Horas después de que los tanques salieran a las calles de El Cairo el 3 de julio de 2013 y de que se declarara el derrocamiento del presidente Mohamed Morsi, la UE aseguró con firmeza que exigiría responsabilidades a la nueva administración en relación con los “derechos y libertades fundamentales y el Estado de derecho”.
Cuatro años después, Egipto afronta una de las peores crisis de derechos humanos que ese país ha vivido en décadas. Sin embargo, a pesar de eso, el martes 25 de julio la UE tiene previsto mantener, por primera vez en varios años, conversaciones de alto nivel con Egipto en Bruselas.
Las reuniones anuales del Consejo de Asociación de la Unión Europea y Egipto, en las que se debate la cooperación entre ambas partes, se habían suspendido tras el levantamiento de 2011. Su reanudación la semana próxima es una señal alarmante de que la UE y sus Estados miembros están cada vez más dispuestos a hacer la vista gorda ante el desastre en el que está inmerso Egipto en materia de derechos humanos, en su afán por mejorar la cooperación sobre seguridad y control migratorio y por impulsar el comercio.
El avance de la UE hacia un fortalecimiento de su asociación con Egipto supone un cambio claro en su posición con respecto a ese país, que muchos Estados miembros consideran un aliado estratégico clave en una región aquejada por conflictos y crisis.
El informe de país publicado antes de la reunión reconocía la existencia de “desafíos sustanciales” en lo relativo al Estado de derecho, los derechos humanos, las libertades fundamentales y el espacio correspondiente a la sociedad civil, pero no mencionaba las violaciones de derechos humanos, como las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la impunidad generalizada de la que gozan las fuerzas de seguridad.
De hecho, está previsto que la reunión entre la UE y Egipto se celebre con violaciones masivas de los derechos humanos como telón de fondo. El encuentro va a tener lugar pese a que no hay un solo dirigente egipcio al que se hayan exigido responsabilidades por las muertes de hasta 900 personas en la dispersión de una sentada en la plaza de Rabaa al Adawiya, en El Cairo, en agosto de 2013. Va a tener lugar pese a que las autoridades egipcias hayan arrestado, enjuiciado y encarcelado a periodistas, activistas, trabajadores y trabajadoras, sindicalistas y otras personas, acusándolas de cargos excesivamente generales relativos a la “seguridad nacional”. También va a tener lugar pese al hecho de que las fuerzas de seguridad egipcias siguen cometiendo homicidios injustificables y sometiendo a desapariciones forzadas y torturas a menores de edad que a veces no superan los 14 años.
Es una ironía que en el informe la UE insista en que el “apoyo a la sociedad civil” sigue siendo prioritario, pero no explique cómo tiene previsto proteger a los activistas pacíficos de una represión sin precedentes (en la que decenas de defensores y defensoras de los derechos humanos han sido detenidos e interrogados o afrontan prohibiciones de viajar y congelaciones de bienes) o de una legislación draconiana sobre las ONG que amenaza con destruir a los grupos independientes de defensa de los derechos humanos.
La complicidad de Europa va más allá de su silencio. En agosto de 2013, tras la masacre de la plaza de Rabaa, el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE condenó el uso “desproporcionado” de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad egipcias y anunció que los Estados miembros habían acordado suspender las licencias de exportación a Egipto de cualquier arma que se pudiera emplear para la represión interna. Sin embargo, hoy en día casi la mitad de los Estados miembros de la UE siguen incumpliendo este acuerdo y suministran ese tipo de armas a las fuerzas de seguridad de Egipto.
No se engañen: corren malos tiempos para Egipto, y la postura suavizada de la UE constituye una victoria importante para quienes perpetran abusos contra los derechos humanos que allanará el camino a nuevas violaciones de esos derechos. La UE no puede permitirse dejar los derechos humanos en un segundo plano.
Ahora más que nunca, es crucial que sus líderes defiendan los derechos humanos y el Estado de derecho.
Esto es un llamamiento a los líderes de la UE que reiteradamente profesan su lealtad a los principios de derechos humanos e insisten en la importancia del Estado de derecho. Es un llamamiento a Italia, cuyo ciudadano Giulio Regeni fue secuestrado y torturado hasta la muerte en Egipto sin que haya perspectivas de que se haga justicia. Es un llamamiento a Irlanda, cuyo ciudadano Ibrahim Halawa lleva cuatro años consumiéndose en una prisión egipcia y está siendo sometido a un juicio masivo manifiestamente injusto. Es un llamamiento a todos los demás países de la UE que promueven los derechos humanos en Europa y fuera de esta.
Los líderes de los Estados miembros de la UE deben empezar por condenar públicamente la violación grave de los derechos humanos por parte del gobierno egipcio. Deben dejar muy claro a las autoridades egipcias que la protección de los derechos y las libertades fundamentales sigue siendo un valor central de esa asociación. Y deben adoptar medidas concretas para suspender el envío a Egipto de los tipos de armas que pueden facilitar las violaciones de derechos humanos, para dar una señal clara de que se debe controlar a las fuerzas de seguridad y llevar ante la justicia a quienes perpetran esas violaciones de derechos, y de que no se deben utilizar las medidas antiterroristas como excusa para justificar la represión de la sociedad civil y el encarcelamiento de defensores y defensoras de los derechos humanos.
La disposición obvia de la UE a difuminar su postura sobre los derechos humanos en Egipto a fin de reforzar la seguridad, el control migratorio y las relaciones comerciales podría poner en peligro su credibilidad y tener consecuencias de gran alcance para sus relaciones con otros países de la región. Lo que es más importante, ese cambio sería devastador para lo que queda de la sociedad civil en Egipto.
La reunión de la semana próxima supone un momento decisivo para la UE, que debe optar entre defender los derechos humanos o renunciar a sus principios por conveniencia política.