Los Estados deben prohibir los productos de los asentamientos israelíes para ayudar a poner fin a medio siglo de violaciones de derechos humanos contra la población palestina

La comunidad internacional debe prohibir la importación de todos los bienes producidos en asentamientos ilegales israelíes y poner fin a unos beneficios de muchos millones de dólares que han fomentado la comisión de violaciones generalizadas de derechos humanos contra la población palestina, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

Con motivo del 50 aniversario de la ocupación israelí de Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza, la organización lanza una nueva campaña para pedir a los Estados de todo el mundo que prohíban la entrada en sus mercados de bienes producidos en los asentamientos y que impidan que sus empresas operen en los asentamientos o comercien con bienes producidos en ellos.

“Durante décadas, el mundo ha permanecido impasible mientras Israel destruía hogares de palestinos y expoliaba sus tierras y recursos naturales para obtener beneficios. Mientras que la economía palestina lleva 50 años paralizada como consecuencia de unas políticas abusivas, se ha desarrollado en los asentamientos una pujante actividad empresarial de muchos millones de dólares a costa de la represión sistemática de la población palestina”, ha manifestado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

“Cincuenta años después, la mera condena de la expansión de los asentamientos por Israel no es suficiente. Ya es hora de que los Estados adopten medidas internacionales concretas que pongan fin a la financiación de unos asentamientos que son en sí mismos una infracción manifiesta del derecho internacional y constituyen crímenes de guerra.”

Cada año se exportan internacionalmente productos de los asentamientos construidos por Israel en territorio palestino ocupado por valor de cientos de millones de dólares estadounidenses, a pesar de que la inmensa mayoría de los Estados han condenado oficialmente los asentamientos por ser ilegales en virtud del derecho internacional. Con los años, empresas israelíes e internacionales también han posibilitado y facilitado la construcción y expansión de los asentamientos.

La política israelí de asentar a civiles israelíes en territorio palestino ocupado ha dado lugar a una infinidad de violaciones de derechos humanos. Israel ha demolido decenas de miles de viviendas y propiedades palestinas y ha causado el desplazamiento forzado de cientos de miles de palestinos; muchas familias fueron expulsadas de sus casas y tierras con el fin de despejar la zona para la construcción de asentamientos. Al menos 100.000 hectáreas de terreno palestino han sido objeto de apropiación ilegal para uso exclusivo de los asentamientos.

Además, Israel ha asumido ilegalmente el control de los recursos naturales palestinos, como agua, terrenos de cultivo, canteras y minerales, y los ha desviado para beneficiar a las industrias de los asentamientos en la producción de productos agrícolas, materiales de construcción y bienes manufacturados que a menudo se exportan al extranjero. Al mismo tiempo, ha impuesto restricciones arbitrarias que privan a la población palestina de acceso al agua, la tierra y otros recursos que les son propios, además de su uso, y con ello ha limitado su progreso económico y vulnerado sus derechos económicos y sociales.

En toda Cisjordania se han desarrollado infraestructuras conexas a los asentamientos, incluidas carreteras “sólo para colonos”, que han dividido pueblos y localidades palestinas y limitado gravemente la capacidad de circular libremente de los palestinos. Además, Israel ha mantenido durante casi 10 años un bloqueo ilegal por tierra, mar y aire sobre la Franja de Gaza, dejando a dos millones de personas encerradas en una zona que abarca menos de la mitad de la superficie de la ciudad de Nueva York.

“Una de las tragedias de estos 50 años de incesantes violaciones relacionadas con la ocupación es que el mundo se ha acostumbrado a los niveles escandalosos de opresión y humillación que soporta la población palestina a diario en los territorios ocupados”, ha manifestado Salil Shetty.

“Pero, ¿cómo pueden seguir permitiendo los Estados que se respalde económicamente una política de asentamientos intrínsecamente cruel, discriminatoria y criminal que permite a los colonos israelíes vivir en tierras robadas, en casas con piscina y césped con riego automático, mientras las comunidades palestinas que viven a sus puertas son privadas de acceso a electricidad o agua potable en grado suficiente para cubrir sus necesidades básicas?”

Todos los Estados tienen la obligación inequívoca de garantizar que se respeta el derecho internacional humanitario y asimismo de no reconocer la situación ilegal resultante de la política israelí de asentamientos ni contribuir en modo alguno a su mantenimiento, sino al contrario, de emplear su influencia para poner fin a las violaciones de derechos humanos.

“Los Estados que siguen contribuyendo a la prosperidad de los asentamientos están infringiendo de forma manifiesta sus obligaciones internacionales y las propias políticas que se han comprometido a respetar. Con arreglo al derecho internacional, todo Estado tiene la obligación de garantizar que no reconoce situaciones o acciones ilegales con sus actos ni con los de sus nacionales, y que tampoco las apoya”, ha dicho Salil Shetty.

“Prohibiendo los productos de los asentamientos y adoptando leyes y normas que impidan a las empresas operar en los asentamientos israelíes, los gobiernos de todo el mundo tienen la oportunidad de obrar un cambio real en la vida de millones de palestinos que llevan soportando injusticia, indignidad y discriminación desde hace decenios.”

Múltiples resoluciones de la ONU aprobadas a lo largo de varias décadas han confirmado que los asentamientos israelíes violan el derecho internacional. La más reciente fue la resolución del Consejo de seguridad de la ONU aprobada en diciembre de 2016 que pedía a Israel el cese de todas las actividades de asentamiento en los Territorios Palestinos Ocupados. La resolución pedía asimismo a todos los Estados que establecieran una distinción, en todas sus relaciones, entre el Estado de Israel y los territorios ocupados desde 1967.

Pese a ello, Israel ha acelerado la expansión de los asentamientos y su apoyo a éstos en los últimos meses, anunciando planes para la construcción de miles de viviendas en asentamientos existentes y de varios miles más en dos nuevos asentamientos en territorio ocupado de Cisjordania.

“Israel ha dejado suficientemente claro que el mantenimiento y la expansión de los asentamientos se anteponen al respeto del derecho internacional. Es hora de que el mundo transmita el mensaje inequívoco de que ya no tolerará el flagrante desprecio del derecho internacional por parte de las autoridades israelíes”, ha afirmado Salil Shetty.

Desde que comenzó la ocupación en 1967, Israel ha consolidado su represivo régimen militar en los Territorios Palestinos Ocupados a través de miles de órdenes militares. Muchas de estas órdenes penalizan actividades pacíficas e imponen restricciones excesivas a la población palestina, trastornando su vida diaria.

También se ha recurrido a órdenes militares para encubrir violaciones generalizadas del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, entre ellas la apropiación masiva de bienes y recursos naturales, la demolición de hogares y comercios, la detención arbitraria y reclusión ilegal de cientos de miles de palestinos, y el castigo colectivo de millones de palestinos. Asimismo ha habido decenas de homicidios ilegítimos de palestinos a manos de las fuerzas israelíes a lo largo de los años.

“Es un verdadero escándalo que, desde que empezó la ocupación hace 50 años, ha habido impunidad prácticamente total para las violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos durante decenios en los Territorios Palestinos Ocupados”, ha manifestado Salil Shetty.

“El mundo ha sido testigo del precio terrible de 50 años de pasar por alto graves violaciones de derechos humanos y la expansión incesante de los asentamientos ilegales. Por eso es imprescindible que los Estados adopten medidas eficaces dirigidas a acabar con estas violaciones y a ofrecer resarcimiento por ellas.

“Deberían empezar imponiendo una prohibición internacional sobre los productos de los asentamientos y un embargo integral de armas sobre Israel y los grupos armados palestinos, y poner fin a la impunidad por los crímenes cometidos durante décadas a través de investigaciones genuinas de la Corte Penal Internacional, entre otras cosas. No se puede condenar a la población palestina a seguir soportando la opresión y la injusticia durante otro medio siglo.”