Un hombre armado ha intimidado a una mujer (cuyo nombre conoce Amnistía Internacional) que ha trabajado con la activista de derechos humanos Ingrid Vergara, en la ciudad de Sincelejo, norte de Colombia. Las dos mujeres corren peligro, al igual que otros miembros de la organización para la que trabaja Ingrid Vergara.Dos hombres en una motocicleta siguieron a la mujer el 5 de febrero hacia las ocho y cuarto de la tarde, mientras ella viajaba en taxi motocicleta en Sincelejo, capital del departamento de Sucre. Cuando los hombres llegaron a la altura del taxi motocicleta, uno de ellos sacó un arma y apuntó con ella durante unos segundos a la mujer para, a continuación, marcharse.Ingrid Vergara es portavoz de la sección de Sucre del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). La mujer amenazada el 5 de febrero es una trabajadora social y simpatizante de MOVICE. Ella e Ingrid Vergara habían pasado la mayor parte del 4 y 5 de febrero juntas en unas reuniones, en las que hablaron con otros colegas y compañeros sobre la reciente actividad paramilitar en Sucre. El 4 de febrero, las dos mujeres y otros miembros de MOVICE habían entregado una carta al gobernador de Sucre en la que lo acusaban de tener vínculos con un grupo paramilitar.Ingrid Vergara ha sido objeto de reiterados actos de intimidación y amenazas de muerte en los últimos años. El 26 de octubre de 2009, unos desconocidos hicieron llegar a su hija, Cendy Torres, de 14 años, una amenaza de muerte dirigida a Ingrid. Anteriormente, el 2 de abril de 2008, unos hombres habían dicho a Cendy Torres que iban a matarla por lo que su madre estaba haciendo.ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:

• expresando preocupación por la seguridad de Ingrid Vergara y de las personas que han trabajado con ella en la sección de MOVICE en el departamento de Sucre, e instando a las autoridades a brindarles protección efectiva, de estricta conformidad con sus deseos;
• pidiendo a las autoridades que lleven a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre el acto de intimidación del 5 de febrero y sobre las amenazas de muerte anteriores dirigidas contra Ingrid Vergara, su hija, Cendy Torres, y sus colegas, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia;
• recordándoles que deben cumplir con su obligación respecto a la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos, conforme se establece en la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada en 1998;
• instándoles a emprender acciones inmediatas para desmantelar los grupos paramilitares, de acuerdo con los compromisos expresos del gobierno y con las recomendaciones formuladas por la ONU y otras organizaciones intergubernamentales.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 26 DE MARZO DE 2010 A:Sr. Fabio Valencia CossíoMinisterio del Interior y de JusticiaCarrera 9a. No. 14-10,Bogotá, ColombiaFax: +57 1 599 8013Tratamiento: Estimado Sr. MinistroDr. Guillermo Mendoza DiagoFiscal General de la Nación (e)Diagonal 22B (Av. Luis Carlos Galán No. 52-01) Bloque CPiso 4, Bogotá, ColombiaFax: +57 1 570 2000 (al escuchar el mensaje de bienvenida, marquen la extensión 2017)Tratamiento: Estimado Sr. Fiscal GeneralY copia a:Sr. Jaime BermúdezMinisterio de Relaciones ExterioresCalle 10 No 5-51, Palacio de San Carlos, Bogotá, ColombiaFax: +57 1 381 47 21Tratamiento: Estimado Sr. MinistroINFORMACIÓN ADICIONALIngrid Vergara y sus colegas de MOVICE han documentado y sacado a la luz numerosos casos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada a manos de grupos paramilitares en el departamento de Sucre. MOVICE es una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil que hacen campaña por la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del largo conflicto armado interno de Colombia.El gobierno colombiano ha proporcionado medidas de protección a Ingrid Vergara y Cendy Torres, pero Ingrid Vergara afirma que son inadecuadas. Las autoridades no han informado ni a Ingrid Vergara ni a sus colegas sobre progreso alguno en la investigación de las amenazas de muerte y actos de intimidación anteriores.Los defensores y defensoras de los derechos humanos colombianos y sus familias corren peligro constante de ser secuestrados o asesinados a causa de su trabajo. También se ha amenazado o matado a personas estrechamente relacionadas con investigaciones criminales destacadas sobre abusos contra los derechos humanos, entre ellas testigos, fiscales, abogados y jueces.En los últimos años se ha producido un preocupante aumento del uso de amenazas de muerte contra defensores y defensoras de los derechos humanos, atribuido principalmente a los grupos paramilitares. Pese a las afirmaciones del gobierno de que todos los paramilitares se desmovilizaron en un programa promovido por el gobierno que se inició en 2003, estos grupos siguen actuando -en ocasiones, en connivencia con las fuerzas de seguridad o con su consentimiento- y cometiendo violaciones graves de derechos humanos contra defensores y defensoras de los derechos humanos y otra población civil.