(Lima, 14 de noviembre de 2025). A cinco años de las muertes de los jóvenes Bryan Pintado e Inti Sotelo, víctimas de la represión estatal de las protestas en Lima, aun no hay responsables por estas muertes y el riesgo de impunidad sigue latente.

Recordamos que el 14 de noviembre de 2020, en el marco de un estallido social, miles de jóvenes salieron a las calles a protestar en diferentes regiones del Perú, principalmente en Lima. La respuesta represiva del Estado causó la muerte de dos jóvenes y dejó al menos 70 personas heridas.

Pese a algunos avances registrados en el proceso penal, que se encuentra actualmente en la etapa intermedia y comprende la acusación a 10 efectivos policiales por el delito de asesinato con alevosía y lesiones graves en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos, resulta preocupante que tras cinco años aún no se hayan determinado responsabilidades por estos hechos.

En este sentido, invocamos a las autoridades a garantizar un debido proceso sin dilaciones indebidas, que permita a las familias de ambos jóvenes y a las decenas de heridos, acceder a justicia, y a la vez, oriente otros casos de víctimas mortales de la represión estatal de los últimos años, contribuyendo a que no se normalice el uso desproporcionado y letal de la fuerza contra personas que ejercen su derecho a la protesta pacífica en el país.

Recordamos que, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, 50 personas, entre ellas siete menores de edad, murieron y más de 1 400 resultaron heridas en el contexto de la represión estatal en Puno, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, La Libertad, Junín, Cusco y Lima. Además, el 15 de octubre de este año, en el marco de la represión estatal de las movilizaciones sociales en Lima, Eduardo Ruiz Sanz murió por el impacto de un disparo de arma de fuego de un agente estatal, y una menor de edad fue impactada por una bomba lacrimógena.

“No se puede normalizar que una persona pierda la vida por salir a protestar o que las personas tengan miedo de ejercer sus derechos por temor a la fuerza estatal. Cuando pasan los años y las familias no acceden a justicia, el mensaje que se otorga es de impunidad y tolerancia al uso desproporcionado de la fuerza. Esperamos que este caso siga avanzando, asignando responsabilidades y marcando un precedente necesario e importante sobre el uso de la fuerza para otros casos pendientes”, sostuvo Vanessa Cuentas, Coordinadora de Incidencia de Amnistía Internacional Perú.

En el camino hacia las garantías de no repetición, es esencial que se respete y fortalezca el principio de rendición de cuentas sobre el uso de la fuerza pública por todos los agentes estatales. Por ello, reiteramos nuestro pedido a que se derogue la Ley de Protección Policial (Ley 31012), y que no se permita el avance de iniciativas legislativas que dejen espacio a la impunidad, o que vayan en contra del ejercicio del derecho a la protesta y libertad de expresión. 
El mensaje hacia graves violaciones de derechos humanos debe ser de tolerancia cero.