Amnistía Internacional, con motivo de la conmemoración de los ocho años de los lamentables hechos en ‘La Curva del Diablo’, hace un llamado al Estado peruano a garantizar el respeto de los derechos a la tierra, el territorio y el medio ambiente de los pueblos indígenas y que se garantice el derecho a la legítima protesta sin uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden.
En 2009 miles de manifestantes indígenas bloquearon la carretera a Bagua durante más de 50 días en la región amazónica para protestar contra una serie de decretos legislativos que afectaban su derecho fundamental a la tierra y a los recursos naturales y, por tanto, a sus medios de subsistencia.
Hasta la fecha solo uno de los los seis procesos iniciados por el mismo caso concluyó su fase judicial con la absolución de 52 indígenas Awajún. Para que todas las víctimas de los sucesos puedan alcanzar verdad y justicia es imperativo avanzar con los otros procesos y determinar todas las responsabilidades a todos los niveles, incluida la de los miembros de las fuerzas del orden y autoridades gubernamentales.
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El 5 de junio, 33 personas, incluidos 23 agentes de policía, perdieron la vida y al menos 200 manifestantes resultaron heridos al intervenir la policía con el fin de despejar la carretera. La policía hizo uso excesivo de la fuerza para dispersar a los manifestantes, y en su actuación presuntamente hirió y mató a personas no relacionadas con la protesta. Decenas de personas detenidas denunciaron posteriormente malos tratos policiales. Hasta la fecha, sigue sin conocerse el paradero de uno de los policías que habían participado en la operación.