Perú: Archivar la investigación sobre esterilizaciones forzadas perpetúa la impunidad

Amnistía Internacional condena la decisión del Ministerio Público de Perú de archivar la investigación por la esterilización forzada de 4172 mujeres peruanas, cometidas durante la década de 1990. Esta disposición se produce en aplicación de la Ley 32107, aprobada en 2024, que permite la prescripción de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002. 

“Archivar una investigación que la propia Fiscalía reconoce que involucra crímenes de lesa humanidad es una afrenta contra las víctimas que llevan casi 30 años esperando justicia. El Estado peruano no puede utilizar una ley contraria al derecho internacional para cerrar el camino a la verdad, la justicia y la reparación. Esta decisión debe revertirse y la Ley 32107 debe ser derogada, para impedir que siga siendo utilizada como una herramienta de impunidad”, declaró Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Durante la década de los noventa, al menos 200 mil personas, en su mayoría mujeres indígenas y campesinas, fueron esterilizadas, muchas de ellas sin su consentimiento pleno e informado, mediante engaños, amenazas, presiones y otras formas de coerción. Esto ocurrió en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, una política estatal de control demográfico dirigida a personas que vivían en condiciones de pobreza en Perú.   

Amnistía Internacional considera que la comisión generalizada de esterilizaciones forzadas durante los años noventa en el Perú constituye crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles, de acuerdo con las normas y compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano.  

“Durante décadas, las víctimas han enfrentado obstáculos, dilaciones y decisiones que les han negado justicia. Las esterilizaciones forzadas vulneraron sus derechos a la integridad personal, la salud, la autonomía reproductiva y la vida privada y, en algunos casos, provocaron su muerte. El Estado peruano debe poner a las víctimas en el centro y garantizar que todas las personas responsables rindan cuentas. Es indignante que, bajo una ley que promueve la impunidad, se busque negar el derecho de las víctimas a verdad, justicia y reparación”, señaló Jennie Dador Tozzini, directora de Amnistía Internacional Perú. 

En marzo de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado peruano responsable por la esterilización forzada y muerte de Celia Ramos Durand, ocurrida en 1997, así como por la falta de debida diligencia y la demora injustificada en la investigación. La Corte, que reconoció que se trató de una política discriminatoria, ordenó medidas de reparación, garantías de no repetición y reconocimiento público de responsabilidad internacional del Estado.  Este hecho marcó un acto de justicia para la familia de Celia Ramos, y de manera simbólica para miles de víctimas. 

 Este nuevo intento de archivar el caso, luego de más de veinte años de haberse iniciado la primera investigación fiscal, deja un claro mensaje de impunidad y contraviene las obligaciones internacionales asumidas por del Estado peruano de investigar, juzgar y sancionar estas graves violaciones de derechos humanos. 

“Cada año de espera profundiza el daño causado y reafirma una impunidad que el Estado peruano tiene la obligación de combatir. Todavía hay oportunidad de revertir esta decisión. Las organizaciones de la sociedad civil buscaremos todos los caminos para garantizar que las autoridades cumplan con su deber de escuchar a las víctimas y garantizar su derecho a acceder a justicia”, agregó Jennie Dador Tozzini.

Amnistía Internacional insta al Estado peruano a revertir el archivamiento de la investigación y derogar la Ley 32107 y cualquier otra norma contraria al derecho internacional de los derechos humanos.  Además, garantizar la continuidad de la investigación asegurando que las víctimas y sus familias accedan a verdad, justicia, reparación integral y garantías efectivas de no repetición.  

Las magistradas y magistrados deben asegurarse de que ninguna ley nacional pase por encima de los derechos humanos protegidos por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Estado peruano. La sociedad peruana tiene derecho a conocer toda la verdad sobre estos crímenes, y las víctimas a acceder a justicia.  

Más información:  

Perú: Un paso más hacia la consolidación de la impunidad 

Peru: Amicus curiae brief submitted by Amnesty International to the Criminal Court in Peru on forced sterilisations committed by the Peruvian State during the 1990s [Spanish] 

Perú: El derecho a la justicia de las víctimas de esterilizaciones forzadas no prescribe