49 PERSONAS MUERTAS EN PROTESTAS
Manifestantes muertos y heridos en una violenta represión
PETICION CERRADA
Estimada Sra. presidenta Dina Boluarte,
Escribo para expresarle mi preocupación por la muerte de 18 personas durante las protestas en la ciudad de Juliaca, en la región de Puno, en Perú, el 9 de enero de 2023. También me preocupan las decenas de personas que resultaron heridas ese día.
Estas muertes se suman al alarmante número de víctimas mortales de al menos 49 personas desde el inicio de la crisis política en Perú, el 7 de diciembre de 2022, en el contexto de la represión de las protestas. El gobierno ha arremetido contra quienes han expresado su descontento con la crisis, desplegando a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas durante las protestas en todo el país y haciendo un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes.
Las normas internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza exigen que ésta sólo se emplee contra manifestantes cuando sea estrictamente necesario, de manera proporcional y con un fin legítimo, y que su uso se someta a un proceso de rendición de cuentas.
Le insto a que busque el diálogo y ponga fin de inmediato a toda forma de fuerza ilegítima por parte de las fuerzas de seguridad, incluido el cese efectivo de cualquier uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. También le insto a que utilice todos los recursos disponibles para salvaguardar la vida y la integridad de todas las personas heridas, proporcionando el apoyo necesario a las familias de los fallecidos, y a que colabore con las autoridades que investigan todas las denuncias de violaciones de derechos humanos en el contexto de la crisis actual de forma rápida, exhaustiva, independiente e imparcial.
Gracias a ustedes hemos reunido más de 204.783 firmas de todo el mundo.
Perú ha estado inmerso en una prolongada crisis política en los últimos años, que se agravó con el anuncio hecho por el entonces presidente Castillo sobre la disolución del Congreso de la República el 7 de diciembre de 2022.
El Tribunal Constitucional y el Congreso de la República rechazaron esta decisión, y Castillo fue detenido ese mismo día. La vicepresidenta, Dina Boluarte, fue rápidamente juramentada como presidenta, y las autoridades locales la reconocieron formalmente como la nueva presidenta.
Estos hechos desencadenaron una gran oleada de protestas en distintas regiones del país, que fueron reprimidas por las fuerzas armadas y la policía peruanas. En los primeros días de las protestas, decenas de personas resultaron heridas y al menos dos murieron. Además, periodistas locales denunciaron haber sido agredidos y despojados de sus equipos por la Policía Nacional.
El 16 de diciembre, dos días después de que el Estado peruano declarara el estado de emergencia ante la crisis política, el número de personas muertas había aumentado a 17.
Durante las fiestas navideñas, las protestas disminuyeron brevemente, pero con el comienzo del nuevo año, miles de personas han vuelto a salir a las calles en Perú y la represión estatal se ha agudizado.
El 9 de enero murieron al menos 18 personas y decenas resultaron heridas durante las protestas en la ciudad de Juliaca.
Desde el inicio de las protestas hasta la fecha, fuentes oficiales han informado de la muerte de al menos 40 personas en las regiones de Puno, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Junín, La Libertad y Arequipa. Cabe señalar que la mayoría de las víctimas pertenecen a comunidades rurales e históricamente marginadas del Perú.
Hemos expresado nuestra preocupación por el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y ha pedido que se garantice el acceso de las víctimas a la justicia y a reparaciones. El 12 de diciembre emitió un primer comunicado de prensa en el que condenaba la muerte de dos personas. Al día siguiente emitió una acción urgente en la que se pedía el cese inmediato de la violencia contra los manifestantes. El 16 de diciembre emitió un segundo comunicado exigiendo responsabilidades por la muerte de al menos 17 personas. Finalmente, el 10 de enero se emitió un tercer comunicado tras los eventos en Juliaca.
Recordamos a las autoridades que una protesta no pierde su carácter pacífico por actos esporádicos o comportamientos ilícitos de individuos. Por tanto, no debe mermarse el respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos de quienes se manifiestan pacíficamente.
Firma nuestra petición y exige que las fuerzas de seguridad del Estado prioricen una resolución pacífica de la situación y evite el uso de la fuerza de forma contraria a las normas internacionales.