Exigimos al Estado peruano que:
En el Perú, a las personas LGBTIQ+ se les niega derechos y se les ataca con discursos de odio, mientras que las autoridades intentan silenciarlas. En los últimos años se ha dado una serie de retrocesos legales que contribuyen a institucionalizar la discriminación que enfrenta este grupo de personas en el país y refuerzan los estereotipos en su contra, exponiéndolas a más violencia.
En mayo de este año, se aprobó la ley N° 32331 que, bajo premisas de fortalecer el derecho a la indemnidad sexual de niñas, niños y adolescentes, restringe al acceso a servicios sanitarios de acuerdo con el sexo biológico, vinculando peligrosamente identidad de género con situaciones de peligro para menores de edad. Además, en el 2024, se publicó el Decreto Supremo 009-2024-SA que considera a la diversidad de género y la orientación sexual como trastornos mentales. Aunque luego se publicó una resolución donde se estableció que las personas trans no debían ser tratadas como si padecieran problemas de salud mental, el decreto sigue vigente.
A los retrocesos se le suma la falta de reconocimiento de derechos. El Perú aun no cuenta con una ley de identidad de género que permita a las personas trans obtener un DNI que las reconozca a través de un proceso administrativo. Tampoco se ha aprobado el matrimonio igualitario para las parejas del mismo sexo. Y la violencia y crímenes de odio persisten, sin que exista información clara de su dimensión y las problemáticas que enfrentan las personas LGBTIQ+ al denunciarla.
En un contexto marcado por los ataques y represión contra las personas LGBTIQ+, en el que de manera paralela se está atentando contra la libertad de expresión y la libertad de asociación de toda la sociedad civil, es más importante que nunca resistir, reflexionar sobre la diversidad y apoyar una sociedad más justa e inclusiva.
En el Perú, a las personas LGBTIQ+ se les niega derechos y se les ataca con discursos de odio, mientras que las autoridades intentan silenciarlas. En los últimos años se ha dado una serie de retrocesos legales que contribuyen a institucionalizar la discriminación que enfrenta este grupo de personas en el país y refuerzan los estereotipos en su contra, exponiéndolas a más violencia.
En mayo de este año, se aprobó la ley N° 32331 que, bajo premisas de fortalecer el derecho a la indemnidad sexual de niñas, niños y adolescentes, restringe al acceso a servicios sanitarios de acuerdo con el sexo biológico, vinculando peligrosamente identidad de género con situaciones de peligro para menores de edad. Además, en el 2024, se publicó el Decreto Supremo 009-2024-SA que considera a la diversidad de género y la orientación sexual como trastornos mentales. Aunque luego se publicó una resolución donde se estableció que las personas trans no debían ser tratadas como si padecieran problemas de salud mental, el decreto sigue vigente.
A los retrocesos se le suma la falta de reconocimiento de derechos. El Perú aun no cuenta con una ley de identidad de género que permita a las personas trans obtener un DNI que las reconozca a través de un proceso administrativo. Tampoco se ha aprobado el matrimonio igualitario para las parejas del mismo sexo. Y la violencia y crímenes de odio persisten, sin que exista información clara de su dimensión y las problemáticas que enfrentan las personas LGBTIQ+ al denunciarla.
En un contexto marcado por los ataques y represión contra las personas LGBTIQ+, en el que de manera paralela se está atentando contra la libertad de expresión y la libertad de asociación de toda la sociedad civil, es más importante que nunca resistir, reflexionar sobre la diversidad y apoyar una sociedad más justa e inclusiva.
Exigimos al Estado peruano que: