En noviembre del 2020, en medio de masivas manifestaciones políticas que se produjeron en todo el país, Inti Sotelo de 22 años y Bryan Pintado de 24, fueron asesinados por ejercer su derecho a la protesta pacífica, junto a decenas de personas heridas, muchas de ellas de gravedad.   

Amnistía Internacional verificó que agentes policiales hicieron uso ilegal de la fuerza contra manifestantes pacíficos, en contra de estándares internacionales, lo que incluyó el uso de disparos de munición y gas lacrimógeno. Además de las muertes, decenas de personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad. 

En el 2022 el Congreso archivó la denuncia constitucional contra altos funcionarios como presuntos autores mediatos, que incluía a Manuel Merino, Ántero Flores y Gastón Rodríguez. En febrero de 2023 Inspectoria de la Policia absolvió a 11 efectivos policiales por infracciones administrativas, es decir que no serían culpables por incumplir sus funciones.

Pero las demás investigaciones contra efectivos policiales continúan y se espera que pronto se haga la acusación contra los responsables. Ya han pasado tres años desde que sucedieron los hechos.  

Estas violaciones a los derechos humanos no deben quedar impunes. Ninguna persona ha resultado condenada como responsable de actos de represión estatal en manifestaciones que han generado muertes y lesiones graves. Hasta ahora, la impunidad solo ha generado repetición.  

Por ello, pedimos a las autoridades:

• Se formalice la acusación fiscal contra todas las personas que podrían responsables por la muerte de Inti y Bryan, y las decenas de heridos, sin que haya más aplazamientos. Justicia que tarda no es justicia. 

• Se derogue la Ley de Protección Policial, que elimina el principio de proporcionalidad en casos de actuación de la fuerza pública. 
   
• Se garantice desde el Estado el ejercicio al derecho a la protesta pacífica, sin coacciones, sin amenazas y sin impunidad.  

La protesta es un derecho humano, protejamos la protesta.