25 octubre 2017
Los ojos del mundo sobre Turquía cuando comienza “juicio espectáculo” de activistas de los derechos humanos

Los absurdos cargos de terrorismo formulados contra 11 defensores y defensoras de los derechos humanos, entre quienes figuran la directora y el presidente de Amnistía Internacional Turquía, son del todo insostenibles, ha manifestado Amnistía Internacional al inicio de los procedimientos judiciales contra ellos en Estambul y Esmirna.

Los cargos contra ellos –que comportan penas de hasta 15 años de prisión y figuran en dos actas de acusación formal que se verán en dos juicios distintos– son completamente infundados.

“Desde el momento de sus detenciones, es evidente que estos procesamientos se han decretado por motivos políticos, con objeto de silenciar las voces críticas dentro de Turquía”, ha señalado John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa.

“Sin ninguna base ni fundamento, las autoridades turcas han tratado en vano de encontrar argumentos jurídicos contra İdil, Taner y los otros nueve activistas de los derechos humanos. Más de tres meses ha estado el fiscal intentándolo sin llegar a nada. El juez no debería tardar más de media hora en desestimar la causa abierta contra ellos.”

Diez de los activistas, entre ellos İdil Eser, directora de Amnistía Internacional Turquía, fueron detenidos el 5 de julio, mientras que a Taner Kılıç, presidente de Amnistía Internacional Turquía, lo había detenido un mes antes. Están acusados de “pertenencia a una organización terrorista”.
Entre los cargos contra los 11 activistas figura la disparatada acusación de que determinadas actividades totalmente normales de protección de los derechos humanos constituyen ayuda a organizaciones terroristas. Entre ellas se cuentan pedir que se detenga la venta gas lacrimógeno, presentar una solicitud de subvención o hacer campaña por la liberación de profesores en huelga de hambre. Según el acta de acusación formal, İdil Eser tiene vínculos con tres organizaciones terroristas no relacionadas y opuestas, y algunas de las acusaciones contra ella se refieren a dos documentos de Amnistía Internacional que se publicaron antes incluso de que ingresara en la organización.

Como era de esperar, el fiscal no presenta nada con que demostrar su alegación de que el taller de Büyükada, donde se practicaron las detenciones, era una “reunión secreta para organizar un levantamiento como el de Gezi” o de que alguna de las personas acusadas estuviera haciendo algo ilícito. Amnistía Internacional ha realizado un detallado análisis del acta de acusación formal y examinado cada una de las acusaciones formuladas contra las 11 personas acusadas.

Además de en la vista contra las 11 que se inicia en Estambul hoy, Taner Kılıç comparecerá también en otra mañana en Esmirna por un cargo separado de “pertenencia a la Organización Terrorista Fethullah Gülen”.

Este cargo está basado en la acusación de que descargó y utilizó la aplicación de mensajería ByLock, empleada, se afirma, por el movimiento Gülen para comunicarse. Sin embargo, dos análisis periciales independientes del teléfono de Taner encargados por Amnistía Internacional han determinado que no hay rastro alguno de que Bylock haya estado instalado alguna vez en el aparato.

Los juicios se celebran en medio de una creciente presión internacional sobre Turquía para que deje en libertad a los defensores y defensoras de los derechos humanos. Se han celebrado manifestaciones en todo el mundo con ocasión de los 100 días de encarcelamiento de los 10 de Estambul y del cumpleaños de İdil Eser, y, esta semana, el secretario general del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland; el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y el presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Pier Antonio Panzeri, han pedido su liberación.


Se suman a una larga lista de gobiernos, instituciones y figuras políticas que han instado a que sean puestos en libertad y entre quienes figuran la Comisión Europea, el Departamento de Estado de Estados Unidos, funcionarios de la ONU, y Angela Merkel y el gobierno alemán,  así como los gobiernos de Austria, Irlanda y Bélgica.
“Estos dos juicios serán una prueba de fuego para el sistema de justicia turco y demostrarán si defender los derechos humanos se han convertido en delito en Turquía”, ha añadido John Dalhuisen.

“Si un relato de ficción distópica elaborado mediante acusaciones absurdas e infundadas puede subvertir la justicia, será un sombrío día para el sistema de justicia de Turquía y un augurio nefasto para el futuro de los derechos humanos en el país. Con los ojos del mundo puestos en estos tribunales de Estambul y Esmirna, ha llegado el momento de dejar en libertad sin condiciones a nuestros compañeros y compañeras, algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo.”

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