Debido a la grave crisis de derechos humanos en Venezuela, más de 1 millón y medio de personas venezolanas han llegado a Perú en busca de refugio y protección. Del total, 55% son mujeres y niñas, muchas de ellas han sido víctimas de múltiples formas de violencia de género, tanto en su tránsito hacia Perú como durante su asentamiento en nuestro país.
En 2022, Amnistía Internacional reportó que las mujeres y niñas venezolanas experimentan violencia y discriminación por su género y nacionalidad. Esto se agrava por su situación de irregularidad, ausencia de redes de soporte, y desconocimiento de la legislación. El Estado peruano presenta deficiencias internas al atender estos casos de violencia basada en género. Solo 2 de cada 10 mujeres extranjeras recurren a alguna institución para pedir ayuda ante alguna agresión.
Esta situación se agrava con los cambios normativos realizados a la Ley de Migraciones y su reglamento, como la vigencia del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), ya que no ofrece acceso a asistencia legal, exponiendo a las personas migrantes a deportaciones arbitrarias sin evaluar su situación individual o los riesgos que enfrentan al ser expulsadas.
El Decreto Supremo N°011-2024-IN, que obliga a los establecimientos de hospedaje a registrar y reportar documentos de viaje de las personas migrantes, bajo riesgo de sanciones, afecta gravemente a las personas que enfrentan dificultades extremas para obtener o renovar sus documentos de identidad, como las y los ciudadanos venezolanos.
Por ello, exigimos a las autoridades:
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Reabrir el sistema de refugio y simplificar los diferentes documentos y calidades migratorias.
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Implementar programas integrales de prevención, atención y protección para víctimas de VBG migrantes y refugiadas, en particular a mujeres en situaciones de vulnerabilidad.
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Garantizar la actuación articulada, protocolos de atención a víctimas migrantes, refugiadas y en tránsito.
Las mujeres venezolanas tienen derecho a ser protegidas y atendidas ante la violencia basada en género, y a no ser estigmatizadas. Esto incluye que nuestras autoridades, en todo nivel, se comprometan a asumir una respuesta integral a la problemática, evitando la propagación de mensajes con contenido discriminatorio.
