Las autoridades de Kenia se disponen a desalojar por la fuerza a más de 50.000 personas, en su gran mayoría habitantes de los asentamientos informales que flanquean las vías férreas del país, especialmente en la capital, Nairobi. Los desalojos, que pretenden despejar el terreno para llevar a cabo mejoras en el sistema ferroviario, dejarán a estas personas en la miseria.El 21 de marzo, la empresa ferroviaria propiedad del Estado, Kenya Railways, publicó anuncios de prensa en los que se informaba a las personas que vivían y trabajaban en infraviviendas situadas a lo largo de las líneas férreas que serían sometidas a juicio a menos que tiraran abajo sus viviendas y se marcharan en un plazo de 30 días. Es probable que una acción de desalojo forzoso en tan gran escala conlleve un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía o de quienes la ejecuten. El desalojo implicará la destrucción de los habitantes de los asentamientos y los puestos que utilizan para vender verduras y otras mercancías.Las personas afectadas por la orden de desalojo, viven y trabajan desde hace varios años en las tierras reservadas para las líneas férreas, que se extiende a unos 30 metros a cada lado de las vías. Treinta días no es un plazo suficiente para que puedan encontrar otro lugar para vivir. Como el gobierno no les ha ofrecido viviendas alternativas ni otras opciones de reasentamiento, es probable que pierdan sus hogares, pertenencias y medios de sustento. Su acceso a agua limpia, saneamiento y servicios de salud, ya precario, se verá gravemente reducido.Las normas internacionales de derechos humanos, incluidos los tratados en los que Kenia es Estado Parte, establecen que los desalojos sólo pueden llevarse a cabo como último recurso, una vez que otras alternativas viables se hayan examinado en un proceso de consulta auténtica con las comunidades afectadas. Los gobiernos tienen la obligación de asegurar que ninguna persona quede sin hogar o expuesta a la violación de otros derechos humanos como consecuencia del desalojo.ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS DE INMEDIATO, en inglés o en su propio idioma:

• instando a las autoridades a asegurar que, antes de continuar con el proceso de desalojos de la reserva ferroviaria, Kenia adopte y aplique directrices sobre desalojos que se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos;
• exhortando a las autoridades a garantizar un proceso de consulta auténtica a las comunidades afectadas sobre todos los aspectos del proyecto de renovación del sistema ferroviario;
• pidiendo a las autoridades que identifiquen, en consulta con las comunidades afectadas, todas las alternativas viables, establezcan salvaguardias procedimentales y jurídicas y desarrollen un plan integral de reasentamiento e indemnización para las comunidades afectadas.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 27 DE MAYO DE 2010 A:Director ejecutivo de la empresa ferroviaria:Mr Nduva MuliManaging DirectorKenya Railways CorporationPO Box 30121 - 00100, Nairobi, KeniaFax: +254 20 340049/221456Correo-e: contact@krc.co.keTratamiento: Dear Mr Muli / Estimado Sr. Muli Ministro Adjunto de Transporte:Hon. John MwauAssistant Minister of TransportMinistry of TransportTranscom HouseNgong RoadPO Box 52692, Nairobi, KeniaFax: +254 202730330Correo-e: ps@transport.go.keTratamiento: Dear Assistant Minister / Señor Ministro Adjunto Y copia a: la representación diplomática de Kenia acreditada en su país.INFORMACIÓN ADICIONALEn 2005, en respuesta a un proyecto similar de desalojos, el gobierno encargó un estudio, el Plan de Acción sobre Reasentamientos para Mejorar la Seguridad a lo largo de las Vías Férreas de Kenia, que se concluyó ese mismo año y se publicó en 2006. El Plan revelaba que sólo en Nairobi 50.000 personas o más vivían o trabajaban en las tierras reservadas a los lados de la línea férrea y que muchos miles más utilizaban las vías como ruta para caminar cuando salían de sus viviendas y volvían a ellas, y hacía hincapié en la necesidad de asegurar un proceso de reasentamiento ordenado. El Plan nunca se puso en ejecución y las autoridades no han dicho si piensan aplicarlo en el proceso de desalojo que se propone ahora.Como Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Kenia está obligada a "respetar, proteger y cumplir el derecho a una vivienda adecuada", que incluye respetar la prohibición de los desalojos forzosos. Éstos también contravienen el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establece el derecho de toda persona a que la ley la proteja contra injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia o su domicilio. Kenia es Estado Parte en el PIDCP. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos también ha afirmado que los desalojos forzosos contravienen la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, ene la que Kenia es Estado Parte.El gobierno keniano se ha comprometido ante diversos órganos internacionales a adoptar unas directrices sobre desalojos que incorporen unas salvaguardias adecuadas y los principios del debido proceso. En noviembre de 2008, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la ONU, recomendó que se incorporara a la nueva Constitución de Kenia el principio de protección contra el desalojo forzoso. En 2009 el Comité pidió que se estableciera un marco jurídico sobre desalojos basado en directrices internacionalmente aceptables. El Ministerio de Tierras ya cuenta con un grupo especial encargado de elaborar dicho marco jurídico. En ausencia de tales directrices se están llevando a cabo regularmente desalojos masivos de personas que viven en asentamientos informales de una manera que contraviene las normas internacionales de derechos humanos.