Noticias
Oriente Medio y el Norte de África
El uso por el gobierno de Israel de armas fabricadas en Estados Unidos es una violación del derecho internacional y de las leyes estadounidenses
“Se han empleado armas suministradas por Estados Unidos al gobierno de Israel en violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y de un modo incompatible con la legislación y la política estadounidenses”, afirma Amnistía Internacional. La organización reclama la suspensión inmediata de las transferencias de armas al gobierno de Israel.
30 abril 2024
Venezuela: Sociedad civil y voces disidentes enfrentan una incesante escalada de persecución
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ante el aumento de detenciones arbitrarias en contra de personas defensoras de derechos humanos, activistas de oposición y la elaboración de leyes flagrantemente violatorias de derechos humanos.
16 abril 2024
Perú. Amnistía Internacional demanda dejar sin efecto normas que afecten el derecho de personas refugiadas y migrantes a protección internacional
El Decreto Legislativo N.º 1582, que modifica la Ley de Migraciones, y que incorpora un procedimiento administrativo sancionador especial para la expulsión de personas extranjeras, puede vulnerar el derecho de miles de personas con necesidad de protección internacional, que podrían ser expulsadas del país bajo un procedimiento express, de máximo 24 horas de duración, que atenta el debido proceso por tratarse de un plazo inadecuado para el ejercicio del derecho a la defensa o a interponer un recurso impugnatorio.
16 noviembre 2023
Ecuador: Las autoridades deben salvaguardar los derechos humanos ante la violencia preelectoral
En respuesta al asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, ocurrido el día de ayer, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:
"Amnistía Internacional está sumamente preocupada por la actual situación de violencia en Ecuador, el cual se enfrenta a un fuerte aumento en su tasa de homicidios, así como a una serie de asesinatos de personas candidatas a cargos públicos en las últimas semanas, que culminaron con el asesinato de Fernando Villavicencio anoche, aparentemente por motivos políticos. Las víctimas de la actual oleada de violencia política merecen verdad, justicia y reparación, y las autoridades deben tomar medidas céleres para investigar estos crímenes. Al mismo tiempo, el estado de excepción declarado en respuesta a estos sucesos no debe abrir la puerta a graves violaciones de los derechos humanos que podrían socavar la seguridad de toda la población de Ecuador."
En los últimos meses, Ecuador se ha enfrentado a una crisis de inseguridad, concentrada principalmente en las zonas costeras cercanas a las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas, y vinculada a actividades de la delincuencia organizada. El 3 de mayo, el presidente emitió un decreto que permitía el despliegue de fuerzas armadas en todo el territorio nacional "para reprimir la amenaza terrorista" en el país, sin poner ningún límite temporal a esta orden, contraviniendo las normas internacionales sobre el despliegue de fuerzas armadas para tareas de seguridad pública, que exigen que tales decisiones estén limitadas temporal y geográficamente. El 17 de mayo, el presidente disolvió por decreto la Asamblea Nacional y convocó a elecciones para el 20 de agosto. El estado de excepción declarado hoy en respuesta al asesinato de Villavicencio, con una duración de 60 días, es el último en una serie de decretos de excepción del presidente y suspende una serie de derechos, entre ellos el derecho a la libertad de reunión. Además, el decreto amplía el mandato de la policía y de las fuerzas armadas, permitiéndoles entrar en residencias y locales para realizar registros y confiscar bienes, y permite a las autoridades acceder a correspondencia.
En el contexto del estado de excepción y la suspensión de ciertos derechos, Amnistía Internacional recuerda a las autoridades ecuatorianas que ciertos derechos no deben ser nunca objeto de suspensión, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el principio de legalidad, es decir, la exigencia de que tanto la responsabilidad penal como el castigo se limiten a disposiciones claras y precisas de la ley, y el reconocimiento de la personalidad jurídica de todas las personas son derechos relevantes en relación con el reciente despliegue de fuerzas armadas en todo el país.
En el contexto actual, las más altas autoridades ecuatorianas deben hacer un llamado a todos los servidores públicos para que extremen la vigilancia de los estándares de derechos humanos, incluyendo los Principios de Siracusa sobre las disposiciones de limitación y derogación del PIDCP y los estándares interamericanos en la materia, a fin de evitar posibles arbitrariedades que puedan derivar en graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional.
Para más información o para agendar una entrevista, póngase en contacto con Duncan Tucker: duncan.tucker@amnesty.org, +52 55 4848 8266
10 agosto 2023
Amnistía Internacional advierte sobre graves amenazas a la libertad de prensa en Perú
Lima, 26 de agosto de 2022. Amnistía Internacional advierte sobre el incremento en el número de ataques contra periodistas en Perú, mientras el presidente Pedro Castillo ha hecho acusaciones estigmatizantes contra ellos, y proyectos de ley para criminalizar la labor periodística han sido presentados en el Congreso de la República.
Entre enero y abril de este año, la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú ha registrado 74 ataques a la prensa, un aumento con respecto a los 69 y 65 casos en el mismo periodo en 2021 y 2020, respectivamente. Agresiones físicas y verbales, intimidación judicial, criminalización, acoso y discursos estigmatizantes se encuentran entre las diversas formas de violencia hacia la prensa en Perú registradas por el gremio periodístico.
Aunado a ello, Amnistía Internacional expresa su preocupación por proyectos que pueden atentar contra la libertad de expresión en Perú. En particular, el Proyecto de Ley N° 2508-2021-PE, presentado el 5 de julio por el Presidente Pedro Castillo ante el Congreso, conocido como “Ley Mordaza”, propone establecer como delito la “difusión de información reservada en la investigación penal”, amenazando la libertad de expresión y el ejercicio de la prensa.
Sobre este proyecto, la Defensoría del Pueblo advirtió que “se criminaliza las fuentes periodísticas y se permite que mujeres y hombres de prensa sean investigadas/os en calidad de cómplices o instigadoras/es. Además, se observa con preocupación que el proyecto desconoce la protección reforzada que tienen las expresiones o informaciones sobre asuntos de interés público”.
Asimismo, el 19 de agosto se presentó en el Congreso de la República el Proyecto de Ley 2862/2022 que propone elevar la pena en casos de difamación hasta en cinco años, si el delito se comete por medio del libro, la prensa, redes sociales, sitios web u otro medio de comunicación social, lo cual resultaría en cárcel efectiva.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “si se consideran las consecuencias de las sanciones penales y el efecto inevitablemente inhibidor que tienen para la libertad de expresión, la penalización de cualquier tipo de expresión solo puede aplicarse en circunstancias excepcionales en las que exista una amenaza evidente y directa de violencia anárquica”.
Ya en 2019 Amnistía Internacional expresó su preocupación por el posible uso del derecho penal para inhibir la libertad de expresión en los procesos contra los periodistas Paola Ugaz y Pedro Salinas, a partir de querellas por difamación interpuestas por el arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren, en base a publicaciones vinculadas a sus investigaciones periodísticas sobre el Sodalicio de Vida Cristiana.
En tal sentido, Amnistía Internacional considera que los casos de difamación deben tratarse por la vía civil y que el uso del sistema penal con la finalidad o el efecto de impedir críticas legítimas o el desarrollo de investigaciones periodísticas viola el derecho a la libertad de expresión.
Por ello, la organización insta a las autoridades a rechazar normas contrarias a los estándares de derechos humanos sobre la libertad de expresión e información y a desistir del uso de leyes penales para hostigar o impedir la labor periodística. Asimismo, demanda garantizar la integridad personal y la libertad de expresión de periodistas y personas trabajadoras de la comunicación, desistiendo de narrativas estigmatizantes que incrementan la violencia hacia la prensa en Perú.
26 agosto 2022
AMNISTÍA INTERNACIONAL RECHAZA PROPUESTA DE EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS POR SER CONTRARIA A ESTÁNDARES DE DERECHOS HUMANOS
Amnistía Internacional rechaza el Proyecto de Ley que modifica el DL 1350 de Migraciones y el Código Penal, ampliando las causales para la expulsión de personas extranjeras, sin el debido proceso, vulnerando sus derechos fundamentales.
12 agosto 2022
EJECUTIVO DEBE RECHAZAR PL 904 POR REPRESENTAR UNA GRAVE AMENAZA A LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL
Amnistía Internacional rechaza la aprobación del proyecto de ley 904-2021, denominado “Proyecto de ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú”, pues representa una grave amenaza al derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir una educación basada en la igualdad, que garantice su derecho a la educación sexual integral.
06 mayo 2022
AMNISTÍA INTERNACIONAL: PROYECTO DE LEY PUEDE PERPETUAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PONE EN RIESGO DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL
Amnistía Internacional expresa su preocupación por el proyecto de ley 904-2021 denominado “Proyecto de ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú”, que avanza en el Congreso peruano y que busca emitir disposiciones para regular la elaboración de materiales y recursos educativos.
28 enero 2022
Las mujeres que nos faltan
Desde entrevistas realizadas con funcionarios de distintos sectores, especialistas y, sobre todo, a partir de los testimonios de familiares de mujeres desaparecidas entre 2016 y 2020 en Perú, como Nelly Cerna, María Isabel Márquez, Solsiret Rodríguez, Shirley Villanueva y Karin Alvarado, compartimos un conjunto de recomendaciones urgentes para que las autoridades enfrenten este grave problema.
14 septiembre 2021
ENFOQUES DE GÉNERO Y DD.HH. DEBEN ESTAR EXPLÍCITOS EN LEY QUE NORMA SECTOR EDUCACIÓN
En febrero, el Ejecutivo envió al Congreso de la República, para su debate y aprobación, el proyecto de Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, norma que determina y regula las competencias, funciones y estructura orgánica de ese sector.
15 marzo 2021
Amnistía Internacional demanda a las autoridades derogar Ley de Protección Policial y dar un mensaje de tolerancia cero a las violaciones de derechos humanos
La represión policial hacia las movilizaciones, registradas durante los últimos días en Lima, costó la vida de dos jóvenes, y dejó al menos 200 heridos, entre ellos 40 periodistas, según ha informado la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Estos hechos no pueden quedar impunes, y todas las denuncias de violaciones de derechos humanos, particularmente aquellas cometidas por la Policía Nacional del Perú, deben investigarse de manera exhaustiva, independiente e imparcial.
19 noviembre 2020
Estado debe derogar inmediatamente ley que envía un mensaje erróneo de impunidad frente a posibles abusos policiales en medio de emergencia COVID-19
El Estado peruano debe derogar la Ley de Protección Policial (Nº 31102) aprobada por el Congreso y publicada el sábado 28 de marzo, por violar el derecho internacional de los derechos humanos y dejar una puerta abierta a la impunidad y el uso excesivo de la fuerza por la Policía Nacional y las fuerzas armadas, dijo Amnistía Internacional hoy. Mientras esta Ley se mantenga en vigencia, la organización llama a las autoridades judiciales a no aplicarla por ser contraria a los derechos humanos.
30 marzo 2020
Las leyes contra el aborto son un atentado a nuestro derecho a vivir con dignidad y tomar decisiones sobre nuestros cuerpos
Por Jaime Todd-Gher, de Amnistía Internacional, y Uma Mishra-Newbery, de Women’s March Global
Cuando los gobiernos prohíben los abortos, no ayudan mucho a reducir realmente el número de embarazos interrumpidos. De hecho, a pesar de las leyes restrictivas, continúan practicándose más o menos la misma cantidad de abortos, según la Organización Mundial de la Salud. Pero cuando se niegan o limitan los servicios de aborto seguro, se recurre en su lugar al uso de perchas, medicinas elaboradas con hierbas tóxicas y personas sin la formación necesaria para practicar abortos, mientras que al personal médico capaz de prestar los debidos cuidados se lo criminaliza.
27 septiembre 2019