(Lima, 10 de noviembre de 2021). A un año de las movilizaciones de noviembre de 2020, Amnistía Internacional demanda a las autoridades administrativas y judiciales de Perú, esclarecer, sin más dilaciones, las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de las protestas sociales. En ese sentido, insta al Congreso de la República a procesar, sin demoras, la denuncia constitucional contra los exfuncionarios implicados, y así facilitar la investigación judicial.
El 14 de noviembre de 2020, los agentes del orden, haciendo uso desproporcionado de la fuerza, ocasionaron la muerte de los jóvenes Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez en Lima, así como graves lesiones a numerosas personas que se manifestaron de manera pacífica entre el 10 y 14 de noviembre.
Diferentes organismos internacionales, entre ellos Amnistía Internacional, verificaron que durante las manifestaciones, agentes policiales hicieron uso de la fuerza de manera ilegal y contraria a los estándares internacionales, incluyendo disparos de municiones y gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos. Además, se presentaron investigaciones sobre las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante esos días, que determinan la responsabilidad de la fuerza pública. Sin embargo, a casi un año de estos trágicos hechos, aún no hay justicia, verdad y reparación para las víctimas.
Amnistía Internacional exige también al Estado peruano garantías de no repetición y cerrar la puerta al abuso e impunidad policial, derogando de manera inmediata la Ley de Protección Policial (Nº 31012), contraria a los estándares internacionales de uso de la fuerza pública. En esa línea, pide a las autoridades de justicia que mientras esta norma no sea derogada, no se aplique para ningún caso, incluyendo la violencia policial registrada en noviembre de 2020.
Foto de portada: Juan Pablo Azabache
Contacto con medios de comunicación: Cecilia niezen +51 989 180 327
Palabras clave
PROTESTAR PACÍFICAMENTE NO ES UN DELITO
EXIGE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTÍA DE NO REPETICIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN POLICIAL
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El uso desproporcionado e innecesario de la fuerza de los agentes del Estado ha ocasionado la violación de los derechos humanos de cientos de personas que salieron a protestar pacíficamente en las últimas semanas. Además de la muerte de Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez, cientos de personas fueron heridas y otras han denunciado detenciones arbitrarias, malos tratos, secuestro, violencia sexual y criminalización entre otros abusos reportados.
Exijamos verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición para las víctimas:
- El Estado peruano debe esclarecer todos los hechos y los responsables de las muertes, lesiones, detenciones arbitrarias, y cualquier otra violación de derechos humanos, que se ocasionaron producto de la violenta respuesta estatal a la protesta pacífica.
- Las autoridades deben investigar y procesar judicialmente a todos los responsables, sean mediatos o inmediatos, de los hechos violatorios a los derechos humanos, y se les sancione con una condena efectiva y proporcional al delito cometido.
- Todas las víctimas tienen derecho a que se les otorgue una compensación y otras medidas de restitución de derechos, que les permita resarcir de alguna manera el daño sufrido por los sucesos ocurridos.
- Se debe garantizar que dentro del Estado peruano se hagan efectivas todas las medidas necesarias para que estos hechos no vuelvan a suceder.
Hagamos que sea posible. ¡Únete!