Los líderes mundiales deben rechazar el modelo de desarrollo basado en la ayuda humanitaria en favor de un enfoque que prime los derechos humanos y la justicia, así se han manifestado 18 organizaciones no gubernamentales ante la presentación en la ONU del informe de un grupo de alto nivel sobre el futuro del desarrollo sostenible.Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR), la Asociación por los Derechos de las Mujeres en el Desarrollo (AWID) y otras 15 organizaciones de todo el mundo han hecho este llamamiento cuando un grupo de alto nivel de expertos se dispone a revisar el borrador definitivo de un informe que presentará al secretario general de la ONU al final de mayo, con miras a sentar las bases para la acción una vez concluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en 2015.Las organizaciones han explicado que todo nuevo modelo que se adopte ha de garantizar que se empodera y capacita a las personas para hacer que sus gobiernos y otras entidades rindan cuentas por su conducta cuando se haga caso omiso de los derechos humanos o se cometan abusos contra ellos."El marco post-2015 debe reconocer que las personas que sufren pobreza y privaciones son sujetos de derechos, no objetos de desarrollo. Además, debe abordar los obstáculos estructurales que mantienen a las personas en la pobreza en el ámbito nacional y mundial", ha señalado Ignacio Saiz, director ejecutivo del CESR. Basándose en las conclusiones del grupo de alto nivel, el secretario general de la ONU formulará recomendaciones en un evento especial de la Asamblea General sobre los ODM, en el que se negociarán los parámetros básicos del plan post-2015 en septiembre de 2013.Como mínimo, la agenda de desarrollo post-2015 debe respetar y reflejar los compromisos políticos, estándares y normas jurídicas preexistentes en materia de derechos humanos, han manifestado las organizaciones.Han instado a los gobiernos a que garanticen que se brinda un grado mínimo de protección social.Aunque serán fundamentalmente los Estados los que implementen la agenda de desarrollo, se necesitarán mecanismos efectivos de rendición de cuentas dirigidos por la ciudadanía para garantizar que otras entidades -como las instituciones internacionales y el sector privado- observan las normas de derechos humanos. Como mínimo, se debe garantizar con ello que el sector privado no causa ningún daño al ejecutar los proyectos de desarrollo.Debe promoverse una mejor colaboración entre instituciones efectivas de ámbito estatal internacional para que sirva de base a una asociación global con que abordar las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad y la destrucción ecológica.Los recientes levantamientos populares que se han producido en todo el mundo muestran que es esencial que los gobiernos reconozcan que las dos principales categorías de derechos humanos -los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales- son indivisibles e interdependientes, han explicado las organizaciones."El marco de desarrollo post-2015 ha de estar basado en la comprensión de la interdependencia de las privaciones socioeconómicos y los fallos democráticos", ha afirmado Savio Carvalho, director del Programa de la Campaña Exige Dignidad de Amnistía Internacional."Los derechos civiles y políticos son inseparables de los derechos económicos y sociales, por lo que la nueva agenda ha de concebirse de manera que promueva el empoderamiento en ambos terrenos."En aspectos que abarcan desde la atención de salud hasta los derechos sobre los bienes y las tierras, pasando por la violencia de género, las mujeres y la niñas encuentran dificultades específicas que es preciso abordar en la agenda de desarrollo post-2015."El marco de desarrollo post-2015 debe garantizar de manera efectiva el espectro completo de derechos de las mujeres, abordando los derechos sobre los bienes y las cuestiones económicas estructurales, garantizando la participación plena de las mujeres en todos los niveles del proceso de toma de decisiones y reconociendo los servicios no remunerados de la economía asistencial", ha señalado Lydia Alpízar, directora ejecutiva de la AWID.Los ODM han sido deficientes a la hora de abordar otras formas de desigualdad. Esta vez, en toda meta y objetivo que se establezcan han de quedar reflejadas las normas de derechos humanos existentes en materia de eliminación de la discriminación. Los grupos actualmente desfavorecidos o excluidos -por motivos de raza, género, discapacidad, condición migrante o indígena, orientación sexual o identidad de género- han de poder actuar en tanto que agentes efectivos de su propio desarrollo.