Israel: La expulsión de solicitantes de asilo africanos es una dejación de responsabilidad cruel y desacertada
La política israelí de expulsar a solicitantes de asilo africanos a dos países africanos sin especificar supone renunciar a sus obligaciones para con las personas refugiadas y es un ejemplo de las despiadadas medidas políticas que fomentan la “crisis global de refugiados”; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional, mientras el Tribunal Supremo de Israel examina nuevas pruebas sobre la legalidad de esta política.
Al parecer, Israel ha llegado a acuerdos con dos países (se sobreentiende que esos dos países son Uganda y Ruanda). Las condiciones de los acuerdos son confidenciales.
Con arreglo al nuevo “procedimiento de expulsión a terceros países” del gobierno, que entró en funcionamiento en enero, quienes aceptan irse reciben 3.500 dólares estadounidenses y un billete para viajar a su país de origen o a un “tercer país” sin especificar. Quienes no aceptan se exponen a permanecer en detención por tiempo indefinido. El gobierno israelí aduce que el programa facilita la “salida voluntaria” de “infiltrados”.
“¿Cómo es posible que el gobierno israelí lo defina como una manera de expulsar ‘voluntariamente’ a personas solicitantes de asilo, cuando la alternativa es volver a la persecución o a la detención indefinida? No debería obligarse a nadie a tomar una decisión así”, ha afirmado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“Teniendo en cuenta la magnitud de la crisis mundial de refugiados, expulsar a los solicitantes de asilo eritreos y sudaneses, y hacerlo de forma ilegal, constituye una despiadada dejación de responsabilidad. Es un ejemplo de unas políticas mal concebidas que se han convertido en sello distintivo de unos procedimientos disfuncionales de asilo e inmigración.”
En virtud de la política de la Autoridad de Población, Inmigración y Fronteras israelí, los hombres eritreos y sudaneses “infiltrados” deben abandonar Israel antes del 4 de abril. El “procedimiento de expulsión a terceros países” se basa en la premisa de que las personas expulsadas nunca han solicitado asilo y viven de forma irregular en Israel, o han solicitado asilo pero su solicitud ha sido rechazada. Quienes presentaron su solicitud después del 1 de enero serán igualmente expulsados.
El gobierno israelí no ha facilitado detalles de los acuerdos, como cuáles son esos “terceros países”; acuerdos que Israel considera confidenciales y potencialmente dañinos para la reputación internacional del país. Ruanda y Uganda han negado la existencia de los acuerdos.
Israel presume de tener un producto interior bruto (PIB) entre los más altos del mundo, lo que lo convierte en uno de los países más ricos y prósperos de la región de Oriente Medio.
“El gobierno de Israel tiene la obligación de responder a la crisis global de refugiados como tantas otras naciones ricas han hecho: aceptando a personas solicitantes de asilo que necesitan desesperadamente un hogar. Es inconcebible que las autoridades israelíes intenten ahora delegar su responsabilidad en países con una mínima parte de su riqueza y recursos, y con una población refugiada mucho más numerosa”, ha afirmado Philip Luther.
El PIB per cápita de Israel es más de 50 veces el de Ruanda y más de 55 veces del de Uganda. Ruanda acoge al menos el triple de personas refugiadas que Israel, y la población refugiada de Uganda es más de 20 veces la de Israel.
Las expulsiones a Ruanda y Uganda por parte de Israel son ilegales
Los acuerdos entre Israel y los países africanos no especificados, con independencia de cuáles sean, son ilegales en virtud del derecho internacional dado que vulneran el principio de no devolución (non-refoulement), que es la prohibición de transferir a una persona a un lugar donde corra un peligro real de sufrir persecución y otras violaciones graves de derechos humanos, o donde no estaría protegida posteriormente frente a esa transferencia.
El Tribunal Supremo de Israel ha señalado con acierto que el carácter secreto de los acuerdos priva a los solicitantes de asilo de protección jurídica y de acceso a un recurso legal.
Además, muchas de las personas expulsadas en aplicación de esa política no tienen otra salida que continuar su viaje a través de Libia e intentar cruzar el Mediterráneo hasta Europa en peligrosas travesías.
“Esta política pone a los solicitantes de asilo en una situación sumamente vulnerable, ya que están expuestos a que los envíen de vuelta a su país de origen y no pueden exigir responsabilidades al gobierno de Israel ni al del tercer país”, ha manifestado Philip Luther.
“Hemos documentado varios casos de solicitantes de asilo expulsados de Israel a quienes prometieron permisos de residencia y trabajo en Uganda y Ruanda pero que al llegar al nuevo país se encontraron con que no había nada de eso para ellos.”
De hecho, no se proporcionó una condición regularizada a ninguno de los solicitantes de asilo expulsados a Ruanda y Uganda, posteriormente entrevistados por ONG, profesores universitarios y personal del ACNUR (la agencia de la ONU para los refugiados).
Ruanda y Uganda no sólo niegan la presencia en su territorio de solicitantes de asilo llegados de Israel, sino que además, diciendo que no existe un acuerdo con Israel, se niegan a reconocer cualquier obligación hacia ellos.
Israel da la espalda a personas refugiadas y solicitantes de asilo: estremecedores datos estadísticos
El índice de aceptación de solicitudes de asilo de eritreos y sudaneses por parte de Israel es muy bajo, inferior al 0,5%. De los 15.200 eritreos y sudaneses que presentaron solicitud entre 2013 y 2017, sólo 12 han sido reconocidos como refugiados.
En los últimos 10 años, Israel sólo ha reconocido la condición de persona refugiada al 0,1% de los solicitantes de asilo eritreos. En comparación, el porcentaje de eritreos reconocidos como refugiados en la UE en 2016 fue del 92,5%.
La razón principal de un índice tan bajo de reconocimiento de solicitantes de asilo eritreos es que Israel considera que los desertores del servicio militar eritreo no cumplen los requisitos para ser reconocidos como refugiados. Esto incumple las directrices de elegibilidad emitidas por el ACNUR.
En febrero de 2018, el Tribunal de Apelación de Israel concluyó que la interpretación que hacía el gobierno israelí de las necesidades de protección de los desertores del servicio militar eritreo era incompatible con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951. El 22 de marzo, la fiscal general adjunta, Dina Zilber, dio instrucciones a la Autoridad de Población, Inmigración y Fronteras para que volviera a examinar los casos de eritreos recluidos en la prisión de Saharonim cuya solicitud de asilo había sido rechazada.
“El gobierno israelí debe suspender de inmediato las expulsiones de solicitantes de asilo eritreos y sudaneses a Ruanda y Uganda, y permitir su acceso a un procedimiento de determinación de la condición de persona refugiada que sea justo y efectivo. Por su parte, los gobiernos de Ruanda y Uganda han de poner fin inmediatamente a toda cooperación con el gobierno israelí sobre este asunto”, ha afirmado Philip Luther.
“Las autoridades israelíes tienen que saber que el mundo está observando con indignación su desprecio manifiesto por la vida humana, la dignidad y la responsabilidad hacia la comunidad mundial en su conjunto.”