento se han presentado pruebas que demuestren que es algo más que un profesor universitario que ejerce pacíficamente su profesión. Si ha sido declarado culpable y condenado por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, incluso a través de su labor académica, las autoridades deben ponerlo en libertad de inmediato y sin condiciones y retirar todos los cargos en su contra.”

Ahmadreza Djalali fue detenido por funcionarios del Ministerio de Inteligencia en abril de 2016 y estuvo privado de libertad sin acceso a un abogado durante siete meses, tres de ellos en régimen de aislamiento. Aun después de ese periodo, cada abogado que elegía era rechazado por el tribunal.

En una grabación de audio publicada en YouTube el 22 de octubre, se oye decir a Ahmadreza Djalali que, mientras estaba en aislamiento, fue obligado en dos ocasiones a “confesar” ante una cámara de vídeo leyendo una declaración preparada por sus interrogadores. Afirma que fue sometido a una intensa presión, mediante tortura psicológica y amenazas de ejecutarlo y de detener a sus hijos, para que “confesara” que actuaba de espía para un “gobierno hostil”. En la grabación afirma que se han utilizado sus convicciones académicas para declararlo culpable y condenarlo a muerte. Asimismo niega las acusaciones contra él y afirma que han sido inventadas por los interrogadores del Ministerio de Inteligencia.

“En un momento en que las autoridades iraníes buscan activamente reforzar sus vínculos con la Unión Europea, es absurdo que utilicen la vinculación académica de Ahmadreza Djalali con un país europeo como ‘prueba’ contra él”, ha dicho Philip Luther.

La esposa de Ahmadreza Djalali, Vida Mehrannia, que vive en Suecia con sus dos hijos, ha contado a Amnistía Internacional que la salud física y mental de su esposo se ha deteriorado marcadamente desde que fue detenido. Añadió: “Pedimos su liberación porque no ha cometido ningún delito”.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente del delito del que se trate, de las características del delincuente y del sistema de ejecución utilizado por el Estado. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.