SeñorOTTO PÉREZ MOLINAPresidente de la República de GuatemalaCasa Presidencial6ª Avenida 4-41, Zona 1,Puerta del CentroCiudad de GuatemalaGuatemalaDe nuestra consideraciónNos dirigimos a usted para expresarle nuestra preocupación por la situación de la señora Yolanda Oquelí, una lideresa guatemalteca que hacía campaña contra la explotación minera, que fue atacada a balazos el 13 de junio en la localidad de San José del Golfo, departamento de Guatemala.Como es de público conocimiento, Yolanda Oquelí es dirigenta del Frente Norte del Área Metropolitana (FRENAM), organización que ha estado protestando contra los efectos negativos del un proyecto El Tambor en su comunidad. Nos preocupa que, a consecuencia de su actividad como defensora de los derechos humanos, Yolanda Oquelí había denunciado desde agosto del 2011 amenazas telefónicas, actos vandálicos con pintura contra su casa y amenazas de muerte- contra ella y contra otros activistas. La denuncia más reciente la había presentado en mayo. Precisamente ese mes, una delegación de Amnistía Internacional se reunió con ella.Los defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan sobre derechos económicos, sociales y culturales en Guatemala sufren frecuentes ataques a causa de su labor de protección de los derechos humanos. Los activistas que se centran en las industrias extractivas, como la minería, han sufrido agresiones físicas y acoso, tal como ha documentado Amnistía Internacional.En febrero de 2011, fueron atacados los manifestantes que protestaban contra la mina Marlin, en el noroeste de Guatemala. Uno de ellos, Aniceto López, fue llevado a la oficina del alcalde, donde, al parecer, fue golpeado y amenazado de muerte por protestar contra la mina.En julio de 2010, Deodora Hernández, activista que había estado protestando contra los efectos presuntamente negativos de la minería en el departamento de San Marcos, noroeste de Guatemala, recibió un disparo a quemarropa en su propia casa a manos de dos desconocidos, quedando gravemente herida. Había estado defendiendo abiertamente el derecho de su comunidad al agua, ante el temor de que las operaciones mineras locales hubieran afectado al suministro local de agua.El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas señaló, tras visitar Guatemala en junio de 2010, que había recibido denuncias de que, en numerosas ocasiones, el gobierno guatemalteco había concedido licencias para la explotación de recursos naturales en territorios indígenas sin realizar las consultas necesarias a los pueblos indígenas locales.En virtud de los instrumentos del derecho internacional, como la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (adoptada en 2007 con el voto a favor de Guatemala) o el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (ratificado por Guatemala en 1996), Guatemala tiene el deber de consultar a los pueblos indígenas respecto a los proyectos de inversión. Esto incluye los proyectos que implican la exploración o explotación de recursos naturales en sus territorios.Además, en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Guatemala es parte, los países deben garantizar el derecho de todas las personas y comunidades a participar en las decisiones que afectan a la realización de sus derechos humanos. Para que la participación sea significativa, las personas deben ser informadas con suficiente antelación del proceso pertinente de toma de decisiones, y deben recibir esa información de una manera y por una vía que respete plenamente los principios de accesibilidad de la información y ausencia de discriminación.Le pedimos que ordene una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre los disparos y las amenazas realizados contra Yolanda Oquelí, que los resultados sean difundidos y se lleve a los responsables ante la justicia.Le instamos a tomar también a tomar medidas inmediatas para brindar protección adecuada a Yolanda Oquelí y a su familia, y a los activistas que trabajan contra las violaciones de derechos humanos causadas por las operaciones mineras en la zona de San José del Golfo.Atentamente,