(Lima, 8 de marzo de 2022). En el Día Internacional de la Mujer, Amnistía Internacional pide a las autoridades peruanas una actuación decidida y oportuna para contrarrestar la erosión de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y detener iniciativas contrarias a la igualdad de género.
En un contexto global marcado por la pandemia de la Covid-19, en los dos últimos años se ha registrado un retroceso de los derechos de las mujeres en el mundo, con un incremento de la violencia de género en el ámbito familiar, una reducción de la presencia de las niñas en las escuelas, así como la precarización del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
En Perú, propuestas legislativas que van en contra de la lucha para eliminar la violencia de género desde una educación basada en el respeto, con educación sexual integral, así como discursos antiderechos, representan una amenaza para que todas las mujeres puedan ejercer sus vidas libres de violencias y en igualdad de oportunidades.
Sumado a ello, se observa una clara falta de decisión política para prevenir y combatir la violencia machista, lo cual se evidencia en las 147 mujeres que fueron víctimas de feminicidio en 2021, y en las 1 435 niñas menores de 14 años que se convirtieron en madres en nuestro país víctimas de la violencia sexual ese mismo año.
Los derechos de las niñas y mujeres siguen siendo vulnerados cada día en Perú, entre ellos los de las mujeres refugiadas y migrantes, que sin un soporte de atención al cual tienen derecho, enfrentan mayores obstáculos para denunciar la violencia de género, muchas veces por su estatus migratorio.
“Demandamos a las autoridades enfrentar la violencia machista desde la prevención, la educación sexual integral y la educación basada en la igualdad, pero también desde un Estado que proteja a todas las mujeres, sin importar su nacionalidad, acoja sus denuncias y no las sigan violentando desde la impunidad”, manifestó Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.
De hecho, la impunidad de los agresores y la desidia de las autoridades revictimiza y da un peligroso mensaje de tolerancia a la violencia machista. Las familias de mujeres desaparecidas en Perú viven cada día esa situación, y en muchos casos llevan, casi sin apoyo de las autoridades respectivas, los procesos de búsqueda de sus hijas, madres, hermanas. En 2021, 12 984 mujeres fueron reportadas como desaparecidas, cifra que va en aumento frente a las 11 828 mujeres reportadas en 2020.
“No vemos voluntad política para implementar un sistema de búsqueda con enfoque de género, que ataque la raíz de este problema. Instamos a las autoridades a fortalecer un marco normativo a favor de los derechos de todas las mujeres, incluidas refugiadas y migrantes, y no retroceder ni un paso, pues los derechos no se negocian, se garantizan”, dijo Sonia Paredes, directora de Incidencia de Amnistía Internacional Perú.
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En 2021, casi 13 mil mujeres fueron reportadas como desaparecidas en Perú, cifra que representa el 64% de todas las personas desaparecidas ese año. De ellas, se estima que el 61% son niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años.
Miles de familias buscan a sus hijas, esposas y hermanas desesperadamente y no logran ubicarlas.
La desaparición de niñas y mujeres es un tipo de violencia de género porque las afecta por el solo hecho de ser mujeres, y está conectada a otras violencias que enfrentan como el feminicidio, la trata con fines de explotación sexual y la violencia sexual. El 13% de los casos de feminicidio registrados en 2021 se inició con una denuncia por desaparición, según la Defensoría del Pueblo.
Para poder abordar esta situación Saludamos que entidades como el Ministerio Público hayan acogido las recomendaciones de nuestro informe Las Mujeres que Nos Faltan (2021) y que se sumen al pedido de un sistema de búsqueda de mujeres adecuado y célere para la búsqueda, así como la implementación de lineamientos fiscales de casos que inicien con la desaparición de mujeres, niños, niñas o adolescentes. Sin embargo, es necesario que instituciones públicas, como el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, incorporen protocolos de cumplimiento obligatorio para que las búsquedas sean eficientes, efectivas y oportunas.
Nos preocupa la falta de enfoque de género interseccional en la elaboración del perfil de las víctimas, pues el Registro Nacional de Personas Desaparecidas no cuenta con información estadística necesarias sobre género, edad, procedencia, nacionalidad, etc. Sin estos datos, no es posible construir una política adecuada que realmente combata la violencia de género.
La falta de un sistema especializado para la búsqueda de mujeres las sigue dejando en alto riesgo, pues las búsquedas siguen siendo infructuosas. No dejemos que el machismo y los prejuicios contra las mujeres generen retrasos en las investigaciones policiales y que no se activen oportunamente los mecanismos necesarios para encontrarlas lo antes posible, como son la geolocalización entre otras medidas de debida diligencia.
Por ello, demandamos a las autoridades peruanas:
- Reconocer la desaparición de mujeres como una forma de violencia de género.
- Contar con un sistema interinstitucional de búsqueda especializado para mujeres desaparecidas, que promueva la interoperabilidad de los sistemas de información que registran y dan seguimiento a los casos de violencia de género.
- La debida diligencia de la PNP y las empresa de comunicaciones para solicitar y activar de manera inmediata la geolocalización y ubicar su paradero.