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El pasado 12 de marzo, el Congreso peruano aprobó modificaciones a la Ley 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Dichas modificaciones habilitan medidas que permiten un control indebido sobre las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en Perú que reciben financiamiento de cooperación internacional, abriendo la puerta a restricciones injustificadas, arbitrariedad y censura. Esto vulnera los derechos a la libertad de asociación y de expresión y representa un deterioro del espacio cívico en Perú. Llamamos a la Presidencia a no promulgar la ley

Las autoridades peruanas quieren acallar a la sociedad civil. El Congreso recientemente ha aprobado el dictamen que modifica la Ley 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).  Bajo el argumento de querer fortalecer el trabajo de la APCI, la ley atenta contra el espacio cívico, esencial para la participación ciudadana, la rendición de cuentas de las autoridades, y la justicia, incrementando el control indebido sobre el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y dejando la puerta abierta a restricciones arbitrarias, discrecionalidad y censura.

Las organizaciones de la sociedad civil actualmente rinden cuentas y están bajo procedimientos permanentes de supervisión y fiscalización. Pero, lo que pretende la ley que se ha aprobado, es que todas las acciones de las organizaciones de la sociedad civil, tengan que ser previamente aprobadas por el estado.

Entre otros puntos, esta ley puede atentar contra el acceso a la justicia de las víctimas de diferentes vulneraciones de derechos en Perú, como la represión estatal, la contaminación ambiental o la violencia machista, que en el pasado han logrado acceder a la justicia con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil. Esta ley alimenta la impunidad de las autoridades que violan los derechos humanos.

Por ello, instamos al Ejecutivo a:

• No promulgar y observar esta norma, por ser contraria a los derechos humanos.
• Respetar los tratados internacionales de derechos humanos de los que Perú es Estado Parte, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantizan el derecho a la libertad de asociación y de expresión, y el derecho a participar en los asuntos públicos. 

Suma tu voz para que esta ley no se promulgue ¡Defendamos la justicia y la libertad!