Por: Gisela Ortiz Perea, Carmen Amaro Condor y familiares del caso La Cantuta

Este 18 de julio, conmemoramos 27 años de la detención arbitraria, asesinato cruel y desaparición forzada de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta.

Nos llenamos de esperanza de que algo hemos aprendido de estas historias, pero volvemos a aterrizar en la propia realidad de la injusticia, porque, 27 años no han sido suficientes para que todos los responsables de este crimen sean juzgados y sentenciados. Más bien, muchos de los integrantes del grupo Colina, responsables directos de este crimen, de uno en uno, están cumpliendo sus condenas y volviendo a sus vidas.

En estos 27 años, el caminar de los familiares ha sido arduo, incansable y sacrificado. Incomprendido para algunos, lleno de amor hacia los nuestros y a quienes siguen acompañándonos y llenándonos de fuerza para continuar levantando nuestra voz para denunciar las diversas formas de impunidad a la que recurren los responsables para protegerse. Hemos buscando articularnos siempre en la lucha por justicia y los derechos humanos con otras luchas sociales que enfrentan la criminalización de la protesta, el estigma y son descalificados como “terroristas” por no dejarse atropellar en sus derechos. Nuestra experiencia nos ha enseñado que solo si nos unimos, nos haremos visibles, nos escucharán y lograremos frenar el afán de los responsables por lograr impunidad.

En marzo de 1993, el congresista del recién creado Congreso Constituyente Democrático – CCD, Henry Pease leyó un documento que le había llegado en un sobre cerrado, enviado por militares del Ejército de forma anónima narrando los hechos. La primera noticia que recibíamos sobre nuestros diez familiares en meses, nos hablaba de muerte. Las esperanzas de encontrarlos con vida desaparecieron como nuestros seres queridos.

En julio de 1993, pedazos de restos calcinados, oliendo a combustible, fueron descubiertos en Cieneguilla; meses después, en octubre, en Huachipa, al este de Lima, el lugar donde fueron asesinados las diez víctimas, encontré el cadáver de mi hermano, Luis Enrique Ortiz Perea. El único cadáver que nos dejaron los asesinos para convencernos de la muerte injusta. Nos enfrentamos así a una dictadura que con leyes de amnistía pretendió encubrir estos crímenes y borrar nuestra memoria en 1995. El olvido impuesto les duró mientras permanecieron en el poder. El 2001, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos dejaba sin efecto jurídico esta amnistía.

Desde los primeros días que los familiares nos conocimos, caminamos juntos y nos organizamos, fue para exigir verdad y justicia. Saber qué había pasado, dónde estaban nuestros seres queridos, quiénes eran los responsables del secuestro, desaparición y asesinato; y lograr que, los asesinos y sus cómplices sean sancionados por este crimen. Han pasado 27 años de un largo camino recorrido exigiendo derechos; asumirlo, no ha sido una decisión fácil. Hemos sostenido esta lucha con nuestro dolor, lágrimas, dedicación y la calle como respuesta.

A nuestros familiares los convirtieron de víctimas en “terroristas” como adjetivo para descalificarlos ante tanta injusticia y culparlos de delitos que nunca cometieron, por los que nunca los investigaron, denunciaron o juzgaron. Más bien, sigue siendo un calificativo para justificar un crimen injusto, cuya responsabilidad directa es del grupo Colina, un escuadrón de la muerte que se formó al interior del Servicio de Inteligencia del Ejército, dentro de la propia estructura del Ejército, recibiendo órdenes directas de los generales que lo dirigían, de Vladimiro Montesinos, jefe de inteligencia y de Alberto Fujimori, como jefe Supremo de la Fuerzas Armadas.

Nosotros como familiares, nunca dudamos de las responsabilidades de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, porque solo así se explicaba la impunidad con la que actuaron en Lima y en todo el país, los asesinos del grupo Colina. Las leyes de amnistía que dieron en 1995 para librarlos de la cárcel, las felicitaciones y ascensos aprobados en los años noventa así los demostraron.

En septiembre de 2007, la Corte Suprema de Chile decidió extraditar a Alberto Fujimori por algunas de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante su gobierno, entre ellas, el crimen contra nuestros familiares. La justicia esperada durante 15 años y arrancada con plantones, movilizaciones, vigilias, denuncias; con gritos en las calles, lágrimas que marcaron nuestro rostro a través del tiempo y la solidaridad de muchas personas se hacía real, se convertía en algo posible.

Más de un año después de un largo juicio, el 7 de abril de 2009, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia sentenció a Alberto Fujimori a 25 años de prisión por su responsabilidad como autor mediato en la comisión de los delitos de homicidio calificado y asesinato, delitos que constituyen crímenes contra la humanidad de acuerdo al derecho internacional.

Hemos logrado también otras sentencias contra los responsables directos de este crimen, condenas que nos han dado tranquilidad de saber que los asesinos están pagando una responsabilidad por lo que hicieron. Sin embargo, ninguno de los condenados, desde el año 2008, ha pagado reparación civil alguna. Menos el Estado, tercero civilmente responsable, lo ha asumido.

El año 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia contra el Estado peruano por su responsabilidad en el crimen de La Cantuta, recordando la obligación que tiene el Estado de investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables, reparar dignamente a las víctimas y buscar a los desaparecidos.

La maldad de los asesinos es incalculable y perpetua cuando tras 27 años aun no son capaces de decir dónde están los cuerpos de los desaparecidos. En el caso La Cantuta, como en muchos otros casos de desaparición forzada, somos los familiares los que vamos reconstruyendo los hechos con el apoyo de la investigación de periodistas valientes que se enfrentan al poder desnudándolo, evidenciando sus formas de silenciar y actuar.

En esta espera por el cuerpo destrozado del hijo o del esposo, han fallecido cuatro padres de nuestras víctimas, aun sin respuestas, sin atención del Estado en la obligación de decirles qué pasó, dónde están. Esa es la deuda más grande que tiene el Estado con La Cantuta.  

Hemos participado activamente, como familiares, exigiendo la extradición de Alberto Fujimori para que sea juzgado por este crimen. Cuando lo logramos, después de meses insistiendo ante el Poder Judicial chileno, estuvimos en las audiencias públicas del juicio. Celebramos la sentencia de la Corte Suprema de nuestro país de condenar con 25 años de cárcel a Alberto Fujimori y sentimos que se había hecho justicia, que se cerraba una etapa en nuestra lucha.

Por eso, ante el indulto indebido que le “regaló” el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski al condenado Alberto Fujimori para librarlo de cumplir su condena de 25 años, que nos ha costado a los familiares caminar, denunciar, marchar; hemos salido a denunciar que se atropella, nuevamente como en los años noventa con las leyes de amnistía, nuestro derecho a la justicia, a vivir con tranquilidad de saber que los asesinos cumplen su condena. Cualquier indulto es un insulto a la memoria de nuestros familiares y una burla a nuestra larga lucha.

La justicia como derecho y los fallos judiciales que se dan para castigar delitos, tienen que ser respetados. La justicia tiene que ser unos de los pilares de nuestra democracia porque los ciudadanos necesitamos recuperar la confianza en las instituciones de nuestro país. Defender la justicia no es odio ni venganza sino un derecho. La reconciliación no significa impunidad ni olvido; sino arrepentimiento y justicia.

La historia del largo trajinar de los familiares para conocer la verdad de los hechos y la ansiada justicia ha sido difícil, llena de incomprensiones, de estigmatizaciones, de abandono por parte del Estado pero también de logros, de solidaridad, de fuerza. Hemos sido capaces de mantenernos unidos y de contagiar nuestra necesidad de justicia a otros jóvenes, a otras organizaciones sociales que supieron asumirla como objetivo de lucha para ganarle a la prepotencia, a la impunidad, a la muerte.

Como familiares seguimos tercos en la lucha contra toda forma de protección e impunidad hacia los asesinos, violadores de derechos humanos. Nuestra perseverancia es también un aporte a la construcción de nuestra democracia, de un país diferente con el que todos soñamos que asegure el respeto, la igualdad y sin impunidad. El país necesita de nuestra memoria, de nuestras voces levantadas contra la impunidad, de nuestra resistencia contra el olvido. Que nadie nos quite nuestra esperanza. Este Perú también es nuestro y lo queremos sin impunidad.

Los familiares del caso La Cantuta instamos al Estado peruano a cumplir con las siguientes acciones de manera urgente:

1. Captura de miembros del grupo Colina

Cumplimiento de la orden de captura dictada durante el juicio a los ex integrantes del grupo Colina, por la Sala Penal Especial - Expediente 03-2003-1° SEP/CSJLI, Corte Superior de Justicia de Lima, Primera Sala Penal Especial contra Carlos Ernesto Zegarra Ballón, y Haydeé Magda Terrazas Arroyo, quienes tienen orden de captura desde el 2003. También está pendiente la captura de Aldo Velásquez Asencio, cuyo proceso judicial ya tuvo sentencia para los otros dos integrantes en el 2013.

2. No se inician los juicios contra los principales responsables

Pese al transcurso de los años, el avance de las investigaciones sobre el caso y a las sentencias existentes como precedente, aún no se inicia los juicios orales contra el general Juan Nolberto Rivero Lazo, coronel Federico Navarro Pérez, mayor Santiago Enrique Martin Rivas, mayor Carlos Eliseo Pichilingue Guevara, técnicos Nelson Rogelio Carbajal García, Jesús Antonio Sosa Saavedra y Julio Chuqui Aguirre. La sentencia contra Julio Salazar Monroe y otros de abril de 2008 establece que la sentencia del Fuero Militar que los protegía carece de efectos jurídicos por la manipulación con la que fue realizado el proceso.

Existe otro proceso pendiente contra los autores intelectuales: Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás Hermoza Ríos y el general Luis Pérez Documet. Asimismo, en la sentencia del Corte Suprema del año 2009, se recomienda un nuevo juicio oral contra el teniente Aquilino Portella, quien fuera absuelto por la Sala Penal Especial.

3. Búsqueda de personas desaparecidas

¿Hasta cuándo tendremos que esperar para que algún operador de justicia, rompiendo el miedo y la inacción, busque a nuestros familiares desaparecidos, como ordeno la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso La Cantuta?

El encubrimiento también es delito cuando no se hace nada por corregirlo, y como señala la Corte, si bien el asesinato, las lesiones graves o el secuestro cometidos en un contexto de poder (estatal) constituyen delitos (comunes) que implican graves violaciones a los derechos humanos, también lo constituyen los actos de encubrimiento personal o real cometidos por agentes del Estado, especialmente funcionarios jurisdiccionales, en contextos de poder, más aún cuando tales actos fueron considerados como parte de una práctica reiterada y sistemática” (CIDH, Sentencia Caso Cantuta 2008, numeral 213, p. 179).

En el año 2012, el Ministerio de Justicia, en coordinación con el Fiscal de la Nación, encargaron la búsqueda de los cuerpos a la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial, a cargo del Fiscal Juan Héctor De La Cruz Aguilar, quien fallecio el año 2014. Se realizaron algunas diligencias de verificación de las fosas (ya desparecidas) en los sitios de entierro en Cieneguilla y Huachipa. Sin embargo, después de estas diligencias, realizadas en octubre del 2015, no se ha hecho nada más.

27 años después, Felipe Flores Chipana, Armando Amaro Condor, Robert Teodoro Espinoza, Dora Oyague Fierro y Heráclides Pablo Meza, se encuentran en situación de desaparecidos. 

4. Cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el pago de la reparación económica, la Corte señala como plazo diciembre del 2007. Los pagos se han realizado en varias etapas, siendo el último el año 2015, que fue resultado de nuestra insistencia como familiares a través de documentos a las diferentes autoridades. A la fecha, el Estado Peruano nos debe los intereses acumulados por el tiempo transcurrido en el incumplimiento de la sentencia. Es una vergüenza que los familiares tengamos que exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y que dichas exigencias demoren años, sin que el Estado tenga la diligencia de cumplirlas.

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