El brutal asesinato de dos activistas hondureños ocurridos anoche son las últimas tragedias en lo que parece una ola indetenible de ataques mortales que ha convertido a Honduras en una zona prohibida para defensores de derechos humanos, dijo Amnistía Internacional. José Ángel Flores, de 64 años, Presidente del Movimiento Unificado Campesino, fue muerto por disparos realizados por un grupo no identificado de hombres en el departamento de Colón, al norte de Honduras, en la tarde del 18 de octubre.Otro líder comunitario, Silmer Dionisio George, también recibió heridas de bala en el incidente y horas después falleció en el hospital local.
"Honduras se ha convertido en una 'zona prohibida' para cualquier persona que se atreva a elevar su voz por la protección del ambiente. ¿Cuántos activistas más tendrán que ser asesinados antes de que las autoridades tomen acciones efectivas para protegerles o al menos estar dispuestos a conversar sobre esta crisis?" indicó Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional. José Ángel Flores había denunciado ataques relacionados con su trabajo por los derechos humanos. En 2014, fue sujeto de medidas preventivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pedían al estado Hondureño que le proporcionara protección. Los asesinatos de José Ángel y Silmer ocurren en medio de una ola de ataques contra su comunidad y se unen a una larga lista de asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos que incluye a la líder indígena Berta Cáceres, asesinada en Marzo de este año. La falta de investigaciones exhaustivas por los ataques y amenazas contra activistas, así como la falta de voluntad de las autoridades por implementar efectivamente los mecanismos para protegerles, son factores que exacerban la creciente violencia contra estas personas. "Las autoridades hondureñas debe tomar acciones inmediatas para proteger efectivamente a quienes trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos básicos de toda la población en Honduras. Cualquier cosa menos, solo pondrá bajo peligro mortal a más personas que valientemente defienden los derechos humanos", afirmó Erika Guevara-Rosas La semana pasada, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández se rehusó a tener una reunión con el Secretario General de Amnistía Internacional, Salil Shetty, para discutir la crisis de derechos humanos del país que incluye la ola creciente de ataques contra activistas de derechos humanos.
"Honduras se ha convertido en una 'zona prohibida' para cualquier persona que se atreva a elevar su voz por la protección del ambiente. ¿Cuántos activistas más tendrán que ser asesinados antes de que las autoridades tomen acciones efectivas para protegerles o al menos estar dispuestos a conversar sobre esta crisis?" indicó Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional. José Ángel Flores había denunciado ataques relacionados con su trabajo por los derechos humanos. En 2014, fue sujeto de medidas preventivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pedían al estado Hondureño que le proporcionara protección. Los asesinatos de José Ángel y Silmer ocurren en medio de una ola de ataques contra su comunidad y se unen a una larga lista de asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos que incluye a la líder indígena Berta Cáceres, asesinada en Marzo de este año. La falta de investigaciones exhaustivas por los ataques y amenazas contra activistas, así como la falta de voluntad de las autoridades por implementar efectivamente los mecanismos para protegerles, son factores que exacerban la creciente violencia contra estas personas. "Las autoridades hondureñas debe tomar acciones inmediatas para proteger efectivamente a quienes trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos básicos de toda la población en Honduras. Cualquier cosa menos, solo pondrá bajo peligro mortal a más personas que valientemente defienden los derechos humanos", afirmó Erika Guevara-Rosas La semana pasada, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández se rehusó a tener una reunión con el Secretario General de Amnistía Internacional, Salil Shetty, para discutir la crisis de derechos humanos del país que incluye la ola creciente de ataques contra activistas de derechos humanos.