José Emiliano Nandayapa Gómez estudiante mexicano de dieciséis años fue golpeado hasta perder el conocimiento por agentes de la policía del estado de Chiapas, en el sur de México. Cuando intentó poner una denuncia, él y sus familiares fueron intimidados, agredidos y perseguidos por la policía. Si siguen adelante con la demanda, corren el riesgo de sufrir más represalias.
Según José Emiliano Nandayapa, el 27 de junio a las 2 de la madrugada iba de camino a su casa en la ciudad de San Cristóbal de las Casas cuando fue cacheado por la policía municipal en un control rutinario. Minutos después, cinco agentes distintos de la policía municipal le hicieron subir a la parte de atrás de una camioneta. Allí, durante una hora aproximadamente, tres agentes le dieron patadas y puñetazos y le pisaron espalda, cabeza y piernas. Uno de los policías le instó: "Qué bonito peinado subversivo tienes, ahí esta tu revolución, saca las armas y las drogas". Le dijeron: "Si sigues en lo que andas no lo vas a contar". A continuación le dieron una patada en la cara y perdió el conocimiento.
Cuando él y su familia presentaron una denuncia en la sede local de la Procuraduría de Justicia, el agente del Ministerio Público les dijo que fueran a la comandancia de la policía de la ciudad a identificar a los autores materiales. La familia indicó que el comandante de policía no quiso ayudarles y que les insultó. El comandante y otro agente intentaron meter a la fuerza al padre de José Emiliano Nandayapa en un cuarto pequeño. En el forcejeo, el agente dio un puñetazo a su abuelo y empujó a su madre, que está embarazada. El 30 de junio, José Emiliano Nandayapa y su padre fueron entrevistados en un programa de radio local sobre lo sucedido. Tras la entrevista estaban paseando por un parque cuando comenzaron a ser perseguidos por dos agentes de la policía municipal y tuvieron que buscar refugio en un hospital local. Cuando fueron a la sede local de la Procuraduría de Justicia a dar parte de lo sucedido, la agente del Ministerio Público que estaba allí se negó en un primer momento a dejar constancia del incidente.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE en español o en su propio idioma:
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 19 DE AGOSTO DE 2009 A:
Lic. Juan José Sabines Guerrero Gobernador del Estado de ChiapasPalacio de Gobierno, 1º pisoCol. Centro, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, MÉXICOFax: +52 961 618 8050 ext. 21122Correo-e: juansabines@chiapas.gob.mxTratamiento: Señor Gobernador / Dear Governor
Mtro. Raciel López SalazarProcurador General de Justicia del Estado de ChiapasLibramiento Norte y Rosa del Oriente, no. 2010Col. El Bosque, Tuxtla Gutiérrez, ChiapasMéxico, CP 29049 Fax: +52 961 6165724Correo-e: raciel.lopez@mje.chiapas.gob.mx Tratamiento: Señor Procurador / Dear Attorney General Mariano Díaz Ochoa
Presidente Municipal de San Cristóbal de las CasasPalacio Municipal, Plaza 31 de marzoSan Cristóbal de las Casas, ChiapasMéxicoCorreo-e: marianodiazochoa@sancristobal.gob.mxTratamiento: Señor Presidente Municipal / Dear Mayor
ENVÍEN COPIAS A: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Brasil 14, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Correo electrónico: accionurgente@frayba.org.mx
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA José Emiliano Nandayapa y su padre han intervenido en funciones de teatro callejero en San Cristóbal de las Casas en las que hacen hincapié en la impunidad y critican las políticas gubernamentales. José Emiliano Nandayapa ha participado en movimientos locales que promueven los derechos de las personas jóvenes y proclama que ha sido hostigado por la policía por dichas actividades.
El 27 de mayo, un grafitero de dieciséis años resultó muerto por un disparo de un guarda de seguridad privado en San Cristóbal de las Casas. El incidente se produce dos meses después de que el gobierno local aprobara una ley que sanciona con fuertes multas a los grafiteros y ofrece una recompensa en metálico a las personas que colaboren en su detención. Las organizaciones locales de derechos humanos han denunciado que esta medida ha provocado el acoso injustificado de personas jóvenes en la ciudad. Amnistía Internacional sigue documentando casos de tortura y de otros malos tratos en varias partes del país a manos de la policía federal, estatal y sobre todo municipal. Los responsables casi nunca rinden cuentas.