Ante la noticia del pedido de un indulto humanitario para Alberto Fujimori, Amnistía Internacional pide al gobierno tener en cuenta en su decisión el derecho a la justicia de las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos por las que el ex Presidente ha sido condenado.El Estado debe además, considerar las pruebas médicas que justificarían la necesidad de conceder un indulto humanitario a Alberto Fujimori.La concesión de un indulto a Alberto Fujimori, sin considerar cuidadosamente estos factores, sería una afrenta a las víctimas y sus familiares. Tal decisión podría ser interpretada, tanto por las víctimas como por el movimiento nacional e internacional de los derechos, así como por la comunidad internacional como un acto para anular su condena y protegerle de su responsabilidad penal.La condena de Alberto Fujimori demostró a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el Perú y a la comunidad internacional que el Perú estaba dispuesto a romper el ciclo de impunidad que se institucionalizó durante los 20 años de conflicto armado interno en el país (1980-2000). Este fallo histórico dio esperanza de verdad y justicia a decenas de milesde víctimas y familiares que fueron desaparecidas, asesinadas y torturadas durante esos 20 años.Al decidir si se le concede o no el indulto humanitario a Alberto Fujimori es imperante que se mande una señal clara de que el indulto humanitario a Alberto Fujimori no implica que se este borrando su convicción o anulando su pena, así como de que el Estado no tolerará violaciones a los derechos humanos y que de producirse los responsables serán llevados ante la justicia.

Información adicional

Los familiares de Alberto Fujimori anunciaron el 10 de octubre de 2012, que han presentado una solicitud de indulto por razones humanitarias a su favor.Amnistía Internacional no dispone de información sobre las pruebas médicas presentadas al Ejecutivo para justificar esta petición.El ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, fue investigado, juzgado y condenado a una pena de 25 años de prisión por la Sección Penal Especial de la Corte Suprema de Perú en abril de 2009. Fue declarado culpable de 25 asesinatos, 4 casos de lesiones físicas y mentales - ambos delitos constituyen crímenes contra la humanidad - y del secuestro a dos periodistas. Un panel de tres jueces determinó por unanimidad que estos crímenes fueron cometidos por los miembros de un grupo paramilitar, que eran subordinados de Fujimori, entre 1991 y 1992, cuando éste era jefe de Estado y por tanto tenía responsabilidad por esos crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Supremo confirmó esta sentencia en diciembre de 2009.