Autoridades municipales de la capital italiana, Roma, han desalojado a una comunidad de alrededor de 400 personas de etnia romaní. La mayoría de estas personas sin hogar, unas 100 familias, han ocupado una fábrica abandonada ubicada en las cercanías. Si son desalojadas de la fábrica, las familias se exponen a vivir en condiciones penosas en otro campamento improvisado, o incluso pueden verse obligadas a vivir a la intemperie. De acuerdo con la información facilitada por ONG y medios de comunicación locales, el 11 de noviembre a primera hora de la mañana unos 150 agentes de policía desalojaron a las familias del campamento del Via Centocelle, en el este de la ciudad. Todos los refugios fueron destruidos y alrededor de 20 hombres de etnia romaní fueron detenidos, aunque se desconocen los delitos que se les imputan. ONG locales afirman que la comunidad no fue consultada ni recibió ninguna notificación sobre el desalojo, y que las autoridades municipales ofrecieron alojamiento a corto plazo sólo a algunas mujeres y niños y niñas de corta edad, en los albergues municipales para personas sin hogar. En virtud de la legislación nacional, las autoridades deben notificar el desalojo a cada persona afectada o hacer pública la orden o notificación del desalojo. Sin embargo, dado que la orden no se formalizó de este modo, la comunidad romaní no pudo impugnarla en los tribunales ni detener o aplazar el desalojo.La fábrica donde viven ahora las familias es de propiedad privada, con lo que pueden ser expulsadas de allí en cualquier momento. Forman parte de esa comunidad unos 140 niños y niñas, de los que 40 asisten a escuelas de las inmediaciones. El desalojo amenaza con interrumpir su escolarización y distorsionar gravemente su educación.La mayoría de los residentes en el campamento de Via Centocelle ya han pasado por un desalojo forzoso en al menos una ocasión. En desalojos anteriores se destruyeron refugios, ropa, colchones y, en algunos casos, medicamentos y documentos. Se cree que todos esos desalojos se llevaron a cabo sin las garantías de procedimiento que exigen las normas internacionales y regionales de derechos humanos.ESCRIBAN INMEDIATAMENTE en italiano, en inglés o en su propio idioma:

• Condenando el desalojo de 400 personas de etnia romaní que vivían en el campamento de Via Centocelle;
• Instando a las autoridades a que garanticen, a todas las familias afectadas por el desalojo, alojamiento alternativo adecuado con carácter de urgencia e indemnización por todas las pérdidas sufridas durante el desalojo;
• Recordándoles que el desalojo forzoso, cuando se realiza sin protecciones legales ni de otra índole, está prohibido por el derecho internacional como violación grave de varios derechos, especialmente del derecho a una vivienda adecuada.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2009 A: Prefecto de Roma (Representante del gobierno nacional)Prefetto Giuseppe PecoraroPrefettura di RomaVia dei Santi Apostoli, 16,00187 - RomaItaliaFax: + 39 0669797399Correo-e: giuseppe.pecoraro@interno.itTratameinto: Egregio sig. Prefetto / Señor PrefectoCopia a:Alcalde de RomaSindaco Gianni Alemanno,Piazza Campidoglio00186 - RomaItaliaCorreo-e: sindaco@comune.roma.itTratamiento: Egregio Sindaco / Señor AlcaldeINFORMACIÓN ADICIONALAl menos durante el último decenio, en Italia se han llevado a cabo numerosos desalojos forzosos de comunidades romaníes. Los desalojos se hicieron más frecuentes después de que el gobierno nacional y las autoridades locales, incluidas las de Roma, firmasen unos acuerdos especiales -los Patti per la Sicurezza- el 18 de mayo de 2007. En virtud de estos acuerdos, el Ministerio del Interior transfería una serie de poderes a las autoridades locales, con el objetivo de hacer frente a las amenazas contra la seguridad, incluidas las que supuestamente representaba la presencia de comunidades romaníes en estas ciudades.En mayo de 2008, un decreto firmado por el presidente del Consejo del Ministros (DCPM de 21 de mayo de 2008) confería poderes de excepción a los Prefectos -los representantes permanentes del gobierno nacional en el territorio- durante un año, con el fin de afrontar la situación de emergencia creada por la instalación de comunidades nómadas, al tiempo que utilizaba una ley de 1992 que había sido promulgada para conferir poderes de excepción en casos de desastres naturales. Este decreto presidencial -posteriormente ampliado por el DCPM de 28 de mayo de 2009- permitía a los prefectos eludir la aplicación de varias leyes. Los poderes de excepción pueden ejercerse contra personas de cualquier nacionalidad que se consideren "nómadas". Al parecer afectan desproporcionadamente a las personas de etnia romaní.Con arreglo al derecho internacional, los desalojos forzosos -desalojos realizados sin las garantías de procedimiento adecuadas, incluida la posibilidad de reparación judicial, y sin garantías de un alojamiento alternativo adecuado- constituyen una grave violación de varios derechos humanos, incluido el derecho a una vivienda adecuada. Los desalojos pueden llevarse a cabo sólo como último recurso, una vez exploradas todas las alternativas factibles y sólo en presencia de todas las garantías de procedimiento apropiadas, de acuerdo con las normas de derechos humanos regionales e internacionales. Italia ha recibido duras críticas de varios organismos de derechos humanos regionales e internacionales, incluido el Comité Europeo de DerechosSociales, el cual declaró que Italia había violado la Carta Social Europea. A pesar de ello, Italia no ha puesto en práctica estas recomendaciones, sino que ha seguido llevando a cabo desalojos forzosos de comunidades romaníes y, en ocasiones, los ha intensificado.