Dos comunidades rurales indígenas han sido desalojadas por la fuerza de sus hogares en el municipio de Panzós, Guatemala. La policía quemó sus casas y destruyó muchas de sus pertenencias. Las autoridades no les han proporcionado un alojamiento alternativo.

Unos 80 miembros de las comunidades indígenas mayas qeqchí de Bella Flor y 8 de Agosto, vecinas una de otra, en una zona rural del municipio de Panzós, departamento de Alta Verapaz, fueron desalojadas por la fuerza el 2 de septiembre. Algunas de las familias de la comunidad de Bella Flor se han refugiado en casas vacías en otra comunidad cercana. La comunidad 8 de Agosto fue desalojada y estuvo tres semanas viviendo a cielo raso, sin cobijo alguno, junto a una carretera. Después de ese tiempo, reocupó las tierras de las que había sido desalojada.

El 2 de septiembre, la policía, respaldada por personal militar, desalojó a las 27 familias de Bella Flor. Los miembros de la comunidad han informado de que los agentes les dieron 15 minutos para reunir lo que pudieran y abandonar sus casas. Luego, les quemaron las casas. Además de la pérdida de muchos objetos domésticos, la comunidad asegura que sus cosechas fueron destruidas. La policía desalojó también a la comunidad vecina, 8 de Agosto. Esta segunda comunidad ha declarado que la policía les dio 20 minutos para embalar sus posesiones antes de ser desalojados. Los agentes, a continuación, destruyeron sus casas (derribando unas con machetes, y quemando otras), y luego quemaron las posesiones restantes. Los miembros de la comunidad afirman que tres policías trataron de violar a una niña de 15 años. La policía trasladó entonces a la comunidad a una zona junto a una carretera, donde permaneció hasta el 21 de septiembre, fecha en que las familias regresaron al lugar del que habían sido desalojadas.

Las dos comunidades viven en la zona desde 2007. Ha habido intentos previos, infructuosos, de resolver el problema de la propiedad de la tierra. La tierra en la que la comunidad 8 de Agosto había edificado sus casas es presuntamente propiedad del Estado. La tierra de la que se desalojó a la comunidad de Bella Flor es, al parecer, propiedad privada. La comunidad de Bella Flor ha pedido a las autoridades que le den permiso para regresar a las tierras y poder recolectar sus cosechas. Los miembros de la comunidad 8 de Agosto corren peligro de ser desalojados por segunda vez, ahora que han regresado.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:

• Instando a las autoridades a permitir a la comunidad de Bella Flor el acceso a las tierras de las que fue desalojada, para que pueda recolectar su cosecha y recoger sus alimentos; instándolas también a proporcionar a las familias desalojadas de Bella Flor un refugio adecuado y seguro hasta que se resuelva su disputa con los presuntos propietarios de las tierras, y a garantizar que las autoridades correspondientes investigan los informes sobre abusos y destrucción de bienes perpetrados el 2 de septiembre;
• instando a las autoridades a garantizar que la comunidad de 8 de Agosto goza de toda la protección del proceso debido -lo que incluye proporcionarle asistencia letrada efectiva-, y que los desalojos forzados se utilizan sólo como último recurso. Si se lleva a cabo un desalojo forzado, éste debe cumplir las normas internacionales de derechos humanos, incluida la provisión de refugio alternativo adecuado para la comunidad desalojada.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 6 de noviembre de 2009 A:Secretario de Asuntos Agrarios Juan Alfonso de León García5ta. Avenida 8-50Zona 9Ciudad de Guatemala, GuatemalaFax: +502 2239 4400 (escucharán un mensaje grabado; a continuación, marquen 1000 para obtener tono de fax)Tratamiento: Estimado Sr. Secretario

Ministro de Agricultura Mario Roberto Aldana Pérez7ª. Avenida12-90 z.13Edificio Monja BlancSegundo NivelCiudad de Guatemala, GuatemalaFax: + 502 2413 7007 (digan: "Me puede dar tono, por favor")Correo-e.: Mario.aldana@maga.gob.gt Tratamiento: Estimado Sr. Ministro

Y copia a:Comité de Unidad Campesina31 Av "A", Ciudad Plata IIZona 7, Ciudad de Guatemala, GuatemalaFax: +50224349500 (digan: "Me puede dar tono, por favor")

INFORMACIÓN ADICIONALSegún la comunidad, los esfuerzos anteriores por resolver la cuestión de la propiedad de la tierra han sido infructuosos, ya que los presuntos propietarios no asisten a las negociaciones. Ni los abogados que ayudan a la comunidad ni Amnistía Internacional han podido examinar todavía las reclamaciones de propiedad de los presuntos propietarios. Guatemala es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), tratado que ratificó en 1988. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU es el órgano de expertos independientes encargado de vigilar el cumplimiento, por parte de los Estados, de las obligaciones contraídas en virtud del PIDESC. El Comité ha establecido una serie de obligaciones para antes de que se produzca un desalojo forzado, en su transcurso y después de él. Entre ellas se incluye proporcionar la oportunidad de una consulta genuina con los afectados y facilitar asistencia letrada gratuita a las personas que la necesitan. Además, el Comité ha establecido que los Estados Partes están obligados a garantizar que los desalojos no dan "lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos".

El Ministerio de Gobernación ha informado de que, en 2008, se llevaron a cabo 22 desalojos forzados en zonas rurales. Los gobiernos sucesivos han eludido su deber de poner en práctica medidas para garantizar la imparcialidad del sistema de justicia a la hora de hacer frente a las disputas de tierras o de proporcionar cobijo adecuado a las comunidades desalojadas. A consecuencia de ello, las comunidades rurales e indígenas siguen viéndose desplazadas, y ven cómo se les niega el acceso a la justicia.