Está previsto que Kenneth Mosley, de raza negra, de 51 años, sea ejecutado en Texas el 24 de septiembre. Ha pasado 12 años condenado a muerte por el asesinato de David Moore, un policía blanco.
Kenneth Mosley entró el 15 de febrero de 1997 en un banco de Garland, Texas, vestido con ropas voluminosas, poco adecuadas para el clima cálido. Su aspecto despertó las sospechas de una empleada, que lo reconoció como la persona que había robado el banco el mes anterior, y se llamó a la policía. El agente David Moore llegó al banco y se enfrentó a Mosley, que aguardaba en la cola. Se produjo una pelea, en la cual los dos hombres atravesaron un panel de cristal, y Moore resultó herido de muerte por un disparo. Mosley fue detenido allí mismo con una nota que decía: "Esto es un atraco, tengo un arma, pon el dinero en la bolsa". En el juicio, Kenneth Mosley dijo que había ido al banco para robar dinero con el que comprar drogas. Según declaró, no había tenido intención de matar al policía, y había discrepancias en las declaraciones de los testigos presenciales, incluso sobre el hecho de si el disparo parecía haber sido intencionado. Kenneth Mosley fue declarado culpable de asesinato punible con la pena capital. En la fase procesal de determinación de la culpa, la defensa sólo presentó dos testigos. El propio Mosley testificó, y fue sacado de la sala tras dirigir insultos muy gráficos a los miembros del jurado. Fue condenado a muerte.
Se han presentado a los tribunales de apelación pruebas y testimonios, de los que el jurado no tuvo conocimiento, en los que se describe la infancia de pobreza y abusos de Mosley en una familia de granjeros con muy pocos recursos económicos, su exposición a pesticidas tóxicos siendo niño, su posible daño cerebral, su depresión y su consumo de cocaína para automedicarse. Los tribunales de apelación han confirmado la condena de muerte de Kenneth Mosley, rechazando la alegación de que recibió una asistencia letrada inadecuada durante el juicio. La petición de indulto de Kenneth Mosley pide a la Junta de Indultos y Libertad Condicional que recomiende al gobernador Rick Perry la conmutación de su condena de muerte por cadena perpetua.
Texas sigue siendo responsable de una gran parte de las ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos. De las 1.173 personas ejecutadas en el país desde 1977, año en que se reanudaron las ejecuciones en Estados Unidos, 439 han sido ejecutadas en Texas. En lo que va de año se ha ejecutado en Estados Unidos a 37 personas, 16 de ellas en Texas. Texas ha llevado a cabo 200 ejecuciones desde que el gobernador Rick Perry ocupó su cargo en diciembre de 2000 (véase USA: Too much cruelty, too little clemency: Texas nears 200th execution under current governor, 30 de abril de 2009, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/057/2009/en)
ESCRIBE INMEDIATAMENTE, en inglés o en tu propio idioma, citando en tus llamamientos el número de recluso de Kenneth Mosley (999243):
- Expresando preocupación porque al jurado de Kenneth Mosley no se le presentó una imagen completa de la persona a la que condenaba, incluido su historial de pobreza y abusos, su posible discapacidad cerebral y su depresión;
- instando a la Junta a recomendar el indulto para Kenneth Mosley;
- pidiendo al gobernador Perry que acepte esa recomendación o, si la recomendación no se produce, a dictar una suspensión de la ejecución y pedir a la Junta que reconsidere su decisión;
- explicando que no trata de disculpar los delitos violentos ni restar importancia al sufrimiento que causa a las víctimas.
ENVÍA LLAMAMIENTOS ANTES DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 A: Presidenta de la Junta de Indultos y Libertad CondicionalRissie L. OwensPresiding Officer, Board of Pardons and Paroles, Executive Clemency Section 8610 Shoal Creek Boulevard, Austin, TX 78757, EE. UU.Fax: + 1 512 467 0945 Tratamiento: Dear Ms Owens / Estimada Sra. Owens
GobernadorGovernor Rick PerryOffice of the Governor, P.O. Box 12428Austin, Texas 78711-2428, EE. UU.Fax: + 1 512 463 1849 Tratamiento: Dear Governor / Sr. Gobernador
INFORMACIÓN ADICIONALLa familia de Kenneth Mosley vivió en varias granjas de Arkansas entre 1961 y 1971 (desde que él tenía 3 años hasta que tuvo 13), y la familia entera siguió trabajando como peones agrícolas hasta 1979. En una declaración jurada presentada a los tribunales de apelación en el caso de Kenneth Mosley, uno de sus hermanos recordó que la familia vivía en una pobreza extrema. También recordó la violencia de su padre hacia su madre: "Se ponía furioso por cualquier cosa, y golpeaba a mamá con las manos y los puños, y le daba patadas cuando ella estaba en el suelo". Los niños, según su declaración, tenían todos miedo de su padre: "Si uno de nosotros hacía algo malo, nuestro padre nos castigaba a todos. Nos golpeaba a todos por turnos. Una vez se puso tan violento, que yo y dos de mis hermanos nos escapamos de casa. No llegamos muy lejos; la policía nos encontró esa misma noche. Cuando volvimos a casa, nuestro padre nos dio latigazos".
El hermano recordó también que los niños jugaban con bidones y barriles de pesticida en las granjas, y que en los campos en los que trabajaban había residuos de pesticida. La madre de Kenneth Mosley y otro hermano mayor recordaron que tanto su casa como las cosechas eran rociados con pesticidas desde el aire.
Un psicólogo que examinó a Kenneth Mosley en el año 2000 concluyó que sufre una disfunción del lóbulo frontal. Otra psicóloga, que revisó ese diagnóstico, concluyó que las pruebas lo respaldaban, y que una disfunción cerebral de ese tipo ayudaría a explicar el escaso control de Kenneth Mosley sobre sus impulsos, sus problemas de atención y concentración, y su dificultad para inhibir el comportamiento inadecuado. En su declaración jurada, esta psicóloga afirmó que, para Kenneth Mosley, era "extremadamente difícil conformar su comportamiento a las normas sociales, especialmente en situaciones de estrés". Una tercera experta concluyó que Kenneth Mosley sufría "disfunción cerebral generalizada, así como daños específicos en áreas de ambos lados del cerebro". Esta experta manifestó que la "causa primera" de sus "déficits neurocognitivos" era "su prolongada y variada exposición a productos químicos tóxicos en una etapa vulnerable del desarrollo". En su declaración jurada, añadió que las investigaciones y conocimientos científicos actuales indican que una exposición así puede causar "graves daños a la salud, especialmente en lo que se refiere a daños neurológicos".
En la apelación también se han presentado pruebas de que Kenneth Mosley sufría una depresión grave y prolongada, que le había llevado a automedicarse con cocaína. Sin embargo, los tribunales de apelación han rechazado la alegación de que los abogados defensores del juicio de Mosley no investigaron adecuadamente ni presentaron pruebas y testimonios atenuantes para rebatir la petición de pena de muerte por parte de la fiscalía durante la fase de determinación de la pena. En un informe de apelación presentado recientemente ante la Corte Suprema de Estados Unidos, los abogados actuales de Mosley escribieron: "Los numerosos tratamientos que, como paciente hospitalizado, recibió Mosley para tratar sus problemas con el alcohol y las drogas demuestran que sufría una adicción debilitadora y problemas de depresión. Si su defensa [durante el juicio] hubiera seguido las pistas que revelaban estos informes médicos no obtenidos, habría sabido que gran parte de la conducta de Mosley estaba motivada por su deseo de automedicarse por su depresión severa. Además, Mosley sufre disfunción cerebral a causa de la exposición a productos químicos durante la infancia. Hay una multitud de pruebas y testimonios atenuantes que no se descubrieron y, por lo tanto, no se evaluaron para ser presentados en los procedimientos de determinación de la pena".
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, incondicionalmente. Al poner fin a la pena de muerte se abandona una política pública destructiva, divisiva, que distrae la atención de lo que realmente importa y que no es conforme con los valores generalmente aceptados. La pena capital no sólo entraña el peligro de cometer un error irreparable, sino que además es costosa, tanto para el erario público como en términos sociales y psicológicos. No se ha demostrado que tenga un efecto disuasorio especial. Tiende a aplicarse de forma discriminatoria, según razas y clases sociales. Niega la posibilidad de la reconciliación y la rehabilitación. Promueve respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en lugar de buscar explicaciones que puedan dar forma a estrategias positivas. Prolonga el sufrimiento de la familia de la víctima, y lo amplía a los seres queridos del condenado. Desvía recursos que podrían utilizarse para trabajar contra la delincuencia violenta y para ayudar a las personas afectadas por ella. En la actualidad, unos 139 países son abolicionistas en la ley o en la práctica.