Amnistía Internacional ha tomado la decisión sin precedentes de designar al jefe de ala Dsta’hyl, del clan Likhts’amisyu de la nación Wet’suwet’en, como primer preso de conciencia designado por Amnistía Internacional en Canadá.
Amnistía Internacional considera preso de conciencia (POC) a cualquier persona encarcelada o sometida a otro tipo de restricción física (por ejemplo, mediante arresto domiciliario), únicamente debido a sus convicciones políticas, religiosas u otras convicciones profundas; su origen étnico, sexo, color, lengua, origen nacional o social, condición socioeconómica, nacimiento, orientación sexual, identidad o expresión de género u otra condición, que no ha usado la violencia ni propugnado la violencia o el odio en las circunstancias que condujeron a su detención. Cuando declara a una persona preso de conciencia, Amnistía Internacional exige su libertad inmediata e incondicional.
“El Estado canadiense ha criminalizado y confinado injustamente al jefe Dsta’hyl por defender la tierra y los derechos del pueblo Wet’suwet’en”, ha afirmado Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “Como resultado, Canadá se une a la vergonzosa lista de países donde hay presos y presas de conciencia bajo arresto domiciliario o entre rejas. Con el máximo respeto por el trabajo fundamental del jefe Dsta’hyl para proteger la tierra, los derechos y el medioambiente wet’suwet’en de los que dependemos toda la población, Amnistía Internacional exige su liberación inmediata e incondicional e insta a Canadá a que ponga fin a la criminalización de la comunidad wet’suwet’en y de otros defensores y defensoras indígenas durante una emergencia climática mundial”.
“Los pueblos indígenas están en primera línea del cambio climático y se enfrentarán a daños desproporcionados si la humanidad no deja de quemar combustibles fósiles”, subrayó Piquer. “Los Estados deben apoyar, no encerrar, a quienes defienden las tierras indígenas como el jefe Dsta’hyl y seguir su ejemplo hacia un futuro más saludable y sostenible para todas las personas”.
Amnistía Internacional viene documentando desde 2020 las violaciones de derechos humanos que sufren los defensores y defensoras de la tierra wet’suwet’en, incluido el jefe Dsta’hyl. El jefe Dsta’hyl, también conocido como Adam Gagnon, es la primera persona en ser condenada, de las cuatro personas defensoras wet’suwet’en y otros defensores y defensoras indígenas de la tierra declarados culpables del delito de desacato por violar los términos de una orden judicial injusta. La orden prohíbe a los defensores y defensoras de la tierra emprender acciones para defender el territorio wet’suwet’en frente a la construcción del gasoducto de gas natural licuado de Coastal GasLink (CGL) incluso en el caso de que estas acciones estén protegidas por los derechos humanos a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
El Tribunal Supremo de Columbia Británica dictó una orden a petición de CGL para impedir que quienes defienden la tierra actúen para proteger el territorio wet’suwet’en frente a la construcción del oleoducto, obras que se están llevando a cabo sin el consentimiento libre, previo e informado de los jefes hereditarios wet’suwet’en, lo que viola el derecho internacional. En julio de 2024, el jefe Dsta’hyl fue condenado a 60 días de arresto domiciliario en virtud de una condena condicional.
“He sido condenado por proteger nuestra propia tierra mientras se marginan las leyes wet’suwet’en”, dijo el jefe Dsta’hyl el miércoles mientras cumplía el arresto domiciliario en su domicilio en el territorio wet’suwet’en. “Nuestra meta final en esta lucha es el reconocimiento de la ley wet’suwet’en en Canadá, y es lamentable que, en cambio, la Corona se mantenga en sus trece. Esta lucha dura ya 240 años. Nos encarcelan en las reservas donde nos han convertido en ‘legalmente indios’. Ahora todos los miembros de la comunidad somos ‘presos y presas de conciencia’ debido a lo que nos han hecho los colonizadores”.
David Matsinhe, director de Política, Incidencia e Investigación de Amnistía Internacional Canadá (habla inglesa), dijo: “El trato de Canadá al jefe Dsta’hyl y a otros defensores y defensoras de la tierra de la nación Wet’suwet’en es indignante. Los gobiernos de Columbia Británica y de Canadá han negado a la comunidad Wet’suwet’en su derecho al consentimiento libre, previo e informado a los proyectos que afectan a sus tierras. El estado canadiense viola su derecho a la libertad de circulación en su territorio ancestral, amenaza su forma de vida tradicional y encarcela al jefe Dsta’hyl por ejercer sus derechos indígenas y los proclamados en la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Estas injusticias son un eco doloroso de la trágica historia de violencia colonial de Canadá contra los pueblos indígenas”.
La declaración de Amnistía Internacional del jefe Dsta’hyl como preso de conciencia se produce en medio de devastadores incendios forestales en Alberta, California y otros lugares. Y el anuncio se produjo menos de dos semanas después de que la temperatura media mundial alcanzara nuevos máximos, lo que ha hecho que personal científico del Instituto Copérnico declarase el 22 de julio de 2024 el día más caluroso registrado.
Gabrielle Pauzé, directora de Operaciones de Amnistía Internacional Canadá (francófona), añadió: “El jefe Dsta’hyl ha sido condenado por proteger pacíficamente el territorio wet’suwet’en de la construcción del gasoducto de Coastal GasLink. Según Amnistía Internacional, ni siquiera debería haber sido procesado. De hecho, la adopción de acciones pacíficas para defender las tierras ancestrales no cedidas no debe tratarse como un delito. Es importante recordar que los pueblos indígenas están defendiendo ecosistemas naturales que disminuyen los impactos del cambio climático. No hay duda de que, en medio de la actual crisis climática mundial, no es productivo enjuiciarlos por proteger esos ecosistemas”.
En diciembre de 2023, Amnistía Internacional publicó el informe “Expulsados de nuestra tierra por defenderla”. Criminalización, intimidación y hostigamiento de los defensores y defensoras de la tierra wet’suwet’en. En él se examinan las violaciones de derechos humanos infligidas a miembros y simpatizantes de la nación Wet’suwet’en por parte de las autoridades de Canadá y de Columbia Británica; CGL Pipeline Ltd. y TC Energy, empresas que construyen un gasoducto que atraviesa el territorio wet’suwet’en; y Forsythe Security, empresa de seguridad privada contratada por CGL Pipeline Ltd.
Basándose en parte en declaraciones de testigos de cuatro redadas en gran escala realizadas por la Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) en el territorio wet’suwet’en que se caracterizaron por el uso ilegítimo de la fuerza, el informe concluye que se detuvo arbitrariamente a defensores y defensoras de la tierra wet’suwet’en y simpatizantes suyos por defender pacíficamente la tierra que les pertenece frente a la construcción del gasoducto y ejercer los derechos de los pueblos indígenas y su derecho de reunión pacífica. La justificación de las detenciones fue que estas personas habían violado la orden judicial (orden que Amnistía Internacional ha determinado que no es compatible con el derecho y las normas internacionales), lo que hace que sean arbitrarias.
En junio y julio de 2022, la fiscalía de Columbia Británica decidió formular cargos de desacato contra 20 personas defensoras de la tierra por desobedecer presuntamente la orden judicial que les impedía acercarse a las obras del gasoducto. Siete de ellas se declararon culpables por las restrictivas condiciones de la libertad bajo fianza, así como porque el proceso penal las estaba afectando desde el punto de vista económico, psicológico y familiar. En el caso de otras cinco, se retiraron los cargos en su contra.
Otras tres personas defensoras indígenas de la tierra que fueron declaradas culpables del delito de desacato por violar los términos de la orden judicial han impugnado este proceso y su juicio continuará en septiembre. Cinco defensores y defensoras wet’suwet’en de la tierra detenidos en marzo de 2023 y acusados del delito de desacato por violar supuestamente lo estipulado en la orden judicial están a la espera de conocer la fecha de su juicio. Amnistía Internacional también considerará la posibilidad de designarlos presos de conciencia si son condenados a prisión o a arresto domiciliario.
Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Columbia Británica que garantice que se deja de criminalizar a los integrantes de la comunidad wet’suwet’en y a otros defensores y defensoras indígenas de las tierras, también en el contexto de la construcción del gasoducto de CGL Amnistía Internacional se opone a la ampliación de todos los gasoductos de combustibles fósiles y de la infraestructura conexa.
Para determinar si una persona es presa de conciencia, Amnistía Internacional se basa en la información de que dispone sobre las circunstancias que condujeron a su detención. Al adoptarla como presa de conciencia, Amnistía Internacional sostiene que debe ser puesta en libertad de forma inmediata e incondicional, lo que no significa que respalde sus opiniones o conductas anteriores o actuales.