El 20 de junio, unos defensores de los derechos humanos recibieron amenazas de muerte referidas a otros defensores y defensoras de los derechos humanos de Colombia. Los miembros de estas organizaciones corren peligro.El 20 de junio, a las 4:44 de la tarde, el equipo de comunicaciones de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, organización de derechos humanos que respalda a las comunidades civiles en las regiones en conflicto de Colombia, recibió un mensaje de texto SMS. Muchos de los miembros de esta organización han sido asesinados, torturados u obligados a huir de sus casas por las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares. El mismo 20 de junio, Ayda Quilcué, ex dirigente del Concejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), recibió una amenaza de muerte mediante SMS en su teléfono móvil. El mensaje mencionaba a otras organizaciones de derechos humanos y sindicatos, a los que acusaba de pertenecer a grupos guerrilleros y a los que amenazaba de muerte. En la página siguiente encontrarán información más detallada sobre estas organizaciones.La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha estado recibiendo protección del gobierno a causa de los peligros a los que se enfrenta por su trabajo de defensa de los derechos humanos. El teléfono que recibió el mensaje se utiliza en el contexto de su trabajo, y ha sido proporcionado por la Unidad de Protección Nacional del Ministerio del Interior (a la que pertenece oficialmente). La Comisión Intereclesial ha expresado formalmente su preocupación en varias ocasiones y ha solicitado reunirse con las autoridades pertinentes para hablar de la falta de aplicación adecuada y lo insuficiente de las medidas de protección asignadas.Esta amenaza de muerte contra la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha venido precedida de una serie de incidentes en los que sus miembros han sido intimidados, acosados, seguidos y vigilados por individuos desconocidos.

Actúa

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Información Adicional

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz hace campaña en favor de las comunidades civiles de las zonas de conflicto de Colombia cuyos miembros han sido asesinados, torturados u obligados a huir de sus casas por las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares. Muchas de estas comunidades han sido también blanco de los ataques de grupos guerrilleros.La Comisión Intereclesial ha estado respaldando la causa de las comunidades afrodescendientes e indígenas que viven en la zona de las cuencas de los ríos Curvaradó, Jiguamiandó y Cacarica, en el departamento del Chocó. Estas poblaciones han sufrido numerosas amenazas realizadas por fuerzas paramilitares que protegen poderosos intereses económicos. A lo largo del último año, las otras personas y organizaciones mencionadas más arriba, incluida Ayda Quilcué, han recibido reiteradas amenazas de muerte de fuerzas paramilitares a causa de su trabajo en favor de los derechos humanos de los miembros de sindicatos y comunidades afrodescendientes e indígenas en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca.La labor que la Comisión realiza defendiendo los derechos humanos de estas comunidades y sobre casos importantes de impunidad de altos mandos de las fuerzas armadas ha convertido a la organización en blanco de amenazas y ataques. A lo largo de los años ha sufrido numerosos ataques, tales como un asalto ilegal a sus oficinas, amenazas de muerte contra sus miembros, intentos de desaparición forzada, secuestros, intentos de homicidio, persecución judicial y campañas de difamación.Durante los 45 años de conflicto armado de Colombia, las fuerzas de seguridad y los paramilitares han calificado a menudo de colaboradores o simpatizantes de la guerrilla a los miembros de organizaciones de derechos humanos, sindicatos y otras organizaciones sociales. A consecuencia de ello, estos activistas se han convertido con frecuencia en víctimas de homicidios, amenazas o desapariciones forzadas. Los grupos guerrilleros también han amenazado o matado a defensores y defensoras de los derechos humanos a los que consideraban aliados del enemigo.Organizaciones amenazadas mediante SMS:Asociación para la Investigación y la Acción Social (NOMADESC), Asociación para el Desarrollo Social Integral (ECATE), Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y Central Unitaria de Trabajadores (CUT).