Arabia Saudí debe invertir en derechos humanos, no en campañas de comunicación
A lo largo de los últimos meses, han aparecido en los medios de comunicación internacionales titulares sorprendentes del tipo “Arabia Saudí permite conducir a las mujeres”, “la ofensiva saudí contra la corrupción” o “Arabia Saudí en el sendero de la reforma”. Entretanto, el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman Al Saud, ha visitado Reino Unido, donde ha sido recibido con anuncios a toda página en los periódicos y con carteles en las vallas publicitarias de las calles de Londres, afirmando: “Éste es el rostro del cambio en Arabia Saudí”. La visita concluyó con un acuerdo de compraventa de aeronaves entre BAE Systems y Arabia Saudí, por valor de 10.000 millones de libras esterlinas. Asimismo, durante los primeros días de la visita del príncipe heredero a Estados Unidos, se informó de otro acuerdo de compraventa de armas por valor de 12.5000 millones de dólares, formalizado entre Estados Unidos y Arabia Saudí.
Si no se tuviera otra información, se diría que Arabia Saudí se encuentra inmersa en un importante proceso de transformación. Sin embargo, en los meses transcurridos tras el nombramiento de Mohammed bin Salman Al Saud como príncipe heredero, hemos tenido pocas razones para creer que los gestos de apertura sean algo más que un hábil ejercicio de relaciones públicas. De hecho, el historial de derechos humanos de Arabia Saudí sigue siendo aterrador, y la situación no ha hecho más que empeorar desde que el nuevo príncipe heredero asumió oficialmente el cargo, en junio de 2017.
En lugar de gastar millones de dólares en ingeniosas campañas de comunicación diseñadas para dar a conocer unas medidas que apenas rozan la superficie de las reformas necesarias para el país, Amnistía Internacional propone a Arabia Saudí lo siguiente.
Acabar con la represión de activistas, periodistas, intelectuales y disidentes
La represión de activistas, periodistas, intelectuales y disidentes en Arabia Saudí se ha intensificado en los últimos meses, desde que Mohammad bin Salman fue nombrado príncipe heredero.
En enero, un tribunal antiterrorista saudí condenó a Mohammad al Otaibi y Abdullah al Attawi —primeros defensores de los derechos humanos en ser condenados desde el nombramiento del príncipe heredero— a 14 y 7 años de prisión, respectivamente, por el cargo principal de fundar una organización de derechos humanos, y por otros muchos cargos, entre ellos los siguientes: “propagar el caos e instigar a la opinión pública”, “publicar declaraciones dañinas para la reputación del Reino y sus instituciones judiciales y de seguridad” y “participar en el establecimiento de una organización y anunciarla antes de tener autorización”.
Un mes después, el tribunal antiterrorista saudí condenó también a Essam Koshak e Issa al Nukheifi —destacados defensores de derechos humanos— a cuatro y seis años de prisión por su pacífica labor de derechos humanos.
Ninguno de los cargos que pesan sobre estos activistas debería considerarse delito, como tampoco debería considerarse “terrorista” a ningún defensor o defensora de los derechos humanos. Las duras condenas dictadas parecen indicar que salvaguardar la libertad de expresión no forma parte de la “transformación” prometida.
Acabar con la discriminación sistemática de las mujeres
Mujeres y niñas siguen sufriendo una arraigada discriminación en Arabia Saudí, y están jurídicamente subordinadas a los hombres en relación con el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos y la herencia. De conformidad con este sistema de tutela, una mujer no puede tomar decisiones por su cuenta, sino que es un familiar varón quien debe decidirlo todo en representación suya.
Mientras no se aborde esta escandalosa desigualdad, Arabia Saudí seguirá sin tener ninguna credibilidad cuando afirma tener voluntad de reforma.
Acabar con la persecución de la minoría chií
La libertad de religión sigue siendo un sueño imposible en Arabia Saudí, realidad que queda especialmente de manifiesto en la persecución de la minoría musulmana chií, discriminada social y económicamente desde hace años.
Se sigue persiguiendo, deteniendo y, en muchos casos, condenando a muerte tras juicios manifiestamente injustos a activistas de la comunidad minoritaria chií por participar en protestas contra el gobierno y manifestar sus discrepancias. En 2017, cuatro hombres chiíes fueron ejecutados por delitos relacionados con su participación en protestas de signo contrario al gobierno. En diciembre de 2016, 15 hombres chiíes fueron condenados a muerte tras un juicio manifiestamente injusto en el que fueron declarados culpables de delitos relacionados con actos de protesta. El pasado mes de diciembre, el Tribunal Supremo confirmó las condenas de 12 de ellos que, por tanto, podrían ser ejecutados en cualquier momento.
Acabar con la pena de muerte y la tortura
Arabia Saudí está entre los países con mayor número de ejecuciones del mundo; allí es habitual condenar a muerte y ejecutar tras juicios descaradamente injustos.
En julio de 2016, Abdulkareem al Hawaj, de 21 años, fue condenado a muerte por haber cometido, presuntamente, diversos delitos al haber participado en protestas contra el gobierno cuando tenía 16 años. A pesar de que Al Hawaj asegura que en los interrogatorios fue obligado a “confesar” bajo tortura, el juez no ha abierto ninguna investigación sobre esas denuncias y, al parecer, ha basado el fallo condenatorio en la “confesión” de Al Hawaj, sobre la que pesa la sombra de la tortura. La condena fue confirmada en julio de 2017, y el peligro de ejecución es inminente.
El derecho internacional prohíbe usar pruebas obtenidas bajo tortura e imponer la pena de muerte a una persona por delitos cometidos cuando era menor de edad. Sin embargo, la clase de injusticia que ha sufrido Abdulkareem al Hawaj es alarmantemente común.
Se ha demostrado una y otra vez que la pena de muerte no disuade de cometer delitos, pero Arabia Saudí sigue dictando condenas a muerte por delitos no violentos y tras juicios manifiestamente injustos. Es más, estos casos demuestran que las autoridades saudíes siguen usando la pena capital como arma política contra la minoría chií para reprimir la disidencia.
Acabar con los homicidios de civiles en el conflicto de Yemen
Arabia Saudí ha puesto en marcha una enorme campaña para promover donaciones de ayuda humanitaria a Yemen. Pero mientras da dinero con una mano, con la otra suelta una lluvia de bombas sobre hospitales, escuelas y viviendas civiles. La coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen ha perpetrado violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos posibles crímenes de guerra.
Amnistía Internacional ha documentado reiterados ataques indiscriminados y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas por la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen, que han causado la muerte y lesiones a civiles, incluidos niños y niñas. Sin embargo, países como Estados Unidos, Reino Unido y Francia siguen formalizando lucrativos acuerdos de compraventa de armas con Arabia Saudí y con otros miembros de la coalición, pese al peligro de que esas armas se utilicen para matar y herir a civiles en ataques ilegítimos.
Es más, las restricciones a la ayuda humanitaria y a la importación de artículos básicos han impedido o retrasado la entrada de alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales, y han puesto en peligro a millones de yemeníes. Los demoledores efectos de estas restricciones no se mitigan con tácticas publicitarias sobre la ayuda humanitaria de Arabia Saudí.
¿Quieren progreso? Miren a la sociedad civil saudí
Los dirigentes de Arabia Saudí han proclamado que el progreso es su meta principal. Sin embargo, muchos de los principales catalizadores del progreso se encuentran en el exilio, en la cárcel o inmersos entre la población, pero silenciados por el miedo.
Activistas de derechos humanos, intelectuales, periodistas, ciudadanos y ciudadanas y residentes no son el enemigo, sino agentes dinámicos de reformas positivas. Sus protestas, escritos y labores de defensa de la reformas políticas y sociales redundan en beneficio del progreso en Arabia Saudí.
En Visión 2030 —programa de reforma económica que el gobierno saudí puso en marcha en 2016—, se menciona la importancia de una “sociedad dinámica” para alcanzar los objetivos. Para que surja una sociedad dinámica en Arabia Saudí, las autoridades saudíes deben poner fin a la represión de la sociedad civil y de los defensores y defensoras de derechos humanos, y permitirles trabajar.
Arabia Saudí debe tomar nota de las críticas recibidas sobre su historial de derechos humanos y demostrar su disposición a adoptar medidas drásticas en favor del cambio.