El fotoperiodista palestino Mustafa al-Kharouf se halla recluido arbitrariamente en la prisión de Givon, situada en Ramla, en el centro de Israel, desde el 22 de enero de 2019. Fue detenido tras rechazar el Ministerio del Interior israelí su solicitud de reunificación familiar con su esposa y su hija de corta edad y ordenar que fuera deportado de inmediato a Jordania. Vive en Jerusalén Oriental, sin condición jurídica reconocida, desde 1999. Está expuesto a ser deportado en cualquier momento. Trabaja para la agencia Anadolu y ha estado informando de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas israelíes en Jerusalén Oriental.

Aryeh Makhlouf Deri

Ministro del Interior / Minister of Interior Affairs

2 Kaplan Street

PO Box 6158

Kiryat Ben-Gurion

Jerusalem 91061, Israel

Fax: + 972 2 670 1628

Correo-e: sar@moin.gov.il

Señor Ministro:

El 22 de enero de 2019, el Ministerio del Interior de Israel ordenó la expulsión del fotoperiodista palestino Mustafa al-Kharouf a Jordania, tras rechazar una solicitud de reunificación familiar que había presentado. De 32 años y nacido en Argelia de padre palestino, Mustafa al-Kharouf vive en Jerusalén Oriental con su familia desde los 12 años. Está casado con Tamam al-Kharouf, residente en Jerusalén Oriental. Lleva más de 70 días recluido en la prisión de Givon, situada en Ramla, en el centro de Israel, y corre riesgo de deportación.

Es fotoperiodista de la agencia Anadolu y ha estado informando de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas israelíes. Amnistía Internacional teme que su detención arbitraria y la decisión de deportarlo tengan por objeto impedirle realizar su labor periodística. En cualquier caso, su deportación de Jerusalén Oriental supondría una infracción del IV Convenio de Ginebra, en el que Israel es Estado Parte desde 1951. Nos preocupa mucho que, si es enviado a Jordania, donde no tiene condición jurídica reconocida, permanezca allí como apátrida y separado de su familia. Como jerosolimitano palestino, tiene un documento de viaje jordano temporal, que no le confiere los derechos de residencia ni ciudadanía jordanas, sino, como mucho, derecho a una breve estancia en Jordania.

Lo insto, Señor Ministro, a garantizar que Mustafa al-Kharouf sale en libertad de la prisión de Givon y, de acuerdo con las obligaciones contraídas por Israel en virtud del IV Convenio de Ginebra, puede permanecer en condiciones de seguridad en su casa, concediéndole la residencia permanente en Jerusalén Oriental.

Atentamente,

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Mustafa al-Kharouf es un fotoperiodista de 32 años, de madre argelina y padre jerosolimitano palestino. Vive en el territorio ocupado de Jerusalén Oriental con su esposa, Tamam al-Kharouf, y su hija de 18 meses, Asia. Se mudó de Argelia a Jerusalén Oriental con su familia cuando tenía 12 años.

Poco después de regresar a Jerusalén Oriental, la familia presentó solicitudes de reunificación familiar a las autoridades israelíes con el fin de que les concedieran la condición jurídica necesaria para residir en la ciudad. Sin embargo, se les aplicó la condición de “centro de vida”, requisito que las autoridades israelíes imponen de manera discriminada a los jerosolimitanos palestinos desde 1988 y en virtud del cual deben probar que mantienen un “centro de vida” en la ciudad para proteger su condición jurídica. Tuvieron que esperar seis años para cumplir tal condición. Para entonces, Mustafa al-Kharouf había cumplido los 18 años, y su familia no podía presentar una solicitud de inscripción en el registro de menores ni de reunificación familiar en su nombre, lo que lo convertía en apátrida.

El joven inició entonces una batalla legal con el Ministerio del Interior israelí para que validarán su condición jurídica en Jerusalén Oriental, pero sin resultados positivos. Tiene un documento de viaje jordano temporal, que Jordania emite para los palestinos apátridas que viven en Jerusalén Oriental, y un visado de trabajo B/1, que le concedieron por razones humanitarias, pero válido sólo del 27 de octubre de 2014 al 1 de octubre de 2015. En diciembre de 2015 fue informado de que el comité del Ministerio del Interior que concede los visados por razones humanitarias estaba planteándose rechazar su solicitud de renovación del visado sobre la base de información secreta que había recibido de la Agencia de Seguridad israelí.

En junio de 2016 le respondieron que el Ministerio del Interior había rehusado renovarle el visado de trabajo B/1 por “razones de seguridad”. Su abogado, Adi Lustigman, de la organización israelí de derechos humanos Hamoked, cree que el rechazo del Ministerio se debe a su trabajo de fotoperiodista dedicado a documentar abusos cometidos por las autoridades israelíes en Jerusalén Oriental. En mayo de 2017, el abogado de Mustafa al-Kharouf interpuso un recurso contra la decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras una negociación, el Ministerio del Interior le permitió presentar una solicitud de reunificación familiar y quedarse en su casa, en Jerusalén Oriental, hasta que se tomara una decisión. Sin embargo, el 23 de diciembre de 2018 el Ministerio rechazó la solicitud. De acuerdo con su abogado, tal decisión estaba basada en la afirmación infundada de que Mustafa al-Kharouf es activista de Hamás —movimiento político palestino con brazo armado y prohibido por Israel— y participa en actividades ilegales.

El 21 de enero de 2019, el abogado presentó un recurso contra la decisión de rechazar la solicitud de reunificación familiar, pero unas horas después, aproximadamente a la una de la madrugada del 22 de enero, agentes de la policía e inspectores de inmigración israelíes irrumpieron en su casa y lo detuvieron en aplicación de una orden de deportación dictada contra él por el Ministerio del Interior. Desde entonces se encuentra recluido en la prisión de Givon, en el Naqab del sur de Israel. El 3 de abril, un tribunal de distrito israelí rechazó el recurso de apelación presentado en relación con la solicitud de reunificación familiar. Dictó una orden provisional para que no sea deportado y pueda llevar su caso ante el Tribunal Superior de Israel. Mustafa al-Kharouf tiene hasta el 5 de mayo para hacerlo o correrá riesgo inminente de deportación a Jordania.

Después de la guerra de 1967, Israel se anexionó ilegalmente Jerusalén Oriental. Tras la anexión procedió a elaborar un censo y decidió conceder la residencia permanente a los palestinos que vivían en las zonas ocupadas, aunque sólo si estaban presentes en el momento del censo. Desde entonces Israel ha retirado la residencia al menos a 14.600 palestinos de Jerusalén Oriental, según el Ministerio del Interior israelí.

De acuerdo con el derecho internacional, Jerusalén Oriental es parte integrante de los Territorios Palestinos Ocupados, por lo que su población palestina está protegida por el IV Convenio de Ginebra de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra. Las autoridades israelíes tienen prohibido trasladar o deportar a residentes palestinos de Jerusalén Oriental. La decisión de Israel de deportar a Mustafa al-Kharouf infringe de manera flagrante el artículo 49 del IV Convenio de Ginebra, que prohíbe la deportación de personas protegidas de un territorio ocupado. Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional “la deportación o el traslado [por la Potencia ocupante] de la totalidad o parte de la población del territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio” constituye un crimen de guerra.