Entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, miles de personas salieron a las calles a ejercer su derecho a la protesta pacífica. La policía y el ejército respondieron de manera ilegal y desproporcionada con balas, gases lacrimógenos, perdigones de goma y metal, provocando la muerte de 50 personas y miles de heridos. La mayoría de las víctimas procedían de comunidades históricamente marginadas, incluidos pueblos indígenas y campesinos.
A 18 meses de la represión estatal, Amnistía Internacional ha evidenciado la posible responsabilidad individual de altos mandos policiales, militares y políticos, entre ellos estarían involucradas ex ministros y la presidenta Boluarte como posible responsable por las acciones u omisiones cometidas.
La presidenta, por su alto mando, pudo cambiar la estrategia de represión pero no lo hizo, incluso cuando entre diciembre de 2022 y febrero del 2023 presidió 29 sesiones de consejos de ministros.
Se ha comprobado además que en el Ejército se dieron órdenes verbales a los soldados para el uso de armas letales en Ayacucho, pues existe el registro de que se usaron 1200 balas el dia 15 de diciembre del 2022, fecha en la que resultaron cientos de personas heridas y 10 fueron víctimas fatales.
Los planes de los altos mandos de la policía contra manifestantes civiles incluyeron en muchos casos el uso de fuerzas de élite de combate, especialmente entrenadas en armas de alta letalidad, lo cual es desproporcionado e ilegal, pues se trata del control de población civil que no portaban armas de fuego.
Por todo ello, pedimos:
- A la Fiscalía de la Nación para que se incluyan en todos los casos a altos mandos políticos, policiales y militares.
- A las fuerzas armadas y policiales, para que brinden toda la información para el esclarecimiento de la verdad y el establecimiento de responsabilidades, así como se realicen procesos administrativos sancionadores contra agentes estatales involucradas en la comisión de violaciones de derechos humanos.
- Al Congreso, para que las denuncias constitucionales contra la Presidenta y sus ex ministros sean examinados y valorados sin ninguna injerencia política, y con el único objetivo de que las investigaciones continúen.
La impunidad no puede prevalecer.
Firma nuestra petición.
