Unos 250 indígenas guaraní-kaiowá corren peligro de ser desalojados de las tierras ancestrales que ocuparon recientemente en la zona occidental central de Brasil. Si son desalojados, se verán obligados a vivir en condiciones precarias junto a una carretera.El 25 de noviembre de 2009, la comunidad guaraní-kaiowá de Kurussú Ambá reocupó una pequeña parte de sus tierras ancestrales en unas zonas de cultivo junto al Río Verde, en el municipio de Coronel Sapucaia, en la zona occidental central de Brasil. Hasta entonces, habían estado acampados junto a la carretera MS-289. El 10 de marzo, un juez local dictó una orden de desalojo. Los abogados que representan a la comunidad indígena presentaron una apelación contra la decisión ante el Tribunal Federal Regional, pero la apelación todavía no se ha estudiado. La comunidad guaraní-kaiowá de Kurussú Ambá podría ser desalojada en cualquier momento.La comunidad lleva cuatro años viviendo junto a la carretera, reocupando las tierras periódicamente. Durante este tiempo ha sido objeto de constantes amenazas y violencia. En 2007, durante otro desalojo tras una reocupación, la dirigente indígena Xulita Lopes murió por disparos de hombres armados; ese mismo año, otro dirigente indígena, Ortiz Lopes, murió también por disparos. En noviembre de 2009, la comunidad denunció las amenazas de hombres armados.Las condiciones de vida en el duro arcén de la carretera son extremadamente precarias, sin un suministro adecuado de alimentos, agua, saneamiento básico y atención médica. Desde 2007, tres niños han muerto de desnutrición en la comunidad.La tierras de cultivo que la comunidad de Kurussú Ambá ha ocupado ya deberían haber sido identificadas por las autoridades, como parte de un acuerdo alcanzado entre la fiscalía, el gobierno federal y los dirigentes indígenas en 2007. Sin embargo, una serie de recursos judiciales ha paralizado este proceso, poniendo a esta comunidad, y a muchas otras, en peligro de sufrir un desalojo violento y vivir en la miseria.ESCRIBAN INMEDIATAMENTE en portugués o en su propio idioma:

• pidiendo a las autoridades federales que apelen contra todas las órdenes de desalojo que ponen a los pueblos indígenas en peligro de sufrir violencia o vivir en la miseria;
• instando a las autoridades a investigar exhaustivamente todas las denuncias de amenazas contra la comunidad Kurussú Ambá, y a garantizar su seguridad;
• instando a las autoridades a cumplir con sus obligaciones en virtud del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio 169 de la OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Constitución de Brasil llevando a cabo todas las demarcaciones de tierras que deben ser devueltas a las comunidades indígenas.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 2 DE JUNIO DE 2010 A:Ministro Federal de JusticiaExmo. Sr. Tarso GenroEsplanada dos Ministérios,Bloco "T"70712-902 - Brasília/DF BrasilFax: + 55 61 3322 6817Tratamiento: Exmo. Sr. MinistroSecretario Federal de Derechos HumanosSecretaria Especial de Direitos HumanosExmo. Secretário Especial Sr. Paulo de Tarso VannuchiEsplanada dos Ministérios - Bloco "T" - 4º andar,70064-900 - Brasília/DF BrasilFax: + 55 61 3226 7980Tratamiento: Exmo. Sr. SecretárioY copia a:Conselho Indigenista Missionário, (CIMI - ONG local)CIMI Regional Mato Grosso do SulAv. Afonso Pena,1557 Sala 208 Bl.B79002-070 Campo Grande/MS BrasilINFORMACIÓN ADICIONALEl estado de Mato Grosso do Sul contiene algunas de las zonas indígenas más pequeñas, pobres y densamente pobladas de Brasil: bolsas rurales de pobreza rodeadas por grandes plantaciones de soja y caña de azúcar y por ranchos de ganado, plagadas de enfermedades y con unas condiciones de vida miserables. Unos 40.000 indígenas guaraní-kaiowá viven una existencia precaria, pues la descomposición social ha provocado elevados niveles de violencia, suicidio y desnutrición. Frustrados por la lentitud del proceso de demarcación de tierras, los indígenas guaraní-kaiowá han comenzado a reocupar tierras ancestrales, pero han sido víctimas de intimidaciones y desalojos violentos.En noviembre de 2007, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía Federal, la FUNAI (Fundação Nacional do Índio) y 23 dirigentes indígenas firmaron un acuerdo (Termo de Ajustamento de Conduta, TAC) por el que la FUNAI se comprometía a identificar para su entrega 36 tierras ancestrales guaraní-kaiowá, entre ellas las de Kurussú Ambá, para abril de 2010. El gobierno del estado y el grupo de presión de los propietarios de explotaciones agropecuarias se han opuesto al proceso, exagerando en los medios de comunicación la cantidad de tierras que podrían identificarse como indígenas e intentando reiteradamente bloquear el proceso por vía judicial. Actualmente, el Tribunal Regional Federal está estudiando más de 80 recursos sobre las tierras indígenas en Mato Grosso do Sul.La comunidad de Kurussú Ambá es una de las comunidades guaraní-kaiowá que han abandonado las saturadas reservas y han montado chozas junto a la carretera, cerca de sus tierras ancestrales. Han sido objeto de reiteradas amenazas por parte de hombres armados vinculados a hacendados locales. Cuatro miembros de la comunidad han recibido disparos y tres han muerto desde 2007. Las investigaciones han sido inadecuadas, y no se ha procesado a nadie por estos delitos. Niños y niñas pequeños, mujeres embarazadas y personas ancianas llevan años viviendo en alojamientos totalmente inadecuados, con mala asistencia médica y sin acceso a servicios básicos, incluida el agua. La comunidad ha denunciado reiteradamente su situación ante las autoridades locales y federales. La ausencia de medidas concretas ha dado lugar a varios intentos de reocupar sus tierras ancestrales.Los pueblos indígenas gozan de derechos específicos en virtud de las normas internacionales. Las dos normas clave a este respecto son el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio 169 de la OIT) y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 2007. Brasil fue uno de los primeros países en participar en el Grupo de Trabajo de la ONU que redactó la Declaración, y votó por su adopción, señalando que los pueblos indígenas en Brasil son cruciales para el desarrollo de la sociedad en todos los niveles, incluido el desarrollo de la vida espiritual y cultural para todas las personas.Juntos, el Convenio 169 y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas proporcionan un sólido marco normativo. Afirman el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras tradicionales, así como su derecho a dar su consentimiento libre, previo e informado respecto a los proyectos de desarrollo que puedan afectar a esas tierras.