Los activistas de derechos humanos del estado de Oaxaca, México, corren grave peligro tras el ataque perpetrado el 27 de abril contra observadores de los derechos humanos, que se saldó con dos muertos y decenas de heridos. Las autoridades no han hecho lo suficiente para investigar tanto el incidente como el paradero de las cinco personas que continúan desaparecidas tras el ataque, o para proteger a los afectados El 27 de abril, un grupo de unos 30 observadores de los derechos humanos fue objeto de una emboscada por parte de hombres armados en la zona indígena triqui del estado de Oaxaca, en el sur de México. Los grupos de derechos humanos de México creen que se trató de un ataque planeado por un grupo paramilitar que ya anteriormente había amenazado a los observadores. Éstos fueron atacados tras haberse visto obligados a detener su marcha porque había unas rocas bloqueando el camino. Un hombre, el observador Tyri Antero Jaakola, de Finlandia, y una mujer, la defensora indígena de los derechos humanos Betriz Cariño (directora de la organización CACTUS, en el estado de Oaxaca) murieron. Fuentes mexicanas sugieren que han desaparecido cinco personas, que pueden haber sido tomadas como rehenes por los atacantes. Las cinco, todas ellas mexicanas, son los periodistas David Cilia y Erika Ramírez (la única mujer entre los desaparecidos) y tres activistas: Fernando Santigo (miembro de la organización mexicana Brigadas Indígenas), y David Venegas y Noé Bautista (miembros del grupo oaxaqueño VOCAL). Al parecer, algunos de los heridos en la emboscada fueron inicialmente tomados como rehenes y luego liberados. Fuentes mexicanas sugieren que les dijeron que hicieran llegar el siguiente mensaje a Omar Esparza, miembro destacado de las organizaciones oaxaqueñas CACTUS y MAIZ: "Dígale que de esta se libró, pero él es el que sigue". Unos días antes del ataque, los defensores de los derechos humanos que organizaban el viaje pidieron a las autoridades estatales que protegieran a los observadores, pero las autoridades no lo hicieron. Tras el ataque, ni las autoridades federales ni las estatales acudieron al lugar de la emboscada hasta un día después, alegando motivos de seguridad. No se ha entrevistado a las víctimas y testigos que consiguieron identificar a algunos de los atacantes, y las autoridades no les han brindado protección. Las pruebas del lugar de los hechos aún no han sido recogidas por investigadores. ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma, pidiendo a las autoridades mexicanas que:

• lleven a cabo una investigación urgente, exhaustiva e imparcial sobre el ataque a los observadores de los derechos humanos, hagan públicos sus resultados y lleven a los responsables ante la justicia;
• hagan inmediatamente todo lo necesario para encontrar a las personas que continúan desaparecidas;
• proporcionen atención médica adecuada e inmediata a todas las personas heridas y afectadas por el ataque;
• tomen medidas inmediatas para proteger a todas las personas afectadas por el ataque, conforme a sus propios deseos;
• condenen públicamente el ataque y refuercen con acciones inmediatas y efectivas su compromiso para con la protección de quienes defienden los derechos humanos en México.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 10 DE JUNIO DE 2010 A: Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa Residencia Oficial de "Los Pinos", Casa Miguel Alemán Col. San Miguel Chapultepec México D.F., C.P. 11850, MÉXICO Fax: + 52 55 50 93 53 21 Correo-e.: felipe.calderon@presidencia.gob.mx Tratamiento: Señor Presidente Lic. Arturo Chávez Chávez Procuraduría General de la República Av. Paseo de la Reforma nº 211-213 Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc México D.F., C.P. 06500, MÉXICO Fax: +52 55 53 46 09 08 Correo-e.: ofproc@pgr.gob.mx Tratamiento: Señor Procurador General INFORMACIÓN ADICIONAL El grupo de observadores se dirigía a documentar los abusos contra los derechos humanos que, desde hace tiempo, se cometen en la zona indígena triqui, y a prestar ayuda humanitaria. Entre las víctimas del ataque se encontraban varios miembros de organizaciones y redes mexicanas, y observadores internacionales de Finlandia, Alemania, Italia y Bélgica. Las personas que defienden los derechos humanos en México sufren abusos graves y constantes contra los derechos humanos. Quienes trabajan para reparar la desatención histórica hacia los derechos económicos, sociales y culturales corren un mayor peligro de sufrir abusos y, por lo tanto, son quienes más necesitan reconocimiento, protección y apoyo. Entre ellos, la situación de quienes defienden los derechos humanos de los indígenas resulta especialmente preocupante. Quienes encabezan los esfuerzos por romper el círculo de exclusión, desigualdad, pobreza y otras violaciones de derechos humanos que sufren los pueblos indígenas están pagando un alto precio. Las autoridades de Oaxaca llevan muchos años sin mostrarse dispuestas a investigar las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el estado. Felícitas Martínez y Teresa Bautista, dos jóvenes periodistas y defensoras indígenas de los derechos humanos, colegas de Bety Cariño, fueron asesinadas el 7 de abril de 2008. Sufrieron una emboscada cuando volvían de su emisora de radio -La voz que rompe el silencio-, con sede en la localidad principalmente indígena de San Juan Copala, estado de Oaxaca. No se ha llevado a nadie ante la justicia por este crimen. La región triqui es una de las más pobres y conflictivas del país. Durante más de 30 años se ha visto dividida por un conflicto intercomunitario en el que decenas de personas han muerto. Las autoridades rara vez actúan para hacer rendir cuentas a los responsables. En junio de 2006 estallaron en el estado de Oaxaca protestas generalizadas, en una campaña para obligar al gobernador del estado a dimitir. La violencia política y las manifestaciones continuaron durante todo el año. Al menos 18 civiles murieron durante el conflicto, entre ellos el periodista estadounidense Brad Will; al menos 370 resultaron heridos y 349 fueron detenidos. Hubo un uso generalizado de fuerza excesiva, detenciones arbitrarias, tortura y presentación de cargos penales falsos contra manifestantes. En 2009, una investigación especial emprendida por la Suprema Corte de Justicia concluyó que altos cargos del estado debían rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas durante la crisis. Sin embargo, prácticamente ninguna de las autoridades federales, estatales o municipales responsables de los abusos han rendido cuentas de sus actos. Las organizaciones de derechos humanos siguen haciendo campaña en favor de la justicia por las violaciones de derechos humanos.