Perú: Se presiona a operadores de salud, se criminaliza a víctimas de violencia sexual y se debilita derecho al aborto terapéutico

En 2026 el Estado peruano siguió negando el derecho al aborto terapéutico a cientos de niñas, adolescentes y mujeres, quienes, a pesar de haber sufrido violencia sexual, fueron revictimizadas y forzadas a continuar embarazos, aun cuando sus vidas y salud estaban en riesgo. Entre las principales barreras para acceder a este derecho persisten prejuicios morales y religiosos, e incluso interpretaciones que no consideran de manera adecuada el impacto en la salud física y mental de las víctimas, ha señalado Amnistía Internacional en vísperas del Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que se conmemora el 28 de septiembre.  
  
Este año, además, se ha evidenciado la violencia institucionalizada, concretamente desde el Congreso. En febrero, la parlamentaria Jáuregui declaró que los fetos serían “la única víctima” en los casos de violación sexual, negando la dignidad y condición jurídica de las niñas forzadas a ser madres, y la especial protección que deberían recibir. Se hizo público que el refugio “Casa del Padre”, que ella fundó, presentó en eventos públicos y redes sociales a las niñas víctimas de violencia sexual que acogieron, junto a sus hijos e hijas, exponiendo su imagen, violando su intimidad y manteniendo un peligroso discurso que romantiza la violencia y el embarazo infantil.  
  
En agosto de este año, el diputado Christian Aranda Vásquez solicitó a un hospital de la ciudad de Abancay información médica de una usuaria del servicio de salud, vinculada a una solicitud de interrupción terapéutica del embarazo. Además del hostigamiento a los operadores de salud que deben garantizar, sin injerencias de ningún tipo, el derecho al aborto terapéutico —legal en el Perú desde hace 102 años—, el parlamentario expuso los datos de quien había solicitado el procedimiento, vulnerando sus derechos a la privacidad e inclusive salud, y el deber de confidencialidad. 
  
“Lo que vimos con Jáuregui y Aranda no son hechos aislados, se trata de un patrón: parlamentarios y parlamentarias que utilizan su investidura y plataforma para acceder a información sensible de niñas y mujeres, y las exponen para forzar réditos políticos, en lugar de protegerlas. Eso no es fiscalización ni cuidado de la vida: es una práctica autoritaria que vulnera derechos y convierte el cargo público en una herramienta de castigo contra las niñas y mujeres” señaló Jennie Dador, directora de Amnistía Internacional Perú. 
  
A las barreras mencionadas y a la criminalización del aborto en el Perú, que atribuye un carácter delictivo a quienes buscan la interrupción de un embarazo, se suman políticas de Estado que, en lugar de prevenir la violencia machista y proteger a las víctimas, aprueban leyes antiderechos, como la eliminación, este año, de los lineamientos de la educación sexual integral de la educación básica, herramienta fundamental para educar en igualdad y contribuir a prevenir el embarazo infantil. Se debilitó también la guía de procedimiento para el aborto terapéutico del Instituto Nacional Materno Perinatal, protocolo para hacer efectivo este derecho. 
  
Esta es la realidad a pesar de los alarmantes niveles de violencia contra niñas y mujeres. En el primer semestre de este año, 1 089 niñas de 14 años o menos se convirtieron en madres en Perú, producto de una violación sexual. Y de los 7 170 casos de violación sexual contra mujeres registrados en el mismo periodo, el 62% de las víctimas son menores de edad. La situación en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, es particularmente grave y muestra cómo la ausencia de políticas de prevención y protección obliga a niñas y adolescentes a vivir en círculos de violencia. La reciente visita del Mesecvi constató que la violencia en la que viven las niñas y adolescentes awajún y wampis, víctimas de violación sexual, constituye un problema estructural y persistente, que traspasa el ámbito escolar y ha generado altos indicadores de embarazo infantil e infecciones de transmisión sexual.

Ningún caso de violencia sexual debe terminar en una maternidad forzada. Otra historia es posible.

Amnistía Internacional se sumará a las movilizaciones en el marco del #28S en diferentes regiones del país para demandar al Estado peruano la despenalización del aborto en todos los casos de violación sexual, con especial atención a las niñas y adolescentes, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales y de su deber de garantizar los derechos a la vida digna, la salud y la integridad personal. Además, para reiterar su llamado a las autoridades de salud a garantizar que sus establecimientos y profesionales puedan cumplir con sus obligaciones, libres de coacción, garantizando los derechos de las usuarias.