Los dirigentes del Movimiento Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica de Candelaria, en el estado de Campeche, han sido acusados de secuestrar a un funcionario.

El 10 de julio, a las cinco de la madrugada, la Policía Ministerial Federal asaltó las casas de Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez, Guadalupe Borja, Elmer Castellanos y Guadalupe Vizcaíno en Candelaria. A ninguno se le informó de los motivos de su detención ni se le presentó la orden judicial correspondiente. Los cinco permanecen recluidos en los calabozos de la Procuraduría General en la capital del estado, Campeche, y ninguno de ellos pudo informar de su paradero a sus familiares o abogados hasta seis horas después de su detención. Más tarde, los trasladaron a la prisión del estado, donde permanecen. Sara López González no ha recibido tratamiento médico adecuado para la conjuntivitis y la fiebre que sufre.

Un juez federal dictó una orden de detención contra 31 miembros de la comunidad después de que agentes del ministerio público federal presentaran cargos el 26 de junio de 2009. A los cinco detenidos se los acusa de secuestrar a un funcionario federal y de obstaculizar de la prestación de un servicio público. Además, otros 28 miembros de la comunidad de Candelaria se enfrentan también a una posible detención. Puesto que el secuestro es un delito grave, a los cinco detenidos se les negó la fianza, y el 16 de julio el juez responsable de su caso ordenó su ingreso en prisión. Los cinco afirman que el cargo de secuestro es falso, presentado como represalia por su activismo, y que está relacionado con un incidente ocurrido en septiembre de 2008 en el que, a causa de un corte de luz en su comunidad, un funcionario de la Comisión Federal de Electricidad los acompañó voluntariamente a su comunidad para comprobar que los operarios volvían a conectar la energía eléctrica. Dos meses después de aquello, la Comisión Federal de Electricidad presentó en la Procuraduría General una denuncia en la que alegaba que el funcionario había sido secuestrado durante la visita. A consecuencia de la denuncia, los miembros del MRCATEEC se reunieron con la Comisión Federal de Electricidad para resolver el caso. En una reunión celebrada en enero de 2009, el funcionario presuntamente secuestrado admitió, según los informes, que había acompañado a los denunciados voluntariamente, pero un directivo de la empresa le ordenó que guardara silencio.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS DE INMEDIATO, en español o en su propio idioma:

• pidiendo que se garantice la seguridad de Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez, Guadalupe Borja, Elmer Castellanos y Guadalupe Vizcaíno, y que se proporcione a estos activistas la atención médica que puedan necesitar;
• pidiendo a la Procuraduría General de la República que revise inmediatamente los cargos para garantizar que el derecho de estas personas a la libertad no se ha violado por una denuncia criminal infundada, y pidiendo que los cinco activistas sean puestos en libertad de inmediato si no existen motivos suficientes para acusarlos de delitos penales graves;
• pidiendo que se ponga fin al uso indebido del sistema de justicia penal para presentar cargos penales infundados o desproporcionados contra activistas sociales o defensores de los derechos humanos que llevan a cabo protestas legítimas y pacíficas.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 27 DE AGOSTO DE 2009 A:

Lic. Eduardo Medina-Mora IcazaProcurador General de la repúblicaProcuraduría General de la RepúblicaAv. Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16,Col. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, MÉXICOFax: +52 55 5346 0908Tratamiento: Señor Procurador

Jorge Carlos Hurtado ValdezGobernador del Estado de CampechePalacio de Gobierno, Calle 8 entre 61 y Circuito Baluartes SNSan Fco. de Campeche 24009Estado de Campeche, MÉXICOFax: +52 98 1811 4004Tratamiento: Señor Gobernador

Y copia a:Lic. Fernando Francisco Gómez-Mont UruetaSecretario de Gobernación, Secretaría de Gobernación, Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P.06600, MÉXICOFax: +52 55 5093 3414Correo-e. : secretario@segob.gob.mxTratamiento: Señor Secretario

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIAEl MRCATEEC ha pedido que se retire la denuncia. El 3 de julio de 2009, el Movimiento manifestó públicamente que sus partidarios bloquearían los trabajos de los operarios eléctricos si la denuncia no se retiraba.

Amnistía Internacional considera que los cargos son de motivación política y que los cinco activistas han sido detenidos arbitrariamente y pueden ser sometidos a un juicio injusto como represalia por liderar protestas pacíficas.

En varias ocasiones, Amnistía Internacional ha documentado cómo, en México, se ha respondido a las protestas legítimas con cargos penales infundados o desproporcionados. En esos casos, el uso de cargos graves, como el secuestro, es en ocasiones la base de denuncias presentadas por funcionarios que, de hecho, han participado voluntariamente en negociaciones u otras iniciativas pacíficas con los movimientos de protesta. Más tarde, esa participación voluntaria se presenta en la denuncia como un caso de secuestro. Las investigaciones, los cargos, las detenciones y los juicios derivados de esas denuncias suelen carecer de los elementos básicos de un juicio justo, como el acceso a abogados o la posibilidad real de rebatir la versión de los hechos presentada por el denunciante. A consecuencia de ello, estos procedimientos judiciales constituyen en ocasiones actos de acoso contra defensores de los derechos humanos y activistas sociales, a los que ponen en peligro de detención arbitraria, malos tratos y juicio injusto.