Las autoridades de Camerún deben poner fin de inmediato a la reclusión ilegal desde haces seis meses de 84 menores de edad -algunos de sólo cinco años- que fueron arrestados durante una operación contra escuelas coránicas en el extremo septentrional del país, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

El 20 de diciembre de 2014, las fuerzas de seguridad de Camerún irrumpieron en varias escuelas en una ciudad llamada Guirvidig y arrestaron a 84 menores y 43 hombres, entre ellos muchos profesores. Todos los menores excepto tres tienen menos de 15 años, y 47 tienen menos de 10. Las autoridades afirman que las escuelas se utilizaban como pantallas de "campos de adiestramiento de Boko Haram".

Seis meses después, los menores continúan detenidos en un centro para menores de Maroua, principal ciudad de la región septentrional, pese a no haber sido acusados formalmente de ningún delito. En ausencia de atención de las autoridades locales, Unicef proporcionó colchones para el centro y el Programa Mundial de Alimentos ha suministrado alimentos que ya se están agotando.

"Es inconcebible mantener a niños de tan corta edad lejos de sus padres durante tanto tiempo, y con tan poco apoyo. Los niños no quieren otra cosa que volver a casa y estar con su familia. No merecen convertirse en daños colaterales en la guerra contra Boko Haram", ha afirmado Steve Cockburn, director regional adjunto para África Occidental y Central de Amnistía Internacional.

"Mantener detenidos a niños tan jóvenes no servirá para proteger a la población camerunesa que vive bajo la amenaza de Boko Haram. El gobierno debe cumplir su promesa de respetar los derechos humanos en la lucha contra Boko Haram, y poner en libertad a estos niños para que puedan reunirse sin demora con sus familias."

En el último año, Camerún ha ampliado de forma significativa la presencia de las fuerzas de seguridad en la región situada en el extremo septentrional del país como respuesta a una serie de ataques en gran escala de Boko Haram en territorio camerunés. Numerosos civiles han sido ejecutados y secuestrados.

El 20 de diciembre, una fuerza conjunta de policías, gendarmes y militares acordonó barriadas de Guirvidig e irrumpió en escuelas a las que las autoridades locales habían acusado de reclutar a niños para Boko Haram. No se había informado de ataques previos en la ciudad.

Según testigos presenciales, durante la operación reunieron a los hombres y los niños y les hicieron esperar durante horas en una plaza pública antes de ser obligados a subir a bordo de camiones. Los niños permanecieron bajo custodia en la jefatura de la gendarmería durante cuatro días antes de ser trasladados a un centro para jóvenes bajo el control del Ministerio de Asuntos Sociales. A los hombres los llevaron a la Prisión Central de Maroua, donde continúan recluidos en condiciones extremadamente deficientes.

Uno de los niños relató los hechos a un investigador de Amnistía Internacional: "Estábamos leyendo el Corán cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en la escuela. Pidieron los documentos de identidad y nos interrogaron. Dijeron que cavarían nuestra tumba y nos arrojarían a ella. Estábamos asustados. Después maltrataron a nuestros profesores. [...] Algunos de ellos tenían sangre en la cara."

De acuerdo con declaraciones de testigos reunidas por Amnistía Internacional, las fuerzas de seguridad también entraron por la fuerza en varias casas, confiscaron bienes y pidieron sobornos a los residentes. Un padre vio que la gente daba dinero a las fuerzas de seguridad para conseguir la liberación de sus hijos arrestados. "Ese día yo no tenía dinero y se llevaron a mi niño", dijo.

Varios hombres recibieron golpes durante su arresto, entre ellos un maestro del Corán de 39 años a quien golpearon reiteradamente con la culata de un fusil hasta que comenzó a vomitar sangre. Amnistía Internacional se entrevistó con él en la prisión de Maroua. No podía mantener la cabeza en una postura erguida y necesitaba ayuda para caminar. Ha sido trasladado al hospital para ser tratado de tuberculosis pero no ha recibido todavía tratamiento alguno para las lesiones que sufrió durante su arresto.

Investigadores de Amnistía Internacional han planteado el caso de los niños detenidos directamente a muchas autoridades camerunesas distintas. Aunque la mayoría reconocen que los niños no representan ninguna amenaza, nadie ha asumido la responsabilidad de facilitar su liberación y reintegración, dejando a los niños detenidos en un limbo.

Amnistía Internacional pide que todos los niños menores de 15 años sean liberados de inmediato y devueltos a sus familias, y que los mayores de 15 años sean liberados de inmediato a menos que sean acusados formalmente de un delito reconocible. De acuerdo con la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en la que Camerún es parte, 15 años es la edad mínima de responsabilidad penal.

Amnistía pide también a las autoridades de Camerún que abran una investigación independiente sobre los arrestos masivos y la ulterior reclusión en Guirvidig, y que garanticen juicios justos y condiciones de reclusión humanas para los hombres recluidos en la misma operación.