En respuesta a la adopción por parte de la Asamblea Legislativa de Transición del nuevo Código de la Persona y la Familia, Marceau Sivieude, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central, declaró:
“Acogemos con satisfacción la tan esperada decisión de fijar la edad mínima para contraer matrimonio en 18 años, tanto para niños como para niñas, y de establecer el consentimiento entre ambas partes como base del matrimonio. Esta medida protege a los niños del matrimonio precoz y forzado, una práctica profundamente perjudicial que desde hace tiempo viola sus derechos y obstaculiza su educación, salud y bienestar. También celebramos las disposiciones que eliminan la discriminación de género en los derechos sucesorios. Estas disposiciones representan un hito importante en los esfuerzos del país por salvaguardar los derechos de los niños y las mujeres.
Sin embargo, nos alarma y nos preocupa profundamente la criminalización de las relaciones homosexuales entre adultos. Esto no hace más que generar discriminación y viola el derecho a la igualdad ante la ley. Contraviene la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos ratificados por Burkina Faso.
Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar y a disfrutar de este derecho sin temor ni discriminación. Instamos al presidente Ibrahim Traoré a que remita el Código a la Asamblea Legislativa de Transición para su revisión antes de promulgarlo.
Antecedentes
El nuevo Código de la Persona y de la Familia fue aprobado por unanimidad por la Asamblea Legislativa de Transición el 1 de septiembre de 2025. Define las «conductas que puedan promover prácticas homosexuales y similares» como punibles con penas de prisión de dos a cinco años y multas de dos millones de XOF (3.000 euros) a diez millones (15.000 euros) de XOF.
En Malí, otro Estado miembro de la Alianza de Estados Sahelianos (AES), el nuevo Código Penal, aprobado por el Consejo Nacional de Transición el 31 de octubre de 2024 y promulgado por el presidente de transición el 13 de diciembre, define las relaciones homosexuales consentidas como «actos contra natura» y los «delitos relacionados con el exhibicionismo» como punibles con penas de dos años de prisión y multa de 200.000 XOF (300 euros).