Derechos humanos en riesgo
No al retroceso institucional ni a la impunidad
3210 FIRMAS
Exigimos:
Al Congreso de la República, derogar todas las leyes contrarias al derecho internacional de los derechos humanos y que favorecen la impunidad, especialmente las leyes 32107, 32301, 32419, y 32735.
Al Poder Ejecutivo, garantizar el derecho a la protesta y adecuar los protocolos de uso de la fuerza a estándares internacionales y proteger la libertad de expresión y circulación de la información, incluyendo la artística, y garantizar condiciones seguras para el trabajo de periodistas y organizaciones de la sociedad civil.
Al Ministerio Público, investigar con debida diligencia, independencia y enfoque de derechos humanos, garantizando la identificación de responsabilidades en todos los niveles.
Al Poder Judicial, asegurar el acceso a la justicia oportuno e independiente, y aplicar los estándares internacionales, en particular respecto a la imprescriptibilidad de graves violaciones de derechos humanos y el respeto a las garantías del debido proceso, como el acceso al juez natural.
En Perú se vienen consolidando prácticas autoritarias que ponen en riesgo los derechos humanos, la memoria y garantías de no repetición.
No se trata de una decisión aislada, sino de un paquete de medidas que obstaculizan el acceso a la justicia, cierran el espacio cívico y debilitan el Estado de Derecho.
Leyes que amenazan la justicia, verdad y reparación de cientos de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos; leyes que buscan la prescripción de delitos, la amnistía de perpetradores y que sea la propia Policía y Fuerzas Armadas las que investiguen y juzguen a sí mismos. A lo que se suman las restricciones al trabajo de las organizaciones defensoras, como las limitaciones impuestas para ejercer la defensa con fondos de la cooperación internacional.
Son también actuaciones institucionales que afectan la independencia de quienes imparten justicia y buscan proteger derechos. En paralelo, prácticas de censura que afectan la libertad de expresión, incluyendo la creación artística, especialmente cuando se aborda la memoria, la protesta y busca la rendición de cuentas.
Estas medidas no afectan únicamente a un solo grupo de personas. Cuando un Estado dificulta el acceso a la justicia, limita el control sobre el poder y permite que las violaciones de derechos humanos – como las del conflicto armado 1980-2000, las muertes de Inti y Bryan en el 2020, la represión en las protestas de 2022-2023, o el asesinato de Trvko en el 2025 – permanezcan impunes. Por ello todas las personas estamos en riesgo de que estos hechos se repitan.
El Estado peruano tiene la obligación de asegurar el ejercicio de los derechos humanos, proteger el espacio cívico y, garantizar investigaciones independientes, juzgar y sancionar a los responsables y acceder a memoria, verdad y reparación.
Exigimos:
Al Congreso de la República, derogar todas las leyes contrarias al derecho internacional de los derechos humanos y que favorecen la impunidad, especialmente las leyes 32107, 32301, 32419, y 32735.
Al Poder Ejecutivo, garantizar el derecho a la protesta y adecuar los protocolos de uso de la fuerza a estándares internacionales y proteger la libertad de expresión y circulación de la información, incluyendo la artística, y garantizar condiciones seguras para el trabajo de periodistas y organizaciones de la sociedad civil.
Al Ministerio Público, investigar con debida diligencia, independencia y enfoque de derechos humanos, garantizando la identificación de responsabilidades en todos los niveles.
Al Poder Judicial, asegurar el acceso a la justicia oportuno e independiente, y aplicar los estándares internacionales, en particular respecto a la imprescriptibilidad de graves violaciones de derechos humanos y el respeto a las garantías del debido proceso, como el acceso al juez natural.