NO A LA IMPUNIDAD
No a la impunidad por represión estatal en los casos del 14N
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En noviembre del 2020, en medio de masivas manifestaciones políticas que se produjeron en todo el país, Inti Sotelo de 22 años y Bryan Pintado de 24, fueron asesinados por ejercer su derecho a la protesta pacífica, junto a decenas de personas heridas, muchas de ellas de gravedad.
Amnistía Internacional verificó que agentes policiales hicieron uso ilegal de la fuerza contra manifestantes pacíficos, en contra de estándares internacionales, lo que incluyó el uso de disparos de munición y gas lacrimógeno. Además de las muertes, decenas de personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad.
En el 2022 el Congreso archivó la denuncia constitucional contra altos funcionarios como presuntos autores mediatos, que incluía a Manuel Merino, Ántero Flores y Gastón Rodríguez. En febrero de 2023 Inspectoria de la Policia absolvió a 11 efectivos policiales por infracciones administrativas, es decir que no serían culpables por incumplir sus funciones.
Pero las demás investigaciones contra efectivos policiales continúan y se espera que pronto se haga la acusación contra los responsables. Ya han pasado tres años desde que sucedieron los hechos.
Estas violaciones a los derechos humanos no deben quedar impunes. Ninguna persona ha resultado condenada como responsable de actos de represión estatal en manifestaciones que han generado muertes y lesiones graves. Hasta ahora, la impunidad solo ha generado repetición.
Por ello, pedimos a las autoridades:
La protesta es un derecho humano, protejamos la protesta.
En noviembre del 2020, en medio de masivas manifestaciones políticas que se produjeron en todo el país, Inti Sotelo de 22 años y Bryan Pintado de 24, fueron asesinados por ejercer su derecho a la protesta pacífica, junto a decenas de personas heridas, muchas de ellas de gravedad.
Amnistía Internacional verificó que agentes policiales hicieron uso ilegal de la fuerza contra manifestantes pacíficos, en contra de estándares internacionales, lo que incluyó el uso de disparos de munición y gas lacrimógeno. Además de las muertes, decenas de personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad.
En el 2022 el Congreso archivó la denuncia constitucional contra altos funcionarios como presuntos autores mediatos, que incluía a Manuel Merino, Ántero Flores y Gastón Rodríguez. En febrero de 2023 Inspectoria de la Policia absolvió a 11 efectivos policiales por infracciones administrativas, es decir que no serían culpables por incumplir sus funciones.
Pero las demás investigaciones contra efectivos policiales continúan y se espera que pronto se haga la acusación contra los responsables. Ya han pasado tres años desde que sucedieron los hechos.
Estas violaciones a los derechos humanos no deben quedar impunes. Ninguna persona ha resultado condenada como responsable de actos de represión estatal en manifestaciones que han generado muertes y lesiones graves. Hasta ahora, la impunidad solo ha generado repetición.
Por ello, pedimos a las autoridades:
A la Fiscalía: Culminar con la etapa de investigación preparatoria, pues han pasado tres años desde la denuncia penal contra agentes estatales pertenecientes a la Policía Nacional, a fin que usen todos los recursos disponibles para esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de las protestas sociales y movilizaciones del 10 al 15 de noviembre del 2020. El develamiento de la verdad en estos casos forma parte de la construcción de la memoria histórica sobre represión policial en el ejercicio del legítimo derecho a la protesta.
A la Fiscalía: El proceso debe garantizar la participación de las familias. Para ello, en el caso de la muerte de Inti Sotelo Camargo, los padres deben ser considerados como parte civil, para que en las siguientes etapas procesales puedan tener participación.
Pedir al Ejecutivo el establecimiento de garantías de no repetición, haciendo que los procesos administrativos disciplinarios policiales dejen de ser archivados como en este caso, pues afianza la impunidad dentro de este sector y en el accionar de sus efectivos.
Pedir al Congreso la derogación de la Ley de Protección Policial, contraria a los estándares internacionales de uso de la fuerza pública en casos de manifestaciones sociales, de tal manera que se garanticen los derechos humanos en protestas pacíficas.
La protesta es un derecho humano, protejamos la protesta.