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En Perú más de 12 mil niñas y mujeres son víctimas de violación sexual cada año.  Muchas de ellas son forzadas a continuar embarazos producto de la violación, bajo amenaza de denuncia penal, debido a la criminalización del aborto por violación sexual. Esta situación constituye una grave violación de derechos humanos y ha sido señalada por organismos de Naciones Unidas como una forma de trato cruel, inhumano y degradante.

Forzar a una niña a ser madre es tortura, sin embargo, cada año, más de mil niñas de 14 años o menos se convierten en madres. Esto ocurre, en gran medida, por la falta de acceso efectivo al aborto terapéutico (riesgo para la salud o riesgo para la vida de la gestante), permitido por la ley peruana desde 1924, incluso en casos de embarazo infantil. El Estado peruano incumple así sus obligaciones internacionales, reiteradas por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Comité de los Derechos del Niño y la Corte IDH, que han establecido que negar el aborto en estos casos vulnera los derechos a la vida, la salud, la integridad personal y el interés superior de la niña. 

En 2024 se cumplieron 100 años del aborto terapéutico y poco hemos avanzado en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres, y de todas las personas con capacidad de gestar. Por el contrario, el contexto se ha vuelto más restrictivo. En los últimos años, se han promovido iniciativas legislativas y medidas regresivas que debilitan las políticas de igualdad de género y la protección de los derechos de las mujeres, en contradicción con el principio de no regresividad del derecho internacional de los derechos humanos.

A ello se suma la reciente eliminación de dos causales contenidas en la “Guía de Práctica Clínica: Procedimientos en Obstetricia y Perinatología” del Instituto Nacional Materno Perinatal, que permitían el acceso al aborto terapéutico por razones de salud mental, incluso en casos de violación sexual en niñas y adolescentes. Estas decisiones constituyen barreras para el acceso a un servicio esencial de salud y profundizan la vulneración de derechos de quienes se encuentran en mayor situación de riesgo y desigualdad. 

Mientras se siga criminalizando el aborto infantil y el aborto en casos de violación sexual, los derechos humanos de las niñas y mujeres siguen bajo ataque, condenándolas a una cadena de vulneraciones y a un círculo de violencia, discriminación y pobreza.

La normalización de la maternidad forzada y la revictimización de niñas violadas y obligadas a maternar, es una práctica que constituyen múltiples formas de violencia, promovidas o legitimadas actualmente por algunas autoridades del Estado. 

Por todo ello, pedimos al Congreso de la República:

• Impulsar y aprobar la modificación del Código Penal a fin de despenalizar la interrupción del embarazo cuando este sea consecuencia de una violación sexual, especialmente en los casos de niñas y adolescentes, en cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado peruano con el derecho a la vida digna. Garantizando el cumplimiento de la Observancia 36 del Comité de Derechos Humanos sobre el derecho a la vida (Caso Camila Vs Perú).
• Supervisar la actuación de las entidades competentes en la prevención de la maternidad forzada y en la atención y protección integral de niñas, adolescentes y mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Por tanto, tomar conocimiento sobre los procedimientos y mecanismos implementados para garantizar su acceso oportuno y no discriminatorio a los servicios de salud, evitar la revictimización y asegurar una atención adecuada y acorde con sus derechos.