En respuesta a la resolución judicial de hoy, que bloquea la decisión unilateral del gobierno de Kenia de cerrar el campo de refugiados de Dadaab, Muthoni Wanyeki, directora regional de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos, ha manifestado:
“Hoy es un día histórico para más de un cuarto de millón de personas refugiadas que corrían peligro de ser devueltas a Somalia, donde se habrían enfrentado a un grave riesgo de sufrir abusos contra los derechos humanos. Esta resolución reafirma la obligación constitucional e internacional de Kenia de proteger a las personas que buscan seguridad frente al daño y la persecución.”
“El bloqueo del cierre inminente del campo de refugiados de Dadaab es un primer paso esencial para que se respeten y protejan los derechos de las personas refugiadas en Kenia. Ahora, Kenia y la comunidad internacional deben trabajar para encontrar soluciones alternativas para las personas refugiadas, incluidas opciones de integración local.”
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En su resolución, el juez JM Mativo manifestó que las órdenes del gobierno eran discriminatorias y constituían castigo colectivo. También describió esas órdenes como excesivas, arbitrarias y desproporcionadas.
La resolución del Tribunal Superior se ha producido como respuesta a una petición de dos organizaciones de derechos humanos de Kenia –la Comisión Nacional Keniana de Derechos Humanos y Kituo Cha Sheria, ambas respaldadas por Amnistía Internacional– que impugnaron la constitucionalidad de la directiva gubernamental que ordenaba cerrar Dadaab, el campo de refugiados más grande del mundo, y disolver el Departamento de Asuntos sobre Refugiados.
En principio estaba previsto que el campo se cerrara el 30 de noviembre de 2016, pero el gobierno anunció un aplazamiento de seis meses por “motivos humanitarios”.
El cierre de Dadaab habría dejado en la práctica a más de 260.000 personas refugiadas somalíes sin ningún lugar adonde ir. La mayoría de las personas que hablaron con Amnistía Internacional para un informe publicado en noviembre de 2016 acusaron a autoridades gubernamentales de Kenia de coaccionarlas para que regresaran a Somalia contra su voluntad.