En noviembre del 2020, en medio de masivas manifestaciones políticas que se produjeron en todo el país, Inti Sotelo de 22 años y Bryan Pintado de 24, fueron asesinados por ejercer su derecho a la protesta, junto a decenas de personas heridas, muchas de ellas de gravedad.
Dos años después, durante las protestas de 2022/2023, 50 personas murieron producto de la represión, y 1,400 fueron heridas, en diferentes ciudades del país. Amnistía Internacional concluyó que, al menos 25 de esas muertes, habrían sido ejecuciones extrajudiciales.
En estos eventos, Amnistía Internacional verificó que agentes de la policía hicieron uso ilegítimo, innecesario y desproporcional de la fuerza, causando lesiones y muerte contra manifestantes y transeúntes. A la fecha ninguna persona ha sido condenada por estos hechos, y las familias y víctimas siguen buscando justicia.
Hoy la historia vuelve a repetirse.
El 15 de octubre de 2025, Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, de 32 años, murió por el impacto de un proyectil de arma de fuego en el marco de nuevas movilizaciones en el país. De acuerdo a declaraciones del Comandante General de la Policía Nacional del Perú, el disparo fue realizado por un agente policial en funciones, vestido de civil.
Su muerte, y las decenas de heridos de esa noche, se suman a un preocupante patrón de uso ilegítimo de la fuerza por parte de agentes policiales ante el ejercicio del derecho a la protesta. Esto no puede continuar.
Estas violaciones a los derechos humanos no deben quedar impunes.
Por ello, pedimos a las autoridades:
- A la Fiscalía, llevar a cabo investigaciones céleres, exhaustivas e imparciales que permitan identificar y sancionar a los responsables, hasta el más alto nivel, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. El develamiento de la verdad en estos casos forma parte de la construcción de la memoria histórica sobre represión policial en el ejercicio del legítimo derecho a la protesta.
- A la Policía Nacional del Perú, el establecimiento de garantías efectivas de no repetición, a través de la revisión de sus protocolos y la investigación y sanción disciplinaria de quienes resulten responsables, asegurando la transparencia de dichos procedimientos en búsqueda del esclarecimiento de la verdad dentro de la institución.
- A la Policía Nacional del Perú, dejar, y prohibir, el uso de armas de fuego con munición real para el manejo y la dispersión de multitudes. Estas solo deben emplearse en contra de una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, y exclusivamente en contra de la persona que represente este riesgo, nunca de manera indiscriminada.
- Al Congreso, la derogación de la Ley de Protección Policial, Ley 31012, contraria a los estándares internacionales de uso de la fuerza pública en casos de manifestaciones sociales, de tal manera que se garanticen los derechos humanos en protestas pacíficas.
La impunidad solo genera repetición.
Protejamos la protesta.
