A cuatro años de las movilizaciones de noviembre del 2020, en Lima, aún no hay responsables por las muertes de los jóvenes Inti Sotelo (24) y Bryan Pintado (22), quienes fueron asesinados en el marco de la represión estatal de las protestas. Las investigaciones para encontrar a los responsables enfrentan obstáculos en diferentes niveles.

Amnistía Internacional verificó que, durante las manifestaciones de noviembre de 2020 en Lima, agentes policiales hicieron uso desproporcionado e innecesario de la fuerza, contraria a los estándares internacionales, dispararon municiones directamente contra el cuerpo, y golpearon y lanzaron gas lacrimógeno de manera indiscriminada contra manifestantes pacíficos, lo cual generó la muerte de dos jóvenes y dejó a cientos de personas heridas.

En 2022, el Congreso archivó la denuncia constitucional contra altos funcionarios del Estado, la cual incluía al expresidente Manuel Merino y a exfuncionarios de su Gobierno como presuntos autores mediatos, impidiendo que se siga investigando a autoridades que debían proteger la vida e integridad de quienes ejercían pacíficamente su derecho a la protesta en 2020.

En un episodio más reciente de graves violaciones de derechos humanos, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, 51 personas murieron, entre ellas un policía, en el contexto de la represión estatal de las protestas en Puno, Apurímac, Ayacucho, Cusco, La Libertad, Junín, Arequipa, y Lima, sin que hasta el momento haya justicia.

“Han pasado cuatro años de la muerte de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado y, nos preocupa que además de que aún no hay justicia, el uso indebido y desproporcionado de la fuerza pública en Perú contra manifestantes siga siendo una constante que vulnera los derechos humanos. Nadie debe morir por ejercer su derecho a la protesta”, sostuvo Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.

La organización insta a la Fiscalía a continuar con las investigaciones y culminar la etapa de investigación preliminar, apuntando a toda la cadena de mando y garantizando que el proceso tenga la plena participación de los familiares de las víctimas como parte civil del mismo.

Finalmente, ante el riesgo de impunidad en ambos casos, Amnistía Internacional insta al Ejecutivo y al Congreso a establecer garantías de no repetición, para lo cual es fundamental que se derogue la ley de protección policial, promulgada en marzo de 2020, por violar el derecho internacional de los derechos humanos y dejar una puerta abierta a la impunidad y el uso excesivo de la fuerza por la Policía Nacional y las fuerzas armadas. Además, a derogar cualquier otra norma que impida la rendición de cuentas.

“No puede normalizarse el uso desproporcionado de la fuerza y la ausencia de justicia en el país. Las familias de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, que no podrán ver más sus hijos, necesitan justicia y no impunidad”, señaló Marina Navarro.