Margarita Martínez, esposa del activista comunitario Adolfo Guzmán Ordaz, fue secuestrada, golpeada y amenazada el 25 de febrero. Ella y Adolfo Guzmán habían recibido anteriormente amenazas de muerte tras presentar una denuncia contra la policía.Margarita Martínez ha denunciado que, cuando se dirigía a buscar a su hijo a la escuela en la localidad de San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas, fue secuestrada por al menos dos hombres. Le cubrieron la cabeza con una bolsa y la metieron en un automóvil. La golpearon en la cara con un instrumento contundente y le colocaron contra las costillas algo que podía ser un arma. Sus secuestradores le dijeron: "ya no vas a poder trabajar". También la amenazaron de muerte y le dijeron que retirara la denuncia que ella y su esposo habían presentado en noviembre después de que unos agentes de la Policía Ministerial asaltaran su casa de Comitán sin mostrar orden judicial alguna e intimidaran a su familia. Finalmente, sus secuestradores la dejaron libre cerca de su casa de San Cristóbal. Antes de dejarla marchar, le dijeron: "este es un regalito del presidente municipal de Comitán". Margarita Martínez y su familia se habían trasladado recientemente a San Cristóbal, ya que no se sentían seguros en Comitán.En diciembre y enero, Adolfo Guzmán y su familia recibieron amenazas de muerte anónimas en tres ocasiones. La familia las denunció a las autoridades y, a consecuencia de ello, la Procuraduría del estado de Chiapas le ofreció protección en forma de patrullas de la policía estatal y municipal. Sin embargo, Adolfo Guzmán y su familia rechazaron la protección, ya que temían que los agentes asignados no fueran independientes y pudieran estar relacionados con la fuente de las amenazas, lo que les pondría en un peligro aún mayor.ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:

• pidiendo a las autoridades que proporcionen protección inmediata y efectiva a Adolfo Guzmán, Margarita Martínez y sus hijos, de acuerdo con sus propios deseos, para que puedan seguir adelante con su denuncia contra la policía;
• instándolas a ordenar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el secuestro, los golpes y las amenazas sufridos por Margarita Martínez, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 14 DE ABRIL DE 2010 A:Lic. Fernando Francisco Gómez-MontSecretaría de Gobernación Bucareli 99, 1er. piso,Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc,México D.F., C.P.06600, MÉXICOFax: +52 55 5093 3414Correo-e.: secretario@segob.gob.mxTratamiento: Señor SecretarioLic. Juan José Sabines GuerreroGobernador del Estado de ChiapasPalacio de Gobierno,1º piso, Col. Centro, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, MÉXICOFax: +52 961 618 8050, ext.: 21122Correo-e.: juansabines@chiapas.gob.mxTratamiento: Señor GobernadorMtro. Raciel López SalazarProcurador General de Justicia del Estado de ChiapasLibramiento no. 2010, Col. El Bosque, Tuxtla Gutiérrez, MÉXICO, CP 29049Fax: +52 961 6165724Correo-e.: raciel.lopez@mje.chiapas.gob.mxTratamiento: Señor ProcuradorCOPIA A: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC, Correo-e.: frayba@frayba.org.mxEnvíen también copia a la representación diplomática de México acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.Información complementariaAdolfo Guzmán trabaja para Enlace Comunicación y Capacitación, organización comunitaria que proporciona formación en derechos humanos y en desarrollo económico sostenible a comunidades indígenas. Margarita Martínez es activista de varias organizaciones locales de la sociedad civil, y recientemente ha sido voluntaria de Enlace Comunicación y Capacitación, con la que ha impartido formación.La casa de Margarita Martínez y Adolfo Guzmán fue asaltada por la policía el 8 de noviembre. Unos 20 agentes de la Policía Ministerial se presentaron sin orden judicial, intimidaron a Adolfo Guzmán y apuntaron con un arma a Margarita Martínez. Dijeron que buscaban a "alguien", sin decir a quién. Al parecer, el registro lo habían ordenado las autoridades estatales, que buscaban a las personas que habían organizado recientes protestas ante edificios públicos y habían cortado carreteras. Las protestas en cuestión habían estado encabezadas por agricultores locales y vendedores que pedían un espacio donde vender sus productos.