El 25 de julio, los habitantes de Al Sahaby, zona del centro de Asuán, Egipto, presentaron una queja ante la gobernación de Asuán por unos planes de demolición de sus hogares. Las 1.500 familias afectadas no han sido consultadas por las autoridades acerca de tal decisión, y las viviendas alternativas puestas a su disposición no son suficientes para cubrir sus necesidades ni tienen cerca escuelas y centros de salud. El 27 de junio, el gobernador de Asuán anunció un plan de "urbanización" de Asuán, en el que se calificaba Al Sahaby de "zona no segura", hecha de edificios provisionales, con riesgo para los habitantes y que se va a demoler. Dijo que se iban a ofrecer a los habitantes otras 320 viviendas. Estás son pisos muy pequeños de un sólo dormitorio, situados en Al Sadaqa Al Qadima, unos 30 km al sur de Asuán, con mal acceso a centros de salud y de enseñanza. Las personas cuyas casas se van a demoler consideran que estas viviendas son insuficientes e inadecuadas.La gobernación de Asuán no ha realizado verdaderas consultas con los habitantes de la zona ante de anunciar sus planes de demolición, y, hasta ahora, los habitantes no han recibido ningún aviso escrito, en el que se exponga la base legal de la decisión, por lo que no pueden impugnar ésta ante los tribunales. La semana pasada, el vicepresidente de la ciudad de Asuán visitó la zona y se reunió con grupos de vecinos, a los que informó de la decisión de "urbanizar" la zona y desalojarlos, pero no reveló cuándo iban a comenzar los desalojos. Según informes, comunicó a los habitantes que las autoridades iban a utilizar la fuerza para demoler la zona si oponían resistencia, y que quienes lo hicieran podrían ser encarcelados en virtud de órdenes de detención administrativa dictadas con arreglo a la legislación del estado de excepción. La gobernación ha hecho ya un recuento de las familias que viven en Al Sahaby, procedimiento que precede normalmente a los desalojos y reasentamientos.El 22 de julio, los habitantes de Al Sahaby, muchos de los cuales son empleados del Estado, formaron un comité para negociar con las autoridades y defender sus derechos. El 25 de julio se reunieron con el secretario del gobernador de Asuán y comunicaron su oposición a la demolición completa de la zona. Dijeron que apoyarían planes de urbanización alternativos, incluso para la ampliación de las carreteras. También pidieron mayor indemnización en caso de pérdida. El secretario confirmó que la mayor parte de Al Sahaby sería demolida, pero les dijo que transmitiría sus demandas al gobernador de Asuán.ESCRIBAN INMEDIATAMENTE en árabe, en inglés o en su propio idioma:

• Instando al gobernador de Asuán a que suspenda el desalojo de los habitantes de la zona de Al Sahaby y garantice que no se llevará a cabo sin establecer antes todas las salvaguardias necesarias contra los desalojos forzosos, entre ellas el aviso oficial y por escrito de la orden de desalojo a los habitantes.
• Pidiendo a las autoridades que realicen consultas verdaderas con los habitantes de Al Sahaby para examinar todas las alternativas posibles al desalojo, así como planes de urbanización de la zona.
• Pidiendo información sobre qué edificios ponen en peligro la vida de los habitantes de Al Sahaby.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, A:Gobernador de AsuánGovernor of AswanGeneral Staff Mostafa Al-SayedAbtal Al-Tarir streetAswan, EgiptoFax: +20972313333Correo-e: master@aswan.gov.eg o masteraswan@hotmail.comTratamiento: Dear Governor of Aswan / Señor GobernadorDirector ejecutivo del Centro de Urbanización de Asentamientos InformalesInformal Settlement Development Facility Executive DirectorAli El-Faramawy3 El-Mokhayam El-Dayem streetNasr city, Cairo, EgiptoFax: +20222634000Tratamiento: Dear Dr. Ali El-Farawamy / Dr. Ali El-FarawamyINFORMACIÓN COMPLEMENTARIAEl Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la ONU, define el desalojo forzoso como "el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos". Las normas internacionales de derechos humanos estipulan que sólo pueden llevarse a cabo desalojos como último recurso, una vez consideradas todas las demás opciones posibles y establecidas las debidas garantías jurídicas y de procedimiento, entre ellas una consulta verdadera con las personas afectadas, aviso previo adecuado y razonable, vivienda alternativa adecuada e indemnización por toda pérdida sufrida, salvaguardias sobre cómo se llevará a cabo el desalojo y acceso a recursos y procedimientos judiciales, incluido acceso a asistencia jurídica si es necesario. No se debe dejar a nadie sin hogar ni expuesto a sufrir otras violaciones de derechos humanos como consecuencia de un desalojo. Egipto está obligado por el derecho internacional, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, a abstenerse de llevar a cabo desalojos forzosos y a impedirlosEntre los habitantes de Al Sahaby hay empleados de la presa de Asuán, así como abogados, maestros y estudiantes universitarios. La zona está en el centro de Asuán. La población está conectada oficialmente a las redes de suministro de agua y saneamiento, así como a la de electricidad. La mayoría de los edificios son de ladrillo y cemento, y el resto de materiales provisionales. Parte de la zona de Al Sahaby está construida con autorización oficial y tiene distintas formas de tenencia de tierras. Creció de manera informal, por iniciativa de personas que reclamaban los terrenos desocupados y construían en ellos. Algunos de los habitantes afirman que los títulos de propiedad de la tierra son suyos, porque, antes de 1957, el Código Civil egipcio permitía que las personas que reclamaran terrenos desocupados adquirieran la propiedad de ellos tras ocuparlos durante 15 años. Algunos aseguran haber legalizado su reclamación o estar haciéndolo mediante el pago de un precio establecido por el terreno a la gobernación de Asuán. Sin embargo, no está claro que tales legalizaciones garanticen plena seguridad legal de tenencia y protección contra el desalojo.El 27 de junio de 2010, el gobernador de Asuán anunció que la oficina del primer ministro habían asignado 30 millones de libras egipcias (unos 5,26 millones de dólares estadounidenses) a la "urbanización del asentamiento informal de Al Sahaby" tras haber sido calificado por el Centro de Urbanización de Asentamientos Informales de "zona no segura", hecha de edificios provisionales con riesgo para los habitantes. Según informes, el gobernador dijo también que Al Sahaby está cerca de Al-Tabiyah, zona turística del centro de Asuán, y causa atascos de tráfico. La zona va a pintarse toda del mismo color para poner de relieve el carácter turístico de Asuán y su armonía urbana. En distintos puntos de entrada a Al Sahaby, la gobernación ha colgado mapas del plan de "urbanización", que indican que se va a demoler la zona para construir luego principalmente nuevas viviendas, servicios y carreteras, aparentemente con inversión privada. No hay información que indique que se vaya a dar a los terrenos un uso de interés público general, en cuyo caso la legislación egipcia prevé un conjunto de procedimientos de desposesión de terrenos, incluidos criterios para la calificación de proyectos como obras de "interés general" y un proceso de indemnización. Los habitantes han elevado peticiones al gobernador de Asuán, el presidente de la Ciudad de Asuán, el ayuntamiento y el jefe de la policía con la ayuda del Centro Jurídico Hisham Mubarak de Asuán, organización de derechos humanos que presta asistencia jurídica. En las peticiones se expresa oposición a la calificación de Al Sahaby como asentamiento informal, hecho de edificios provisionales, y se hace hincapié en que la mayoría de los edificios son en realidad de ladrillo y cemento. Los habitantes están de acuerdo en principio con la demolición de algunos edificios para ensanchar las carreteras y con el embellecimiento de los demás y la reconstrucción de los provisionales. Insisten en que tienen documentos de autorización para construir y que prueban su tenencia legal de los terrenos bien por propiedad o por legalización de su reclamación. Han anunciado que están dispuestos a acordar pagos para completar el proceso de legalización de los edificios restantes, conforme a lo dispuesto por el primer ministro.El Centro de Urbanización de Asentamientos Informales es un fondo que coordina las medidas adoptadas por el gobierno para ocuparse de los asentamientos informales y elaborar planes sobre ellos, dando prioridad a las "zonas no seguras". Se estableció en octubre de 2008, tras un desprendimiento de rocas ocurrido en Al Duwayqa, en El Cairo, y que mató al menos a 119 personas. El Centro ha determinado que hay 404 "zonas no seguras" en Egipto, con una población estimada de 850.000 personas. Diez de estas zonas están en la gobernación de Asuán. Amnistía Internacional teme que se estén elaborando planes para estas zonas sin realizar verdaderas consultas con los habitantes o comunidades afectados, lo que podría dar lugar a desalojos forzosos. Según el Centro, los planes para "zonas no seguras" sólo se están elaborando en consulta con las gobernaciones y los ayuntamientos locales.