Unos policías arrojaron gas lacrimógeno contra la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH). El incidente ocurrió en medio de una tensión y una preocupación cada vez mayores por los derechos humanos, tras la disolución de una manifestación para celebrar el regreso, el 21 de septiembre, del presidente depuesto Manuel Zelaya.
El martes 22 de septiembre, unos 15 policías aparcaron ante la entrada a la sede de la organización de derechos humanos COFADEH y, al parecer, trataron de entrar en el edificio. Sin advertencia previa, arrojaron entonces botes de gas lacrimógeno contra las oficinas, en cuyo interior, en aquellos momentos, se encontraba todo el personal de la organización, más un centenar de personas, entre ellas mujeres, niños y niñas. Esas personas se encontraban allí para dar su testimonio sobre los abusos cometidos por la policía durante la disolución de una manifestación que acababa de celebrarse ante la Embajada de Brasil en la capital de Honduras, Tegucigalpa.
Amnistía Internacional siente honda preocupación por los informes que documentan que la policía está utilizando contra los manifestantes de Honduras detenciones en masa y uso excesivo de la fuerza, que incluye la práctica de golpear a manifestantes y detenidos como método de castigo. Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales decenas de manifestantes fueron llevados a lugares de detención no autorizados de la capital el 22 de septiembre. Desde entonces, la mayoría de estos detenidos han quedado en libertad, pero continúa la preocupación por el hecho de que se han utilizado métodos de detención ilegales. Amnistía Internacional siente asimismo honda preocupación por el acoso y la intimidación contra defensores de los derechos humanos, y este último ataque contra COFADEH ilustra el grave deterioro de la situación de los derechos humanos en el país.
ESCRIBE INMEDIATAMENTE, en español o en tu propio idioma:
- pidiendo a Roberto Micheletti y las autoridades de facto que detengan de inmediato todos los ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos;
- pidiendo que las autoridades de facto dejen de usar fuerza excesiva contra manifestantes y respeten la libertad de expresión y asociación.
ENVÍA LLAMAMIENTOS ANTES DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2009 A: Sr. Roberto Micheletti Casa PresidencialBoulevard Juan Pablo SegundoPalacio José Cecilio del ValleTegucigalpa, HondurasFax: 504 239 3298 Tratamiento: Sr. Micheletti(Nota: No es posible confirmar que este número de fax siga siendo el número correcto de la oficina en el interior de la Casa Presidencial - envíen cartas y fax para asegurarse de que el mensaje llega a su destino.)
Copia a:Bertha Oliva Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)Barrio La Plazuela, Avenida Cervantes, Casa No. 1301, Apartado Postal 1243Tegucigalpa, HondurasEnvía también copia a la representación diplomática de Honduras acreditada en tu país. Consulta con la oficina de tu Sección si vas a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada. INFORMACIÓN ADICIONALCOFADEH es una renombrada organización hondureña de derechos humanos que ha estado en primera línea de las peticiones de justicia y reparación para las víctimas de desaparición forzada y tortura y para sus familiares.
La preocupación por los derechos humanos en Honduras se ha intensificado desde que el presidente elegido democráticamente José Manuel Zelaya Rosales fue depuesto el 28 de junio y expulsado del país por un grupo de políticos respaldados por el ejército y encabezados por Roberto Micheletti, ex presidente del Congreso Nacional. Desde el golpe de Estado ha habido una agitación generalizada en el país, con frecuentes enfrentamientos entre la policía, el ejército y los manifestantes civiles. Al menos dos personas han muerto tras recibir disparos durante las protestas.
Una delegación de investigación de Amnistía Internacional visitó Honduras del 28 de julio al 2 de agosto de 2009. Sus miembros reunieron numerosos testimonios de primera mano sobre los abusos contra los derechos humanos que sufrieron los manifestantes. La delegación entrevistó a muchas de las 75 personas detenidas en la Jefatura Metropolitana nº 3 de Tegucigalpa después de que la policía, respaldada por el ejército, disolviera una manifestación pacífica el 30 de julio. El informe ilustra numerosos casos de malos tratos, incluidos golpes con porras, por parte de policías y soldados contra los manifestantes.
Durante la visita, Amnistía Internacional pudo confirmar que se están utilizando la detención y los malos tratos de manifestantes pacíficos como forma de castigo contra quienes se oponen abiertamente al gobierno de facto: otros manifestantes que apoyaban a este gobierno no sufrieron los mismos abusos. Los datos contenidos en el informe muestran que, durante las detenciones en masa de manifestantes a manos de la policía y el ejército, algunas mujeres y niñas sufrieron violencia de género. Al menos dos personas han muerto tras haber recibido disparos realizados presuntamente por policías o soldados durante las manifestaciones.Se cree que la situación de los derechos humanos fuera de Tegucigalpa es igual de grave o incluso más. Los controles a lo largo de las principales carreteras de Honduras están gestionados actualmente por militares o policías que, a menudo, retrasan o niegan la entrada de organizaciones de derechos humanos a zonas donde, según los informes, se están cometiendo violaciones de estos derechos.
Amnistía Internacional siente honda preocupación por que el uso excesivo de la fuerza, los malos tratos y las detenciones en masa para reprimir la disidencia sólo servirán para inflamar aún más las tensiones y dar lugar a violaciones graves de derechos humanos. La fuerza sólo debe emplearse en las circunstancias más extremas, y no como método para impedir a las personas el ejercicio de su derecho legítimo de manifestación pacífica.Amnistía Internacional concluyó que se han impuesto restricciones a la libertad de expresión, y ha habido ataques contra periodistas, incluidos el cierre de medios de comunicación, la confiscación de equipo y agresiones físicas contra periodistas y cámaras que informaban de los sucesos.