En toda América, decenas de mujeres que se esfuerzan por promover el aborto sin riesgos, la educación sexual, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y otros derechos sexuales y reproductivos están siendo víctimas de amenazas y campañas de difamación cada vez más despiadadas, que tienen por objeto impedir todo debate sobre estos temas, ha manifestado Amnistía Internacional hoy en un nuevo informe."Atreverse a hablar del aborto y la educación sexual en Latinoamérica parece ser razón suficiente para que te tachen de 'delincuente', 'asesina', e incluso 'terrorista'. Si los gobiernos no asumen su responsabilidad de proteger a estas valientes defensoras de los derechos humanos y respetar su trabajo, tal situación seguirá empeorando peligrosamente en el futuro inmediato", ha señalado Erika Guevara Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América.
"Las implacables campañas de difamación emprendidas contra las mujeres cuyo trabajo consiste en promover los derechos y el bienestar comunes revelan el peor aspecto de una región que dice estar avanzando en materia de derechos humanos."Amnistía Internacional ha hablado con decenas de defensoras de los derechos humanos de toda Latinoamérica que han sufrido hostigamiento en público, amenazas de muerte y agresiones físicas debido de a su trabajo. Las agresiones públicas han sido obra tanto de particulares como de representantes de los gobiernos.Raras veces se investigan estos delitos, y casi nuca se enfrentan los responsables a los tribunales."Las campañas de difamación son una táctica bien conocida de las autoridades para intentar impedir que se hable de asuntos que les resultan incómodos. Suelen ser también un primer paso para llevar a quienes lo hacen a los tribunales. El hecho de que se emprendan estas campañas no es sorprendente, pero ver a las autoridades cruzadas de brazos mientras se aterroriza a activistas y a sus familias hasta el punto de hacerles abandonar su trabajo es absolutamente estremecedor."Se ha sometido malintencionadamente a intimidación, hostigamiento y vigilancia a activistas de la organización paraguaya de derechos humanos CLADEM que apoyaban la petición de un aborto formulada por la familia de una superviviente de violación de 10 años.Las activistas de CLADEM informan de que, desde que adoptaron el caso, se han intervenido sus teléfonos y sus computadores: en sólo unos meses encontraron en sus portátiles 14 programas informáticos maliciosos. Algunas han dicho también que tanto ellas como sus familias han sido fotografiadas por desconocidos y amenazadas por teléfono y que les han causado destrozos en sus automóviles.En Yucatán, México, donde el acceso a los servicios de aborto es legal en determinadas circunstancias, una brutal campaña contra las integrantes de la única organización que presta servicios de aborto legal y sin riesgos obligó a la gran mayoría de los miembros del personal a renunciar a su trabajo. Temían que les pasara algo si se sabía que trabajaban en la clínica.Este año y a lo largo de 2014, las integrantes de las organizaciones de derechos de las mujeres de El Salvador Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y Colectiva Feminista para el Desarrollo Local fueron objeto de una cruel campaña de hostigamiento tras haber apoyado públicamente a 17 mujeres condenadas a prisión por complicaciones relacionadas con el embarazo.Grupos antiabortistas, medios de comunicación conservadores y políticos dijeron públicamente que estas defensoras de los derechos de las mujeres de El Salvador eran "pro-muerte", "capaces de multiplicar la sangre que ya corre como ríos en nuestra patria" y promotoras de "la cultura de la muerte"."Al no proteger el trabajo inestimable de las activistas de los derechos humanos y, en muchos casos cometer tales delitos, los gobiernos de toda América están perpetuando las condiciones que hacen posibles estas terribles campañas de difamación. ¿A qué extremos tienen que llegar estos ataques y actos de violencia para que las autoridades tomen medidas?", ha afirmado Erika Guevara Rosas.
"Las implacables campañas de difamación emprendidas contra las mujeres cuyo trabajo consiste en promover los derechos y el bienestar comunes revelan el peor aspecto de una región que dice estar avanzando en materia de derechos humanos."Amnistía Internacional ha hablado con decenas de defensoras de los derechos humanos de toda Latinoamérica que han sufrido hostigamiento en público, amenazas de muerte y agresiones físicas debido de a su trabajo. Las agresiones públicas han sido obra tanto de particulares como de representantes de los gobiernos.Raras veces se investigan estos delitos, y casi nuca se enfrentan los responsables a los tribunales."Las campañas de difamación son una táctica bien conocida de las autoridades para intentar impedir que se hable de asuntos que les resultan incómodos. Suelen ser también un primer paso para llevar a quienes lo hacen a los tribunales. El hecho de que se emprendan estas campañas no es sorprendente, pero ver a las autoridades cruzadas de brazos mientras se aterroriza a activistas y a sus familias hasta el punto de hacerles abandonar su trabajo es absolutamente estremecedor."Se ha sometido malintencionadamente a intimidación, hostigamiento y vigilancia a activistas de la organización paraguaya de derechos humanos CLADEM que apoyaban la petición de un aborto formulada por la familia de una superviviente de violación de 10 años.Las activistas de CLADEM informan de que, desde que adoptaron el caso, se han intervenido sus teléfonos y sus computadores: en sólo unos meses encontraron en sus portátiles 14 programas informáticos maliciosos. Algunas han dicho también que tanto ellas como sus familias han sido fotografiadas por desconocidos y amenazadas por teléfono y que les han causado destrozos en sus automóviles.En Yucatán, México, donde el acceso a los servicios de aborto es legal en determinadas circunstancias, una brutal campaña contra las integrantes de la única organización que presta servicios de aborto legal y sin riesgos obligó a la gran mayoría de los miembros del personal a renunciar a su trabajo. Temían que les pasara algo si se sabía que trabajaban en la clínica.Este año y a lo largo de 2014, las integrantes de las organizaciones de derechos de las mujeres de El Salvador Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y Colectiva Feminista para el Desarrollo Local fueron objeto de una cruel campaña de hostigamiento tras haber apoyado públicamente a 17 mujeres condenadas a prisión por complicaciones relacionadas con el embarazo.Grupos antiabortistas, medios de comunicación conservadores y políticos dijeron públicamente que estas defensoras de los derechos de las mujeres de El Salvador eran "pro-muerte", "capaces de multiplicar la sangre que ya corre como ríos en nuestra patria" y promotoras de "la cultura de la muerte"."Al no proteger el trabajo inestimable de las activistas de los derechos humanos y, en muchos casos cometer tales delitos, los gobiernos de toda América están perpetuando las condiciones que hacen posibles estas terribles campañas de difamación. ¿A qué extremos tienen que llegar estos ataques y actos de violencia para que las autoridades tomen medidas?", ha afirmado Erika Guevara Rosas.